Los socialistas cántabros proponen introducir la población flotante en la financiación autonómica

Tras el larguísimo proceso de elecciones que ha vivido el país, parece inevitable abordar por fin la siempre aplazada negociación de la financiación autonómica, en que la Cantabria se juega su futuro. Los socialistas cántabros han sido los primeros en elaborar una propuesta, en la que recomiendan incluir la población flotante de la zona oriental de la región y la singularidad del Hospital Valdecilla para conseguir que la región mantenga una financiación estatal suficiente, lo que implica que deberá ser muy superior a la media.

La renovación del Consejo del Poder Judicial no es el único asunto institucional pendiente. Aunque no se le preste tanta atención, la reforma de la financiación autonómica lleva pendiente desde 2014. ¿Por qué nadie parece atender a algo que resulta tan vital para las autonomías y que supone el 85% de todo el dinero que maneja el Gobierno de Cantabria?

Dado que no es por tratarse de un asunto menor o por falta de interés informativo, evidencia que ni Gobierno ni oposición se muestran cómodos en este debate. El Gobierno porque sabe que no será posible contentar a todos, por mucho más dinero que ponga sobre la mesa. El PP, porque no quiere desnudarse ante sus distintos electorados: si apoya lo que quiere Ayuso para Madrid, entrará en clara contradicción con los intereses de Galicia, de la Comunidad Valenciana o de Cantabria, donde también gobierna. Solo así puede explicarse que el modelo actual haya podido mantenerse ya vencido durante un gobierno de Mariano Rajoy y tres de Pedro Sánchez.

Las penurias de la sanidad

Demuestra también, que el sistema actual es relativamente confortable para la mayoría de las regiones de régimen común, aunque los peor tratados se quejen periódicamente. Es habitual que Murcia o la Comunidad Valenciana (las autonomías que reciben menos dinero por habitante) utilicen el ejemplo de Cantabria (que recibe un 20% más que la media) para mostrar el aparente agravio.

Pero incluso con estas muestras de escozor, nadie está muy seguro de qué ocurrirá cuando se abra el melón y las consecuencias pueden ser muy serias. La autonomía de Cantabria correría un serio peligro si deja de recibir eso que otros llaman ‘sobrefinanciación’, porque incluso en estas condiciones, ha de hacer malabarismos en sus presupuestos anuales que, sistemáticamente, ocultan nada menos que 300 millones anuales del gasto sanitario. Si el Presupuesto se ejecutase tal como está aprobado, a partir de octubre de cada año no se podrían pagar las nóminas de esa Consejería. Esto, que ha venido ocurriendo con gobiernos de distinto signo, solo se puede resolver con transferencias forzadas de otras consejerías, a las que en el último cuatrimestre de cada año prácticamente no se les permite hacer otros gastos que no sean los corrientes (nóminas y suministros).

En Cantabria, el primer partido en desvelar sus cartas no ha sido el PP, que gobierna y puede tener más urgencia en conseguir más dinero, sobre todo si desaparece esa capacidad de endeudamiento que permite la suspensión temporal de las reglas fiscales, sino el PSOE. Pablo Zuloaga ha creado un equipo formado por exconsejeros de Economía y Sanidad para estudiar cómo debería ser el nuevo modelo de financiación. 

En primer lugar, defienden que la región, aunque obtuvo una cuantía per capita que supera la media en un 20% no está sobrefinanciada, lo que no obsta para que otras lo estén más.

Recuerdan que el sistema, aunque escaso, ha resultado relativamente cómodo para todas las comunidades –y de ahí que se mantenga aún– y se negoció con un Gobierno socialista, sin que hubiese votos en contra de las comunidades del PP, aunque sí abstenciones. Entonces, el negociador por parte de la comunidad cántabra fue el consejero de Economía Ángel Agudo (PSOE) y se consiguió establecer un modelo que premia más la dispersión que la población, al valorarse el coste efectivo que tiene para cada comunidad ofrecer los mismos servicios. Cantabria, por ejemplo, gasta un 30% más que Madrid en el transporte escolar, teniendo trece veces menos niños.

Las comunidades más pobladas presionan mucho para que la financiación sea más proporcional que ahora al número de habitantes, pero los socialistas cántabros no solo siguen defendiendo ese aporte especial por la dispersión sino que propone reforzarlo con nuevas formas de cálculo, y utilizan ese mismo ejemplo de la educación: “Es muy distinto el coste unitario de prestar un servicio de educación a 10.000 niños que viven en un kilómetro cuadrado que a 10.000 niños dispersos en cien núcleos distintos y, además, montañosos”. 

Los socialistas proponen que se mantenga como base mínima de negociación el actual statu quo, es decir, garantizar la financiación que ya tenemos. Como este es un sentimiento unánime en todas las comunidades de régimen común (las afectadas por el cálculo) es evidente que el Estado perderá parte de su capacidad de maniobra económica actual en favor de las autonomías.

Condonación de 600 millones de deuda

También se apuntan los socialistas a la condonación de la deuda con el Fondo de Liquidez Autonómica del Estado que negociaron los nacionalistas catalanes para su comunidad. Aplicando la misma proporcionalidad, Cantabria se vería liberada de unos 600 millones de euros y dejaría de pagar unos 50 millones de euros anuales en intereses, cifra nada desdeñable, como resaltan los autores de esta propuesta.

Pero quizá sus planteamientos más novedosos estén en conseguir que se valore la población no censada pero con residencia real en la región, dado que lo que se trata de financiar no solo es el coste unitario del servicio sino también el número de usuarios, y en algunos municipios de la región el desfase entre la población residente y la censada en muy relevante. En Castro Urdiales, por ejemplo, se estima que hay 63.000 residentes mientras que el censo indica únicamente 35.000 vecinos y en Noja la desproporción aún es mayor.

 Si se reconoce este factor, debería suponer una sensible mejora de la financiación que recibe Cantabria.

El otro factor que a su entender es irrenunciable es la consideración de la singularidad del Hospital Valdecilla. El equipo de Zuloaga sostienen que el gasto que origina tener un centro de referencia nacional en una comunidad tan pequeña tiene que ser respaldado por el Estado, porque no se justifican por el tamaño de la población atendida. En realidad, ya se reconoció así al incluirlo como factor diferencial en la reforma del Estatuto de Autonomía, pero esa especificidad ha quedado a la espera de que hubiese un nuevo sistema de financiación.

Más transparencia de la Agencia Tributaria

Los socialistas piden, además, una mayor coordinación con la Agencia Tributaria, que en estos momentos hace sus liquidaciones anuales de los impuestos compartidos sin posibilidad alguna de que la autonomía los pueda discutir, porque no tiene más información que la facilitada por Hacienda. Y, finalmente, apuestan por una armonización fiscal, no para reducir la autonomía de las comunidades en sus ámbitos fiscales sino para evitar la competencia desleal. Se ampara en la misma filosofía con la que los países de la UE están tratando de armonizar los tipos de los Impuestos de Sociedades.