La Transformación Digital llega por fin a la Justicia

Si la transformación digital fuera una asignatura, la justicia española estaría progresando adecuadamente. La pandemia ha ayudado, y mucho. Los expertos coinciden en que en los últimos años se han producido importantes avances, pero consideran imprescindible que se consolide una nueva cultura. Las futuras leyes de Eficiencia Digital y de Eficiencia Procesal y Organizativa serán los pilares normativos para una modernizar la Justicia que apoyan los profesionales de la región, pero de la que reconocen que requerirá tiempo.

En los juzgados y tribunales de Cantabria se tramitaron durante 2021 más de 77.000 asuntos y se resolvieron unos 78.000, unas cifras muy similares a las registradas en 2019, antes de la irrupción de la pandemia, lo que demuestra una vuelta a la normalidad del sector jurídico y la alta tasa de litigiosidad de los cántabros. Pero esta vuelta a la normalidad ha llegado con cambios.

En 2020, durante los meses más duros de la pandemia, las empresas privadas continuaban su actividad gracias al teletrabajo; también muchos despachos profesionales, pero los juzgados estuvieron prácticamente paralizados. Al menos, esta prueba sirvió para impulsar un salto hacia la digitalización y una nueva organización de la Justicia que permita un servicio más eficiente para profesionales y ciudadanos.

Si bien la presencialidad humaniza mucho más las relaciones, la tecnología ha demostrado que se pueden agilizar los encuentros, algo cada vez más necesario, porque el tiempo es un factor escaso.

Además, la pandemia ha impulsado una gran mejora en la comunicación con las oficinas judiciales, que han admitido los trámites online y las citas concertadas por esta vía, que puede llegar a convertir en una imagen del pasado la estampa de los juzgados con largas colas en los pasillos.

“La digitalización de la justicia es un paso importante y necesario, pero es tarea de todos los actores evitar que el uso de la tecnología suponga una vulneración de los derechos fundamentales y de principios rectores de nuestro ordenamiento jurídico”, alerta Raquel Nazábal, presidenta de la Agrupación de Jóvenes Abogados (AJA) de Cantabria.

El trabajo, a distancia

A pesar de que el sector jurídico se caracteriza por su estaticidad, gracias a la pandemia ha vivido una revolución, prueba de ello es que en este tiempo se han celebrado más de 590.000 juicios telemáticos. Además de ser un hito importante en el camino hacia la digitalización, se calcula que eso ha supuesto un ahorro  en desplazamientos de más de 12 millones de euros y ha evitado la emisión de 5.850 toneladas de CO2.

Uno de los jueces pioneros es Luis Acayro Sánchez, el magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Santander, fue el primero en realizar un juicio íntegramente telemático en la historia de la Administración de Justicia española (y, obviamente, de Cantabria), en mayo de 2020.

Desde entonces, la presencialidad se ha convertido en la excepción de su Juzgado, porque más del 80% de las vistas celebradas son telemáticas.

“Este tipo de vistas han llegado para quedarse”, asegura Nazábal, que no deja de apostillar la necesidad de que “ofrezcan todas las garantías procesales”.

“Hemos visto que las audiencias previas –en las que solo intervienen el juez, el abogado y los procuradores– realizadas de manera telemática han tenido muy buen resultado, pero existen otros actos procesales que, por su importancia, no pueden celebrarse de forma telemática, como cualquier juicio oral con declaración de testigos”, explica.

Dos desafíos que crea el trabajo a distancia son la necesidad de una puesta al día en esta materia tanto por parte de la Administración como de los propios profesionales y la correcta conjugación de los procesos que han de hacerse in situ con los telemáticos.

“Son muchos los juzgados que han celebrado vistas telemáticas, pero otros no han podido hacerlo por la carencia de medios necesarios”, revela la presidenta de AJA. Y es que, en ciertas ocasiones, no hay salas disponibles con la conexión adecuada o faltan dispositivos con el programa instalado.

Aunque para los profesionales más jóvenes estas novedades están teniendo muy buenos resultados, advierte de que “en la Administración trabaja gente de edad avanzada y para actualizarse en materias como esta les hace falta una formación, además de tener una buena actitud para querer aprender”.

A pesar de que los juicios y reuniones telemáticas puedes convertirse en fórmulas habituales, los profesionales de Justicia siguen prefiriendo el cara a cara.

En España, el 80% de las firmas legales son partidarias de desarrollar la mayor parte de la semana laboral en la oficina, según se desprende de la última encuesta realizada por la consultora CBRE.

Esta misma encuesta muestra que, los nuevos hábitos adquiridos gracias al teletrabajo, hacen que los profesionales estén incorporando salas de reuniones adaptadas a las nuevas tecnologías y más espacios colaborativos y, en cambio, se reduzcan los despachos privados.

El tipo de trabajo que desempeñan y las necesidades de privacidad y confidencialidad hacen, no obstante, que las dos opciones estén forzadas a convivir.

La pandemia ha dado el impulso de modernización que muchos despachos profesionales necesitaban. “La digitalización y las nuevas formas de trabajo nos aportan más flexibilidad, inmediatez, productividad y eficiencia. Esto repercute directa y positivamente en el servicio ofrecido a nuestros clientes”, traslada la presidenta de AJA.

Una parte de los clientes también empuja en esa dirección. “Cuando el cliente es una empresa sí que le da importancia a la digitalización, a todo lo que conlleve la posibilidad de trabajar a distancia y otras opciones que permitan ahorrar tiempo”, recalca la abogada.

Fondos para la digitalización

El sector privado solo es uno de los actores en el ámbito de la Justicia, y la transformación digital se ha convertido en uno de los principales retos del ministerio que preside Pilar Llop.

España va a contar con 410 millones de euros procedente de los fondos europeos NextGenerationEU para este salto tecnológico de los juzgados y, de esa cantidad, Cantabria recibirá 4,7 millones.

La consejera de Justicia, Paula Fernández, considera que estos fondos “permitirán adaptar lo que ya tenemos, al normalizar, por ejemplo, los juicios telemáticos o textualizar las grabaciones de las vistas judiciales, lo que agilizará mucho más los procesos y trámites judiciales”.

Estas partidas se harán efectivas en licitaciones públicas para mejoras tecnológicas en los juzgados y tribunales de Cantabria, que incluirán la compra de equipos informáticos portátiles, la implantación de conexiones inalámbricas y de videocomunicación para permitir la deslocalización de los puestos de trabajo en la Administración judicial y la digitalización de todos los registros civiles.

También servirán para trasladar a un soporte electrónico los libros de los 102 municipios de Cantabria que estén pendientes. El proyecto del Ministerio abarca la digitalización de los municipios de más de 10.000 habitantes, pero la Consejería de Justicia lo extenderá a todos los registros civiles de la región.

“Se trata de un paso hacia el registro único. Se pretende que en España exista una base de datos única que garantice la unidad en la gestión, al permitir realizar los trámites desde cualquier oficina del país mediante la firma electrónica”, relata Nazábal. “Es un avance muy importante que va a facilitar el trabajo de los profesionales y las gestiones de los ciudadanos, que tendrán una ficha única”, añade.

Por otro lado, Cantabria procederá a la digitalización del Archivo judicial territorial, para que más expedientes judiciales sean accesibles a través del sistema de gestión procesal utilizado por los juzgados y tribunales, una iniciativa que le costará a la autonomía 1,2 millones de euros. Otros 800.000 euros se emplearán en la creación de bases de datos y estadísticas judiciales automatizadas.

Interoperabilidad y otros retos

Una de las principales quejas de los profesionales de la justicia se centra en la interoperabilidad entre regiones. Cantabria comparte su sistema de gestión procesal con el País Vasco, Aragón y Navarra. Avantius, que es el nombre del sistema, es propiedad del Gobierno de Navarra y ha sido auditado y validado por el Consejo General del Poder Judicial como obligatorio para el trabajo con el Expediente Judicial Electrónico en las administraciones de Justicia en las que se encuentra implantado.

Avantius permite que fiscales, forenses o cualquier otro profesional judicial (interno o externo) puedan intervenir con la debida seguridad dentro de un expediente único.

En 2011 se implantó en Cantabria bajo la denominación de Vereda y marcó un antes y después en la modernización de la Administración de justicia en la región. La presidenta de los Jóvenes Abogados considera que, a pesar de ser una comunidad pequeña, “Cantabria está muy bien posicionada en cuanto a digitalización de la justicia y, en parte, es gracias a Vereda”.

El Anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital tiene entre sus objetivos una justicia unificada, algo que no existe a día de hoy, y que crea dificultades para abogados y procuradores. “Cuando esté unificado, se ahorrará mucho tiempo y se creará mayor seguridad jurídica”, avanza la abogada.

Aunque en Cantabria, los profesionales se muestran satisfechos con el uso de el Expediente Judicial Electrónico, son muchos los que consideran que hay ciertos aspectos a mejorar. “Lamentablemente, no todo el expediente está digitalizado. Hay actuaciones procesales (como pueden ser los acuses de recibo de las demandas a los propios demandados) que no se añaden al sistema y nos obligan a acudir a la sede judicial y pedir el expediente en papel”, se lamenta la presidenta de AJA. “El reto está en llegar a todo”, asegura.

Desde la Asociación de Jóvenes Abogados de Cantabria también piden que se aprovechen estos medios para la conciliación y se unen al Consejo General de la Abogacía para reclamar la suspensión de vistas y procedimientos en caso de maternidad o paternidad, o por enfermedad propia o de familiares.

“Los abogados tenemos grandes dificultades a la hora de conciliar y los expedientes digitales deberían aprovecharse para solucionar este problema. Se debería crear una opción en la que, subiendo el parte de baja, se adjunte a todos los expedientes que gestiona un abogado, para que los juzgados conozcan esta información y paralicen los procedimientos”, propone Nazábal y recalca que “no todos los abogados disponen de un compañero que les pueda sustituir en los procedimientos”.

Otros retos

A pesar de que la digitalización es algo aplaudido por la gran mayoría de profesionales, genera dudas y retos, como todo lo novedoso. El que más preocupa a los profesionales y a las Administraciones es la seguridad. En el ámbito de la protección de datos, es esencial que el legislador garantice la privacidad de los ciudadanos, en especial cuando entra en juego datos tan sensibles como su historial criminal o médico.

“Estamos viendo cada día que hay intrusiones en distintos ámbitos y, por ello, debemos asegurar que los datos del justiciable estén lo más protegidos posible. La Administración deberá desarrollar herramientas para garantizar la seguridad de los ciudadanos”, formula la presidenta de los Jóvenes Abogados.

Consideran esencial la vigilancia del acceso a los datos privados por parte de los trabajadores públicos y solo se haga de una forma reglada y justificada.

Otro de los retos que se plantean es un mayor uso de la inteligencia artificial. Aunque va llegando poco a poco a los juzgados, algunos ya usan un programa que genera de manera automática el texto de los audios de las vistas judiciales, con el consiguiente ahorro de tiempo para los funcionarios, esta tecnología predictiva podría tener muchos más usos, llegando a facilitar la labor de los magistrados.

“Si en algún momento, la Inteligencia Artificial se utiliza para realizar el cálculo de las penas más complejas facilitaríamos que el juez se pueda dedicar a otros asuntos de más relevancia, como la valoración de la prueba”, trasladan desde AJA Cantabria.

No obstante, los profesionales coinciden en que, aunque la IA permita automatizar algunos trámites, nunca deberá utilizarse en las decisiones judiciales. Como ha ocurrido previamente en otros sectores, la tecnología ha llegado al sector jurídico para quedarse, pero nunca para sustituir la labor de sus profesionales.

María Quintana