Las novedades en la gestión de residuos ponen en jaque a las empresas

España generó 131,1 millones de toneladas de residuos en 2018, el último año del que se tienen datos oficiales. La mayor parte procedían de la industria (31,1%), la construcción (26,7%) y los hogares (17,1%). Aproximadamente, la mitad de estos residuos fueron a parar a vertederos, lo que nos convierte en el país de la Unión Europea que deposita una mayor proporción de residuos sin aprovechar. Ahora, la actualización de varias normas destinadas a seguir las directrices europeas ha puesto en jaque tanto a los productores de residuos como a gestores y vertederos, amenazados por unos cambios que llevan asociados más costes y tiempo.

En España se generan muchos residuos que van directamente a vertederos, en línea con países como Hungría, República Checa o Portugal. En otros países europeos, como Suecia, Bélgica, Dinamarca, Alemania o Países Bajos no tienen vertederos. En su caso, la cantidad de residuos que acaban enterrados no llega al 1% de su producción anual, ya que reciclan más y apuestan por la valorización energética, que consiste en quemar los desechos que no han podido reaprovechar y convertirlos en energía.

La eliminación de residuos mediante su depósito en vertederos estaba regulada desde 2001 y no ha sido hasta el año pasado cuando se ha actualizado con el decreto que traspone los objetivos de la Unión Europea en aras del fomento de la economía circular. Una actualización que va dirigida a la reducción progresiva de la fracción de los residuos que se deposita en vertederos, sin haber obtenido de ellos algún aprovechamiento previo.

Se trata de un documento  que regula numerosos aspectos del ciclo de vida de una instalación de eliminación de residuos, desde antes incluso de su puesta en funcionamiento. La autorización, el diseño de la planta, la explotación, el cese de actividad y hasta la vigilancia posterior quedan determinados por el decreto.

Además, introduce varias medidas para reducir los vertidos, especialmente aquellos que son aptos para su reutilización y reciclado. El 1 de enero de 2035 la cantidad de residuos que acaben en los vertederos no podrá sobrepasar el 10%, medido en peso, con unos objetivos intermedios también definidos: el 40% en 2025 y el 20% el 1 de enero de 2030.

El decreto no será fácil de cumplir y hay opiniones críticas por parte de quienes están obligados a hacerlo, pero también hay otros puntos de vista más positivos. “Desde hace unos cuatro años, Medio Ambiente controla más; se solicita el certificado de correcta gestión de residuos para comprobar que el trato ha sido correcto y se es más riguroso con los vertidos. Se nota que hay más rigor por parte de empresas y administraciones. pero todavía queda mucho camino por recorrer: las instituciones tienen que ser más rigurosas y controlar y hacer seguimiento de qué se hace con muchos residuos”, advierte un representante del centro de reciclaje de residuos no peligrosos Valoria.

Subida de costes

Las quejas provienen, sobre todo, del sector industrial de la región, por la subida de costes que acarrea y su posible pérdida de competitividad.

La norma obliga a que los vertederos de residuos no peligrosos los separen de los no peligrosos estabilizados, tratándolos en vasos distintos. En Cantabria, el único vertedero que se ve afectado es el de IACAN, situado en Castañeda, el lugar a donde van a parar todos los residuos que genera la industria regional (tanto los no peligrosos, como los estabilizados).

El vertedero de Meruelo también está destinado a residuos no peligrosos pero no se ve afectado ya que únicamente se dedica a residuos domésticos.

Tras un primer proyecto descartado, el definitivo para adaptar el vertedero de Castañeda se entregará en las próximas semanas. La empresa titular estima que las obras comiencen en marzo o abril y la ejecución durará entre cuatro y seis meses.

Esta adaptación le supondrá una inversión aproximada de unos nueve millones de euros, un coste que la empresa tendrá que repercutir en las industrias de la región productoras de residuos, tanto en las que generan residuos no peligrosos, como aquellas que producen residuos peligrosos, que han de ser tratados en las plantas de estabilización.

La incertidumbre que surge entre los afectados es qué hacer mientras se construye ese segundo vaso, ya que enviar estos residuos a otras comunidades, aunque sea provisionalmente, les supondrá un notable incremento de los costes.

Estos temores se suman a la aparición del impuesto estatal por los depósitos en vertedero, tras la aprobación de la Ley de Residuos.

Hasta ahora, en España, llevar los residuos al vertedero resulta mucho más barato que en la mayoría de los países europeos. No existe una tasa nacional a los desechos y cada comunidad autónoma aplica cánones distintos, pese a que la Comisión Europea lleva años recomendando la imposición de una tasa homogénea que penalice el vertido y la incineración de los residuos.

El proyecto de ley de residuos, ya aprobado en el Congreso de los Diputados, provocará que los vertidos se encarezcan en todo el país, y especialmente en Cantabria.

Depositar residuos no peligrosos en la región tiene un coste de dos euros por tonelada en estos momentos, lo que la sitúa entre las comunidades más baratas, solo por detrás de País Vasco y Asturias, que no aplican ninguna tasa. Si el Senado ratifica el texto aprobado en el Congreso, depositar residuos no peligrosos pasará a costar entre 10 y 15 euros por tonelada, dependiendo de su tipología. Ni siquiera es seguro que sean estas las cantidades máximas, porque el proyecto da manga ancha a las comunidades para elevarlas, si lo consideran conveniente.

En Cantabria, varias empresas que temen verse afectadas han trasladado al Foro Empresarial de Desarrollo Sostenible y Energía de Ceoe-Cepyme su preocupación ante “la pérdida de esta ventaja competitiva frente a otras regiones vecinas” que supondrá este incremento en los costes.

Un paso atrás en la gestión

Asociado al decreto de vertederos, se aprobó otro que regula el traslado de residuos en el territorio nacional, con la intención de mejorar su trazabilidad. La controversia en este caso proviene del hecho de que, desde el pasado 1 de septiembre, se obliga al uso de la plataforma electrónica eSIR, desarrollada por el Ministerio para la Transición Ecológica, para la tramitación digital de la documentación necesaria en los traslados.

Hasta esa fecha, cada comunidad tenía sus propias herramientas. En Cantabria, se utilizaba la aplicación SIACAN (Sistema de Información Ambiental de Cantabria) que permite el envío telemático de los documentos relacionados con la producción y gestión de residuos (notificaciones previas de traslado, documentos de control y seguimiento…). Sin embargo, ha quedado desplazada por la plataforma eSIR, que ha de usarse tanto para los traslados de residuos entre comunidades autónomas como dentro de la región.

Aunque el objetivo de la aplicación era poner a disposición de las empresas generadoras de residuos y de los gestores un procedimiento electrónico sencillo capaz de seguir el traslado de los desechos desde el punto de partida hasta el lugar donde son tratados, la realidad es muy diferente. El nuevo sistema prometía un ahorro de tiempo a la hora de realizar estas gestiones, pero quienes se han visto obligados a utilizarlo a diario aseguran que la tramitación de documentos se ha ralentizado tanto que resulta “inviable, teniendo en cuenta la cantidad de información que debe gestionarse en un solo día”.

El Foro Empresarial de Desarrollo Sostenible y Energía de Ceoe-Cepyme denuncia que “la gestión medioambiental ya hace tiempo que se ha convertido en la primera carga burocrática para muchas empresas industriales, obligadas a elaborar documentos, informes, registros y reportes de todo tipo con muchos indicadores, no solo ambientales. Y para muchas empresas, el uso de eSIR se suma a un hartazgo generalizado por la presión documental y burocrática”.

Las industrias se quejan de que el documento de identificación que acompaña a los residuos ha de generarse el mismo día que van a salir, sin poder prepararlo con antelación, como se hacía anteriormente, y de los frecuentes problemas en la plataforma que impiden su uso y, por tanto, la gestión documental.

En eSIR, además, no aparecen datos relevantes, como las autorizaciones de las empresas inscritas en el registro de Gestores y Productores de residuos. Eso provoca que las gestoras, que deben cerciorarse de qué residuos pueden enviar a cada una, se vean obligadas a recurrir a la antigua plataforma Siacan, donde sí figuran.

Son varias las gestoras de residuos de la región que denuncian que la nueva plataforma provoca tanto volumen de trabajo que se han visto “obligadas” a comprar un programa de gestión que les ayude a aliviar esa carga extra. “La nueva plataforma exige dedicar más recursos, empleados y horas de personal. Es un gasto en sentido estricto”, lamentan.

Otras empresas industriales se quejan de que, como su director o gerente no siempre está disponible para firmar los documentos de identificación, “quien los firma como representante legal es un técnico que muchas veces no tiene esa condición en la empresa”.

También reprochan que si, por un error del programa, no se genera el documento de identificación, el camión no puede salir con el residuo, ya que no se aceptará en el vertedero. Recientemente, un camión y su conductor han estado dos días en la puerta de la fábrica esperando para llevarse una carga de residuos “hasta que se solucionó el problema informático y se pudo imprimir el documento”.

“El eSIR es un sistema muy rígido que no se ajusta a la realidad de la actividad empresarial”, coinciden varias empresas regionales.

Mientras que la mayoría de los afectados espera que la gestión se simplifique con el tiempo, no ven la forma de evitar que las tasas e impuestos de vertido vayan en aumento, para acercarse a niveles europeos, y también consideran inevitable un debate sobre el modelo de aprovechamiento energético de los residuos.

Son muchas las voces que creen que el modelo actual tiene fecha de caducidad y hay que empezar a pensar en alternativas que combinen la valorización, recuperación y reutilización de los materiales, así como el aprovechamiento energético de aquellos que no se puedan recuperar o reutilizar.

María Quintana