Confidencial
UN PARQUE EOLICO MARINO DE 1.000 MW EN UBIARCO
La segunda boya que construye Apia e Idermar, para conocer los efectos del movimiento del mar sobre una estructura metálica destinada a soportar un aerogenerador, todavía no se ha lanzado al agua y ya ha levantado muchas expectativas. La intención inicial es la de crear la tecnología necesaria para poder instalar parques eólicos en aguas profundas, pero hay empresas que creen que podría ser utilizada también para estaciones meteorológicas en alta mar.
El prototipo de la gigantesca boya debe probar la estabilidad del diseño ante distintos estados de la mar, con vistas a ser utilizada como mástil de molinos off-shore en lugares donde los fondos marinos son demasiado profundos como para hacer anclajes. Países como Dinamarca, Suecia, Holanda o Reino Unido tienen amplias plataformas litorales de aguas someras donde instalar parques marinos y, de hecho, el gobierno británico ha fallado recientemente un macroconcurso para fondear cientos de molinos en el estuario del Támesis. Sin embargo, España, como Estados Unidos, China o Italia, no cuenta con estas plataformas costeras continentales que permitan fijar estas grandes estructuras al fondo y resulta imprescindible desarrollar una tecnología alternativa si se quiere conseguir el aprovechamiento del viento marino, más regular e intenso que el de tierra.
El éxito del proyecto de Apia reduciría el concurso eólico cántabro a sólo un apartado de un programa mucho más ambicioso, ya que el Gobierno regional estudia utilizar la tecnología desarrollada en la boya para ubicar frente a las costas de Ubiarco un gran parque eólico de 1.000 Mw de potencia, más de los que probablemente se lleguen a instalar en tierra.
OBRAS PUBLICAS NO VE MAS ALTERNATIVAS
El Gobierno cántabro ha optado por recurrir la decisión del Juzgado que anula la Variante de Comillas, a sabiendas de que retrasará años la obra. Aunque reconoce que hubiese sido mucho más barata y más sostenible, la variante a través de Rovacías que sugiere el juez en su resolución es técnicamente inviable, en opinión de Obras Públicas, ya que las nuevas construcciones no permiten la ampliación de la calzada en varios puntos. El problema se originó por una mera diferencia en la valoración de una finca expropiada y no cabe descartar que se busque otra solución más obvia: deshacer la madeja judicial creada volviendo a negociar con el propietario.
UN PACTO QUE LLEGÓ TARDE
Las autonomías se han sumado de buen grado a la propuesta del Ministerio de Sanidad para recortar gastos pero creen que ha llegado tarde y la eficacia será muy limitada. Una vez aprobada la carrera profesional para los sanitarios y con el compromiso de que los salarios mantegan la capacidad adquisitiva, su margen de maniobra es muy estrecho. Las autonomías hubiesen preferido ser llamadas a capítulo hace tiempo, para cargarse de razones con que frenar las demandas del personal. Ahora ya no tiene remedio.
VOCENTO REGRESA A LOS ORIGENES
El grupo Vocento, propietario de El Diario Montañés, está redefiniendo su estrategia para volver a los orígenes, después de una experiencia incómoda en la gestión de ABC. Vocento necesitaba adquirir peso como grupo con la adquisición de uno de los grandes periódicos nacionales, pero la compra de ABC está teniendo un alto coste económico, que penaliza las cuentas del resto de las publicaciones. A pesar de la mejora de la difusión de ABC en el último año, que le han permitido descolgar a La Razón y acercarse a El Mundo, Vocento parece preparar el periódico para la venta. El principal interesado sería el magnate Murdoch que, asesorado en la operación por José María Aznar, desea hacer un periódico de referencia para todo el área de países de idioma castellano. Vocento no sólo mejoraría sensiblemente sus cuentas de explotación, sino que, con los ingresos de la venta, podría adquirir otros periódicos locales para afianzar su hegemonía en la prensa regional, su punto de partida.
LA SUBIDA DEL IVA PENALIZARÁ A LOS CONTRATISTAS REMOLONES
La subida del IVA a partir del próximo mes de julio va a suponer un incentivo para que los contratistas que han asumido el compromiso de finalizar las obras públicas antes de esa fecha cumplan lo acordado. La Administración cántabra ya les ha hecho saber que aquellas certificaciones de obra que se presenten al cobro a partir del 1 de julio, debiendo haber sido ejecutadas antes de esa fecha, se abonarán con un IVA del 16% y no con los dos puntos más que corresponderían para entonces. La Administración no está dispuesta a habilitar una partida extraordinaria para cubrir esa diferencia cuando la culpa del incumplimiento sea del contratista.
