Costas acaba de un plumazo con el Polígono de Requejada

Cuando recibieron las primeras cartas de Costas, algunos empresarios no las prestaron demasiada atención. A pesar de que en Cantabria 750 propietarios de viviendas se han llevado la sorpresa de saber a posteriori que la casa que compraron era ilegal, el problema urbanístico parecía circunscrito únicamente al ámbito inmobiliario privado, no a los polígonos industriales y menos aún a los construidos por la propia Consejería de Industria. Pero nunca hay que dar nada por absolutamente seguro y las llamadas cruzadas entre los distintos propietarios acabaron por alertar a todos.
El pasado 11 de mayo, en la antigua Ayudantía de Marina en Requejada, medio centenar de empresarios y de particulares asentados en la ribera de la Ría (el deslinde también afecta a las viviendas) recibían la comunicación oficial de las afecciones.
Tiempo atrás, la empresa pública Sican, promotora del polígono de Requejada, ya había hecho sus alegaciones, lo mismo que el Ayuntamiento de Polanco, que salió en defensa de las viviendas.
Sican recuerda que en 2002 presentó al Ayuntamiento el proyecto de compensación del Plan Parcial que desarrollaba el polígono de Requejada y, después de ser sometido a exposición pública, la promotora de la Consejería de Industria hizo una segunda versión con las modificaciones solicitadas por el Consistorio.
Para tramitar el polígono fue necesario realizar una modificación puntual de las normas urbanísticas de Polanco y eso requirió un pronunciamiento de Costas. Este organismo trazó la línea probable de deslinde marítimo-terrestre, como obliga la ley y, dado que el polígono quedaba fuera de la zona de afecciones, la Dirección General de Costas emitió un informe favorable.
Todas las parcelas estaban aparentemente excluidas de la servidumbre de protección y de cualquier carga limitadora pero, en 2007, cuando el Ayuntamiento de Polanco aprobó el Avance del Plan de Urbanismo del municipio, la Demarcación de Costas sorprendió a todos al presentar una línea de deslinde definitiva que en nada se parecía a la que ella misma consideró “probable”. El cambio de postura se produjo tras una inundación denunciada por los ecologistas, que demostró que una gran marea podía anegar buena parte del polígono, algo que no ocurrió mientras se mantuvo bien conservado un sistema de compuertas que tiene la Ría en las inmediaciones.

Inseguridad jurídica

Aunque ya ha vendido las parcelas, Sican se ha visto comprometida por esta decisión y ha alegado en defensa de sus compradores, haciendo ver la inseguridad jurídica que supone el que un organismo como Costas se pronuncie de dos formas contradictorias sobre el mismo hecho y las consecuencias que eso produce sobre cuantos han adquirido los solares industriales de buena fe. En los siete años que median entre la primera decisión de Costas y la más reciente, el Plan Parcial se desarrolló, el polígono se urbanizó, las parcelas se vendieron y casi todas han sido construidas.
Entre los afectados están la metalúrgica Main Metall, cuyos terrenos están casi totalmente afectados por el deslinde, por lo que no podría hacer ninguna ampliación, pese a tener suelo para ello, y sólo las reformas autorizadas. También la constructora Siec, que compró tres parcelas con la intención de trasladar a ellas la planta de hormigón que tiene a pocos metros y acompañarla de otra de asfalto. Siec aún no contaba con la licencia municipal, de forma que ahora ni siquiera podría levantar en estas parcelas ninguna instalación, por lo que no ha tenido más remedio que tramitar la solicitud ante el Consejo de Ministros, la única vía excepcional que le puede permitir construir en lo que ha pasado a ser dominio público.
Tampoco tendrá fácil solución la iniciativa de la constructora suancina Ancemar, que tenía previsto levantar en Requejada unas naves modulares para su venta a terceros, puesto que el deslinde impide, también, los cambios de titularidad.
La lista de afectados es muy amplia (se calcula que más de un centenar entre particulares y empresarios) y el desconcierto de todos ellos es perfectamente comprensible. El Ayuntamiento de Polanco ha preparado un formulario de alegaciones para las viviendas, en las que recuerda que en la Ley de Costas se consolidaban los suelos declarados ya urbanos –Polanco se apresuró a hacerlo antes de la entrada en vigor de la Ley, en 1988– y por tanto, en este caso habría que aplicar 20 metros de protección y no los cien que Costas ha establecido en el nuevo deslinde.
El cambio en los criterios de la Demarcación con respecto a las afecciones de las mareas establecidas en 2002 reduce drásticamente el aprovechamiento del polígono. Mientras que en el anterior pronunciamiento los cien metros del espacio de protección se medían desde la margen derecha de la Ría de Requejada, por lo que no había parcelas afectadas, en el más reciente se abre un gran espacio de cien metros a cada lado de los dos arroyos que atraviesan el polígono. Esas dos enormes franjas, de 200 metros de anchura cada una, que atraviesan el polígono de Oeste a Este pasan al dominio público y provocan que prácticamente todas las industrias establecidas queden afectadas. La única que queda al margen es la fábrica de productos farmacéuticos Moehs, la primera en asentarse.
En sus alegaciones, Sican cree que no debe hacerse una extensión de la Ley de Costas a cualquier curso de agua, sino a los que tengan propiamente la consideración de ríos y recurre a otras leyes donde así se interpreta, pero no hay mucha confianza entre los industriales afectados de que Costas acepte ese criterio ni de que, en instancias posteriores, los tribunales le quiten la razón al organismo público, a la vista de otras sentencias anteriores. Si es así, el polígono entrará en una situación de muerte en vida y las empresas tendrían que decidirse entre la resignación o reclamar al Gobierno regional que les vendió el terreno.