¿DE QUIEN ES EL POLIGONO?

Posiblemente no haya habido en Cantabria un polígono que se haya desarrollado con más rapidez que el de Ambrosero, pero tanta agilidad ha servido de poco. La polémica entre los municipios de Bárcena de Cicero y de Escalante a propósito de la titularidad del suelo ha acabado por crear una incertidumbre en las empresas que paraliza sus inversiones. Nadie puede estar seguro de quién deberá otorgar la licencia, si Bárcena o Escalante, porque ambos municipios han sido incapaces de llegar a un acuerdo y discernir cual de ellos tiene razón en la vía judicial requerirá años.
La primera y la segunda fase del polígono de Ambrosero están vendidas hace tiempo. Ante el éxito, la Consejería de Industria apostó por una tercera fase e, incluso, por construir una cuarta. Sin embargo, cualquiera que se pase por el polígono verá que apenas hay naves construidas.
La razón está en la inseguridad jurídica en que se sienten muchas de las empresas en tanto no se resuelva cuál es el municipio donde se van a asentar.

Dos calificaciones para el mismo suelo

El problema surgió a consecuencia de un error de la Comisión Regional de Urbanismo. A pesar de que en las normas subsidiarias de Escalante, de 1987, consideraba como parte de ese municipio buena parte del suelo que ahora ocupa el polígono, no puso objeciones al planeamiento de Bárcena de Cicero, que también lo ha incluido recientemente como propio. El problema es aún más complejo dado que al mismo suelo se le han asignado dos calificaciones urbanísticas totalmente contradictorias. Según las normas de Escalante –ahora en revisión– es No Urbanizable de Protección Agrícola, y según la normativa urbanística de Bárcena de Cicero, también aprobada por la CRU, es suelo urbanizable.
La Consejería de Industria acometió la creación del polígono industrial a través de la empresa pública Sican convencida de que actuaba en terrenos de Bárcena de Cicero y todo discurría con normalidad hasta que uno de los concejales del equipo regionalista de gobierno de Escalante propuso poner en claro los límites exactos de su municipio –muy perjudicado por el PORN de las marismas– ante la sospecha de que una de las muchas urbanizaciones de Argoños se introducía en terrenos de Escalante. La revisión de los datos históricos sobre los mojones de separación deparó otra sorpresa en el límite con Bárcena de Cicero, al comprobar que parte de los terrenos del polígono en construcción, que consideraban ajenos, también estaban dentro de su término, lo que llevó a la Corporación a plantear sus derechos sobre el mismo.
Ante la negativa de Bárcena de Cicero, gobernada por el PP, Escalante pidió a los técnicos del Instituto Geográfico Nacional un replanteo, que venía a confirmar sus tesis, aunque la ausencia de un mojón que teóricamente debiera estar bajo uno de los actuales viales del polígono sigue planteando algunas dudas.
De acuerdo con el criterio de este municipio, en suelo de Bárcena de Cicero únicamente se asienta la primera fase del polígono, mientras que la segunda y tercera estarían en Escalante. Lo que nadie discute es que también estará en este municipio una cuarta fase que la Consejería de Industria planteó como posible solución al conflicto, dado que de esta manera los dos municipios tendrían casi la misma superficie de un polígono que finalmente tendrá 140.000 m2.

Mancomunar

Las versiones son discrepantes a la hora de repartirse la responsabilidad de buscar soluciones. El Ayuntamiento de Escalante dice haber sido el autor de una propuesta de mancomunar el polígono entre los dos ayuntamientos, para resolver el problema, con un reparto al 50% de las cargas y los beneficios, sin que el alcalde de Bárcena de Cicero, Flavio Veci, lo aceptase. A su vez, la Consejería de Industria asegura que la propuesta partió de ella y que fue Escalante el ayuntamiento que no aceptó el reparto al 50%, al mantener la reclamación sobre los 70.000 metros cuadrados restantes cuya titularidad demanda.
La falta de entendimiento entre ambos municipios ha llevado a que la Consejería de Industria renuncie a mediar en la reclamación, que ha pasado a la Dirección de Cooperación Local (Consejería de Economía) donde se ha pedido oficialmente el deslinde de los terrenos al Instituto Geográfico, un procedimiento por el cual este organismo público tiene que emitir un dictamen que dará la razón a una de las partes. El Gobierno regional previsiblemente ya ha recibido este dictamen –aunque no lo ha hecho público– y ahora debe solicitar otro informe del Consejo de Estado para completar el expediente.
Parece fuera de toda duda que una parte del polígono está en Escalante. La propia Consejería lo acepta tácitamente en el reciente anuncio de información pública para la tubería de suministro de gas al polígono, al ubicarlo en Escalante. Sorprendentemente, el propio alcalde de Bárcena de Cicero en la comunicación de la única expropiación que se ha realizado para la construcción del polígono también reconoce que la finca está en ambos municipios, por lo que parece haberse atribuido una potestad expropiatoria excesiva.
Eso significa que parte de la tramitación urbanística de gran parte del polígono habrá de rehacerse en este municipio, y no será posible mientras no concluya el proceso de revisión de normas. Estas circunstancias impulsaron a Escalante a proponer a la Consejería que se tramite como proyecto de interés singular, una figura introducida por la última Ley del Suelo que permite agilizar los plazos en casos muy concretos y de especial significación para la región. Pero eso significaba para la Consejería un reconocimiento público del error inicial de tramitación y ha sido rechazado por el coste político que podía suponerle, aunque la explicación oficial de la Consejería es que resulta innecesario el uso de esta figura legal.

Años en los tribunales

Lo cierto es que, si no se llega a un consenso, el conflicto se prolongará años en los tribunales. Escalante optó en su día por pedir la paralización de las obras en lo que considera su término, pero los precintos judiciales fueron rotos por Sican y la Delegación del Gobierno negó la intervención de la Guardia Civil asegurando que era un asunto sobre el que no se había pronunciado el Instituto Geográfico. El Ayuntamiento de Escalante también ha recurrido las licencias otorgadas por Bárcena de Cicero para construir naves en las fases II y III, que considera propias.
Las consecuencias del conflicto legal afectan a las empresas que han adquirido suelo formalmente o tienen una opción de compra. Una de ellas, la vasca Castingconcepts no ha dudado en asegurar públicamente que Sican pretende forzarle a renunciar a dos parcelas de 987 m2 cada una que tenía adjudicadas en la primera fase del polígono. Castingconcepts se dedica a hacer plantas de fundición llave en mano para terceros, además de fundir por sí misma piezas y componentes
El enfrentamiento surgió al pedir garantías por escrito a Sican de que no se verá afectada en la obtención de licencias por el litigio que mantienen los dos municipios. Los servicios jurídicos de Sican le respondieron que, como comprador de buena fe, sea cual sea el resultado de la disputa entre ambos ayuntamientos, sus derechos sobre el suelo adquirido y la licencia de obra que abone quedarán preservados.
Tras esta información, Sican le invitaba a firmar de inmediato la operación de compra. Como la empresa vasca no pareció muy conforme con la explicación y dejó transcurrir el plazo dado por Sican, la promotora del polígono ha decidido considerar que había perdido el interés por las parcelas, algo que la empresa vasca rechaza y que puede dar al traste con el proyecto. Puede que sólo sean los primeros afloramientos prácticos de un problema muy enconado, que parecía fácil haber resuelto por la vía de la negociación.