Editorial
La carrera profesional, que en principio iba a ser un reconocimiento para unos pocos médicos y enfermeras, acabó por hacerse universal para toda la plantilla, como cabía imaginar, y tanto para los que tenían méritos especiales como para los que no, porque el cómputo terminó calculándose por los años de servicio, sin tener en cuenta que de esa manera se solapaba con otros incentivos que reconocían exactamente lo mismo.
El PP frenó en seco esta evolución, congelando los grados, y además amplió los horarios de trabajo sin que los sindicatos se levantasen en armas, algo paradójico si se tiene en cuenta la actitud aguerrida que habían mantenido con la dadivosa consejera socialista Rosario Quintana. Pero cuatro años después, el nuevo Gobierno parece dispuesto a volver al punto de partida.
Como ya ocurrió con Rosario Quintana, da la impresión de no saber bien a qué lado de la mesa debe sentarse y ha optado por el de los sindicalistas. Tanto que en la primera reunión, y para pasmo de los presentes, ha ofrecido restablecer el pago de la carrera profesional (hasta 12.000 euros anuales por trabajador) y los derechos perdidos. Una estrategia negociadora que puede resultar tan poco eficaz como la de Quintana (la consejera que más dio fue, a la vez, la más denostada) y que se llevará por delante las pocas posibilidades que hay de restablecer el equilibrio presupuestario en Cantabria.
La autonomía no es viable con el coste sanitario que soporta. Y no por el contrato de Valdecilla, que solo supone uno de cada diez euros que gasta el Hospital, sino por el enorme peso del capítulo de personal. Y si esto ocurre ahora, que es la comunidad que más recursos del Estado recibe por habitante, cabe imaginar lo que sucederá cuando se modifique el actual sistema de financiación autonómica para concederle más dinero a Cataluña, lo que nadie duda. El Gobierno, que tanto ha criticado los recortes de sus antecesores en sanidad, no tendrá más remedio que hacer otros aún mayores.
Cantabria tiene muchos problemas y sólo algunos de ellos desaparecerán cuando algún día concluya la crisis. Otros van a permanecer para siempre y uno de ellos es la inviabilidad del coste sanitario. Quedó disfrazada en los años de euforia pero ahora ya es inocultable. Cada año, la sanidad se come un tercio de los recursos públicos regionales, aunque la cantidad real es mayor porque tanto el PSOE-PRC como el PP han venido presupuestándola por debajo de su gasto real, con la secreta esperanza de que esa presión formal acabase por meterlo en cintura. Pero una cosa es el deseo y otra la realidad y una vez tras otra ha sido necesario echar mano de partidas de otras consejerías para poder pagar la nómina de los sanitarios de diciembre.
En estas condiciones, y sin saber todavía como sufragar la de este año, la oferta que se ha hecho a la plantilla resulta una temeridad. El Gobierno de Revilla-Tezanos parece suponer que tenía pocos problemas y ha decido añadir uno de los grandes. Quizá confíe en la Lotería de Navidad para pagar las nóminas.
