Editorial
La mayoría están en pérdidas, una situación en la que cualquier empresario se dejaría los ojos en revisar una y otra vez sus costes para tratar de detectar cualquier disfunción o gasto innecesario, pero es obvio que en las empresas públicas nadie se toma tanto trabajo, porque en ese caso se hubiesen descubierto antes los fraudes internos. Es lo malo de tener un presupuesto público al que ir a pedirle cada año que cubra los déficits.
El Gobierno anterior, que presumía de transparencia, no depositaba las cuentas de las empresas públicas en el Registro Mercantil, como es de rigor, un mal que ya viene de lejos. Si lo hubiese hecho, y cada año los medios de comunicación hubiésemos podido publicar lo que pierde cada una, el cabreo de la opinión pública probablemente hubiese servido para espolear a sus gestores o para rebajar algunas sonrisas de satisfacción impostadas.
Es cierto que en los primeros años de la legislatura de Diego se redujeron las pérdidas (si excluimos la catarata de indemnizaciones por despidos improcedentes o simplemente sectarios) pero el año pasado –cuando en teoría estábamos saliendo de la crisis– los números rojos volvieron a crecer significativamente, de 2,9 a 6,5 millones de euros, lo que no apesadumbró lo más mínimo a sus responsables, porque aumentaron los gastos de personal un 11%, quien sabe si para tratar de resolver el problema del paro. Y el futuro es aún menos halagüeño, porque el famoso, innecesario y polémico teleférico de Cabárceno va a suponer otra sangría anual, dado que sus concesionarios se van a quedar con buena parte de la recaudación del parque, tanto si se sube alguien en las cabinas como si no.
Una chapuza que ya no se puede volver atrás, como se ha desmontado el disparate de Vega de Pas, donde se le garantizaban al adjudicatario 120.000 tickets cada año (los que no se vendiesen los pagaría la propia Cantur) cuando la comarca recibe 33.000 visitantes. Por muchos que atrajese el funicular, el milagro de los panes y los peces se repite rara vez.
Mercasantander, un mero arrendatario de locales comerciales; el Cementerio Jardín, que nunca cumplió el fin para el que fue privatizado, a pesar de lo cual el Ayuntamiento de Santander no hizo el más mínimo movimiento para recuperar la titularidad; GFB, Nestor Martin, el agujero negro de la antigua Empresa de Residuos… Las empresas públicas de Cantabria puede que no sean muchas pero por sí solas dan material suficiente para llenar los juzgados. Mientras tanto, los contribuyentes ni siquiera hemos tenido derecho a saber lo que perdían. Esperemos que el nuevo Gobierno por lo menos sea capaz de depositar las cuentas en el Registro cada año. No garantiza que vayan bien, pero con suerte podremos defendernos mejor de los sátrapas internos.
