Editorial
Revilla lo va a tener muy difícil, como tampoco lo ha tenido fácil Ignacio Diego. Pero, con otro talante, quizá lleguemos a comprender que de una situación tan complicada solo se puede salir con una alianza política tan amplia como sea posible para reclamar una ayuda externa.
Diego midió mal sus fuerzas y pensó que podía contener la deuda con sus propios medios. De haber sido coherente, le hubiese bastado –como también le recordó Revilla– con enviar a Rajoy la misma carta que mandó a Zapatero exigiéndole la supuesta ‘deuda histórica’ con Cantabria. Pero aunque ese argumento no sea más que una pamema, porque todas las comunidades se consideran igual de agraviadas, es cierto es que la solución solo puede venir de Madrid. Quien piense lo contrario no es consciente de lo que costará remontar una deuda que equivale a todo un año de Presupuesto regional.
El Estado rescató a los bancos, porque no tenía más remedio, y ahora está obligado a rescatar a las comunidades. Si hubo 24.000 millones para Bankia, no debería ser tan difícil encajar los 2.500 que adeuda Cantabria, que en esa dimensión parecen baladíes. Pero no lo son y nos han dejado sin fuerzas para afrontar cualquier política, como comprobarán los nuevos consejeros en cuanto tomen posesión, y con más frustración aún al ver que los salientes no les han dejado un euro para acabar el año.
No es imaginable que se produzca un rescate general de las autonomías pero hay que pelear por un alivio, la única manera de salir de este hoyo. Al mismo tiempo –y como no acaba de entender Grecia– hay que evitar generar más deuda, algo de lo que se ha hablado poco en el debate de investidura de Revilla, quizá confiados en la providencia, sin ser conscientes de que a la providencia hay que ayudarla con un ahorro en los gastos estructurales y con nuevas fuentes de ingresos.
Diego prometió racionalizar la Administración y la deja exactamente igual que la encontró. Presumió de acabar con un montón de empresas públicas y lo único que se hizo fue fusionar las que eran meramente instrumentales, sin ningún ahorro que se sepa. Por eso, tantas condolencias a lo que ha sufrido el sector público como han vertido los portavoces del PRC y el PSOE y su compromiso de restituirles pronto en sus derechos suenan excesivas cuando todos los grupos profesionales han sufrido grandes pérdidas y nadie parece recordar las 3.500 pequeñas empresas que han muerto en esta legislatura.
Si ese tejido productivo hubiese sido recogido por otras nuevas o por las ya existentes, estaríamos hablando del mero ciclo biológico de la economía, pero no ha sido recogido por nadie. Los empresarios perdieron su patrimonio y su futuro; sus trabajadores, los empleos; y la región su capacidad de generar riqueza, incluidos los impuestos. Pero esa epidemia no declarada parece pasar desapercibida para todos, menos para los que la han sufrido. Quizá muchas de esas empresas se hubiesen salvado si el Gobierno hubiese puesto el énfasis en conservar lo que teníamos en lugar de querer apuntarse tantos mediáticos a golpe de talonario.
En los años 60 gran parte del interior de España se convirtió en un desierto humano cuando la población emigró a Madrid y a las costas. Nosotros estamos viviendo ahora la segunda vuelta de ese proceso, una nueva reagrupación de la economía en torno a las grandes ciudades que nos está dejando fuera de juego. Pero eso, como la desaparición del tejido de pequeñas empresas, es de la clase de cosas que ocurren ante nuestros ojos sin que nadie las quiera ver. Ojalá el nuevo Gobierno se convenza de que además de lo urgente (en este caso, que todo el mundo coma o tenga una vida digna) hay otras cosas importantes.
