Editorial
Los más cándidos supondrán que el presidente por fin ha abierto la mano para repartir los efectos de una mejoría económica que está llenando las arcas del Gobierno, aunque la ciudadanía no la veamos, pero la realidad es que el Gobierno tiene los mismos ahogos que en los años anteriores o más. En 2014 la deuda pública cántabra ha crecido en 250 millones de euros, la misma cifra que Diego ha puesto en decenas de ocasiones como ejemplo de la inconsciencia de sus predecesores. Nunca pensó que su propio Gobierno iba a generar ese mismo déficit anual sin gastar nada en fanfarrias y, lo que es peor, sin invertir un céntimo.
Desgraciadamente, no ha cambiado nada. Cantabria ha sido incapaz de cumplir el objetivo de déficit comprometido para el pasado año, pero volvemos a gastar como si nos sobrase el dinero, al menos hasta mayo; a partir de esa fecha se acabarán los fastos y para octubre o noviembre ni siquiera habrá liquidez, pero eso ya no le preocupa a quien va a las elecciones, porque la única prioridad ahora es ganarlas.
Valdecilla por fin se acaba; Santander acumula nada menos que 70 obras simultáneas; estamos en trance de recuperar un terreno muy amplio de Renfe en el centro de la ciudad, aunque nos tengamos que olvidar del soterramiento de las vías; hacemos –o lo intentamos– los funiculares de dos en dos y las escaleras mecánicas urbanas de tres en tres y La Remonta se va a abrir provisionalmente como un gran parque, lo que no es mala idea ahora que la espera ha demostrado que no hacían falta 5.000 viviendas sociales como suponíamos cuando perdimos la cabeza con la construcción.
En fin, que en elecciones, como en la fiesta del pueblo, se echa la casa por la ventana. A partir del 24 de mayo apagaremos los farolillos y el Gobierno regional y los ayuntamientos volverán a recordarnos lo que son los recortes, la precariedad y la disciplina presupuestaria que ahora se saltan, ante un Madrid que deja la severidad para los tiempos en que sus líderes locales no se juegan nada. Al fin y al cabo, poco puede reprocharles, porque tras la mayor subida de impuestos de la Democracia, el aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social, la rebaja en las prestaciones por desempleo, el drástico recorte de la inversión y la congelación de salarios públicos, el déficit de la Administración central solo se ha reducido en seis décimas. Zapatero lo dejó en el 5,2% y con Rajoy apenas ha bajado al 4,6%. Son los ayuntamientos y, en menor medida, las comunidades, los únicos que han conseguido mejoras significativas.
Lo peor es haber comprobado que incluso cuando hemos actuado con responsabilidad hemos seguido generando una deuda pública estratosférica. Mientras las familias han conseguido reducir su endeudamiento, el Gobierno de Diego ya está a punto de acumular tanta deuda como la que heredó, 1.250 millones, y para mayo habrá alcanzado la cota de los 2.450 millones de euros, casi el 20% del PIB, la misma ratio que Andalucía, por raro que nos suene. Si mala era la herencia recibida, mucho peor va a ser la entregada.
Afortunadamente, por entonces la economía iba en picado y ahora va al alza. Eso es lo que nos salvará, porque el sector público ha demostrado ser un tren incorregible. En cuatro años de sufrimiento general no se han reducido los recursos que consume ni se han enderezado sus vías. Lo más que ha conseguido el Gobierno con la maquinaria administrativa ha sido contener el gasto, pero en una economía menguada eso significa que ahora requiere una parte aún mayor de la escuálida riqueza regional. Tanto esfuerzo para tan poco resultado.
