Editorial
Si todas las inversiones que lleguen a Cantabria hay que comprarlas por este sistema, es mejor que no vengan, o que las afrontemos directamente desde el sector público, porque nos van a salir más caras y resulta frustrante que los empresarios locales tengan que buscarse la vida cada día para tratar de rentabilizar sus negocios –lo que pocos consiguen en estos momentos– mientras ofrecemos rendimientos garantizados a los que vengan de afuera.
A estas alturas, ya sabemos los malos resultados que dan los proyectos hechos a la medida del licitador, como la recién cerrada planta de lodos de Reocín o los trapicheos para resolver lo que no tiene solución (“si te quedas con el Racing, te doy unas obras…”). Con la crisis pensamos que había llegado el final de una época en la que para algunas empresas era demasiado fácil y demasiado rentable hacer negocio con el sector público, porque bastaba con estar en el club de los proveedores o constructores oficiales. El mundo, incluido el relacionado con las administraciones, se ha hecho más competitivo y, afortunadamente, el trato de favor ha bajado muchos enteros, algo en lo que también tienen mucho que ver las innumerables causas abiertas en los juzgados. Por ese motivo, esta decisión política de conseguir concesionarios a cualquier precio, incluido al de garantizarle los resultados, parece una vuelta a lo peor del pasado. Por definición, el empresario asume riesgos y si nadie aceptaba el de hacer un funicular en Cabárceno, como seguramente no aceptará nadie hacer el de Vega de Pas es, sencillamente, porque la obra no se justifica. No hay demanda suficiente.
Es fácil entender que el Gobierno de Ignacio Diego tenga un empeño especial en demostrar que se materializa al menos uno de los muchísimos proyectos que presentó a bombo y platillo bajo el nombre Invercantabria a poco de tomar posesión, pero si han de conseguirse a este precio es mejor renunciar a ellos. Haulotte no se hubiese marchado si el sector público se hubiese quedado con las carretillas elevadoras que fabricaba y GFB hubiese sido un éxito si el Gobierno le hubiese garantizado la compra de las placas de yeso nada más producirlas, pero es obvio que una y otra cosa hubiesen sido una tontería. También lo es forzar a los clientes de Cabárceno a que paguen el teleférico con el ticket de entrada al parque, aunque se encubra en una subida de precios, porque la subida de la entrada individual ordinaria de 25 euros a 32 probablemente aleje a una parte de los visitantes. La región habrá hecho un mal negocio y los inverosímiles 193 empleos que, según el Gobierno, van a generar las cabinas aéreas se quedarán en nada, porque si bajan los clientes esos supuestos empleos se perderán en otras instalaciones del parque o en el sector hostelero.
Cuando mano invisible que mece el mercado es reemplazada por la mano tosca del Gobierno y el que tira del remonte no es el interés del público sino el talonario de todos, nunca es un buen negocio, salvo para el adjudicatario.
