Editorial
Efectivamente, no queda más remedio que empezar por lo urgente; en la Iglesia, como dice el Papa, y en nuestra maltrecha vida diaria. Esto no aguanta más. Por mucho que nos vendan la recuperación, cuando llegue a Cantabria es posible que no quede nada que recuperar. Hemos vuelto a suspender en septiembre y esta vez con peor nota. La crisis ya ha llegado al núcleo duro de la industria, al que siempre pensamos que podríamos seguir agarrándonos y, es fácil imaginar qué pasará con todo el entramado de empresas que vive a su alrededor. Afortunadamente, en este número podemos reflejar dos de las pocas que se mantienen incólumes (Consorcio y Birla Carbon), porque de otro modo resultaría muy difícil superar la sensación de que aquí no va a quedar casi nada.
A partir de ahora, el Gobierno va a tener ante sí una ventaja meramente aritmética, la que indica que a partir de cierto límite (y no puede estar muy lejano) ni el paro puede seguir bajando al mismo ritmo ni el consumo puede llegar a la inanición, porque algo tendremos que comer, vestir y desplazarnos. Pero convertir eso en un éxito sería inaceptable y asegurar que es producto de la eficacia de las medidas adoptadas es más inaceptable todavía. Ni esto va a mejor ni se va a solucionar a corto plazo. Las políticas de ajuste en la Administración ya han dado de sí todo lo que podían dar. No caben más vueltas de tuerca, a no ser que se inicie una reingeniería de los procesos, para saber si realmente son oportunos y necesarios todos los procedimientos administrativos existentes, y eso es algo que nadie va a hacer. Las políticas de presión fiscal también han tocado techo, y para colmo recaudan menos que antes. Sólo queda por explorar y resolver el extraño misterio de que, siendo España uno de los países con mayor fiscalidad de Europa, sea de los que menos recaudación efectiva consiguen, aunque Montoro se conforme con tapar algunas vías de agua en el pequeño fraude, azuzando a los inspectores.
Uno de los efectos más graves de cualquier situación de crisis continuada es el aturdimiento. En la desesperación, todos estamos convencidos de que nada de lo que hay vale y se dan miles de órdenes contradictorias, sin tener en cuenta que al descolocar una pieza se tambalean muchas otras y no es fácil saber si ha merecido la pena. Podemos conocer lo que ahorramos al suprimir la paga de Navidad en el sector público, pero es prácticamente imposible calcular todos los efectos indirectos que eso provoca y la caída en la recaudación fiscal que producen todos ellos sumados.
El ministro Soria está en su derecho y en su deber de abordar el déficit de tarifa eléctrica, porque es insostenible, pero, como ocurre con los impuestos, tendría que haber calculado si es mejor el remedio que la enfermedad, o haber buscado otra medicina. El cierre de Sniace, los ajustes de Solvay, la negativa de Ferroatlántica a cualquier ampliación o que Garoña tire definitivamente la toalla, son efectos colaterales catastróficos para la economía de Cantabria, y todos ellos tienen algo que ver con las medidas del ministro. Nunca antes se dio tal cúmulo de adversidades y el Sr. Soria ni siquiera está consiguiendo contener el déficit, que este año crece más que nunca. Para semejantes resultados, quedémonos como estábamos, porque lo auténticamente urgente es salvar las industrias.
Suponer que estos empleos perdidos antes o después quedarán absorbidos por nuevas incorporaciones al mercado laboral, es ilusorio. Puede que en las estadísticas de empleo compute lo mismo un trabajador al que le llaman una o dos horas al día para la caja de un supermercado o en un bar que un empleado industrial fijo a tiempo completo, pero todos sabemos que no es lo mismo. Salvo el que se quiera engañar.