Editorial
Cada decisión que toma Madrid nos deja con la respiración entrecortada y al propio presidente cántabro más que a nadie. Con Soria y Montoro, Diego ya no necesita oposición y puede que recuerde más de una vez la frase de Pío Cabanillas padre, quien, con sorna gallega, decía aquello de “cuerpo a tierra, que vienen los nuestros”. La última carga de profundidad que le envía el Gobierno es una insólita modificación legal para las sociedades de garantía recíproca introducida a última hora y por sorpresa en el proyecto de Ley de Apoyo al Emprendedor. En seis meses tienen que conseguir un capital social mínimo de 15 millones de euros. ¡Como si fuese tan fácil!
Por lo pronto, Sogarca, la nuestra, tendría que multiplicar sus recursos propios por ocho, algo absolutamente inverosímil. Si en tiempos mejores llegar a los 1,8 millones actuales costó sangre, sudor y lágrimas, es evidente que ahora no habrá manera humana de que la CEOE, la Cámara de Comercio, Liberbank o el Gobierno aporten los más de trece millones que harían falta.
Para Madrid nada de esto es un problema. La que no llegue a la cifra, que busque una fusión o se disuelva. Para Cantabria, en cambio, es inasumible. Claro que más inasumible parecía perder el Racing o la Caja de Ahorros.
Sogarca supone la supervivencia de muchas pequeñas empresas, que no encontrarán una alternativa para financiarse, porque nadie más las avalará.
Los efectos prácticos serán exactamente los contrarios de los que en teoría defiende la futura Ley del Emprendedor, una lógica que no resulta nada fácil de entender. La pretensión del Ministerio de Economía ni siquiera es coherente con la situación de las SGR, porque la única que pasa por momentos difíciles, la valenciana, es también una de las pocas que supera ampliamente los 15 millones de capital que se van a exigir a partir de ahora, una evidencia de que esa cifra no es garantía de nada. Lo que sí es una garantía es el ratio de solvencia, y en Sogarca es del 17%, muy superior al 8% que exige la ley.
Si Diego y los presidentes de algunas otras autonomías que se van a ver afectadas no consiguen que su partido introduzca una enmienda en el Senado para evitarlo, Sogarca desaparecerá o será absorbida por otra SGR y los pequeños empresarios cántabros que necesiten un aval tendrán que buscarlo en Burgos, en Valladolid o en Bilbao, donde seguramente serán muy comprensivos con sus problemas, pero no se lo van a dar, porque tienen a muchos otros que atender en casa.
Será una hoja más de las que van cayendo de nuestro autogobierno, que no está sustentado con papel del BOE, como creemos, sino de la Fábrica de la Moneda. Hormaechea demostró que la autonomía era básicamente una cuestión de dinero: Se tiene más o menos en función de lo que se gasta, de forma que nadie hubiese podido suponer que Entresotos y él tenían las mismas competencias. Rajoy, con el mismo patrón, pero invertido, va a demostrar que no hace falta recentralizar el Estado, basta con retirarle poco a poco el dinero a las comunidades y ayuntamientos o forzarles a hacer gastos que no pueden asumir para que lo pidan a gritos. Y eso es lo que va a ocurrir con las sociedades de garantía si alguien no lo evita.
A Diego, como a Don Quijote, se le acumulan los gigantes mesetarios.