Editorial

Un director general de la Consejería de Sanidad ha anunciado entre líneas de que se prepara la privatización de parte de los servicios sanitarios que acaban de pasar a manos de la comunidad autónoma, supuestamente en aras de la eficacia en la gestión. El argumento del que se parte es que Cantabria no tiene dimensiones suficientes para rentabilizar un sistema que, supuestamente, sólo generaba economías de escala dentro de la globalidad nacional, de donde se infiere que la transferencia no era ningún chollo, y mucho menos después de que, como era fácilmente previsible, los sanitarios reclamasen la equiparación salarial con los trabajadores del Gobierno regional, lo que va a suponer 4.700 millones de pesetas más de coste anual.
Resulta extraño que semejante anuncio no lo haga el consejero, tan aficionado a salir en los papeles, ni siquiera el director general del área competente (Sanidad) pero en cualquier caso, un cambio tan importante en la filosofía del sistema sanitario cántabro merece un debate más profundo. En primer lugar habrá que saber, si como está ocurriendo con las competencias de Bienestar Social, nos vamos a ver obligados a pagar a las empresas concesionarias (ya están privatizados muchos servicios) y a los trabajadores de la Consejería que, por ser funcionarios no pueden ser sometidos a regulación de empleo, ni despido, ni ser fácilmente recolocados en otras tareas, por la extrema rigidez de las estructuras laborales de una administración pública, lo que provoca que en la era de los ordenadores, de los faxes y de los e-mails sigamos teniendo ordenanzas para llevar papeles o una pléyade de administrativos que sólo serían justificables en el siglo XIX, y lo que es peor, sigamos contratando más.

No sabemos aún los resultados que han tenido esas privatizaciones realizadas con tanta discreción, por lo que no resulta fácil imaginar qué ocurrirá cuando pasen al sector privado servicios puramente sanitarios que hoy se prestan en hospitales y consultorios públicos. Pero sí se puede constatar ya es que la experiencia de laboratorio que el PP hizo en el hospital de Alzira (Valencia) se apaga poco a poco como la llama de una vela gastada y ha dejado de ser utilizada por el partido como ejemplo de lo que puede llegar a ser la sanidad pública con gestión privada. En Alzira la situación económica en estos momentos es muy apurada. Cuando la empresa concesionaria recibió el recién inaugurado hospital comarcal de la zona, hace tres años, sus expectativas de beneficio eran superiores a los 1.600 millones de pesetas por año, la diferencia entre lo que el Estado destinaba a hospitalizaciones y consultas en el Área 12 de Salud de la Comunidad Valenciana y lo que la concesionaria estimaba que serían sus gastos. A pesar de forzar a los médicos a una productividad casi estajanovista y de impulsarles a captar pacientes ajenos a ese Área para conseguir ingresos añadidos a su cupo anual, la situación económica es deficitaria y eso empieza a provocar notorias restricciones en los consumibles que no serían aceptables en la medicina pública pura. Para evitar el hundimiento del proyecto, la concesionaria había conseguido de Zaplana un compromiso de que también le sería adjudicada la gestión de la atención primaria, lo que debería ayudar a compensar las pérdidas, pero Zaplana fue nombrado ministro y el acuerdo ha quedado en el aire.

Es obvio que ni el Gobierno de Valencia ni el de Madrid dejarán que se hunda Alzira, porque se juegan en él su propia apuesta política en favor de una progresiva privatización de la sanidad pública, pero lo cierto es que ha sembrado de dudas todo el proceso. Lo que no ha funcionado en un hospital de nueva planta es mucho más difícil de aplicar en hospitales como Valdecilla donde todos los costes están ya tan consolidados que apenas hay margen de maniobra, a no ser que se aproveche la elevada edad media de los médicos (más de 55 años) para promover una rápida sustitución por contratados temporales con salarios muy inferiores, o que se subcontrate el batallón de interinos que ahora atienden las múltiples vacantes en enfermería. Es improbable que privatizar la gestión de algunos servicios sanitarios depare ahorros, porque si los hay, se convertirían en el beneficio de la concesionaria, pero mucho más improbable es que vaya a deparar un aumento de la calidad asistencial. Entonces ¿cuál es el motivo?