Editorial
El afloramiento de las dichosas balanzas fiscales pone de relieve estas contradicciones, aunque nadie haya querido reparar en ellas, y viene bien después de unos años de oscurantismo fiscal. Durante los gobiernos populares se llegó a ocultar, incluso, la cifra de lo que se recaudaba en cada región por IRPF o Sociedades y la Delegación de Hacienda en Cantabria tenía que hacer piruetas para presentar el balance anual que envía a la Cámara de Comercio sin dar los datos. Quien tenga a mano los anuarios, puede comprobar lo ridículo y poco respetuoso que resultaba. Y la transparencia no va a causar especiales estragos porque las regiones pagadoras ya eran perfectamente conocedoras de ello, mientras que el resto nunca hemos sido igual de conscientes de lo que recibíamos, así que estaban agraviadas las primeras y no estábamos satisfechos los segundos.
Lo que sí es evidente es que, una vez puesto en claro, Madrid tendrá la tentación de atemperar las diferencias y eso irá en beneficio de las regiones que transfieren renta y en perjuicio de los que la recibimos, sobre todo de quienes estamos en tierra de nadie, que reviviremos esa expulsión del paraíso a la que nos invitó Bruselas cuando llegaron otros más pobres o, desde un punto de vista más optimista, cuando consideró que ya éramos lo bastante ricos.
Pero no será fácil. En realidad, tenemos armas para conseguir que el nuevo sistema de financiación autonómica nos favorezca, porque al fin y al cabo, nos da el mismo voto que a Cataluña, aunque Cantabria tenga un peso político muy inferior, y eso permite incordiar lo suficiente, dado que Zapatero está empeñado en sacar adelante el nuevo sistema por unanimidad. Es evidente, también, que nuestras pretensiones son baratas de contentar si se comparan con las de otras comunidades mucho mayores. Pero también es notorio que en el flujo de inversiones estatales –la otra vía de transferencias– la tendencia será a la baja. Ya no habrá que hacer otro Valdecilla, donde el Estado lleva comprometidos más de 35.000 millones de pesetas, otra Autovía de la Meseta, otro Raos, otra Autovía del Agua, otra EDAR en la Vuelta a Ostrera (menos mal que alguien va a entrar en razón y evitará el derribo)… En realidad, sólo queda una gran obra, la del AVE, y esa podemos darla por descartada, porque los políticos, aunque a veces parezcan ajenos a la racionalidad económica, también aplican el cálculo coste-beneficio y los más de 3.000 millones de euros que costaría no le van a salir a cuenta a ningún partido que gobierne.
De las balanzas fiscales pronto no se acordará nadie más que los partidos nacionalistas, porque tanto el PSOE como el PP salieron bastante escaldados con el reparto del agua como para meterse en nuevas disputas entre regiones. En estos juegos de suma cero, lo que da votos en una lo quita en otra, así que lo mejor es no menearlo. Especialmente, cuando quienes contribuyen no son las comunidades, como equívocamente se da a entender, sino los ciudadanos. Los que tienen más, pagan más y los que tienen menos pagan menos. Otra cosa es que unos y otros no estén bien entremezclados en la geografía nacional y eso produzca regiones ricas y pobres. En este juego no es posible repartir las cartas de nuevo y, para tratar de barajarlas, el único sistema que funciona es el que hay, la redistribución de rentas a través de una fiscalidad progresiva, casualmente el que está en la Constitución. Para qué le vamos a dar más vueltas.
