Editorial

A estas alturas, esa especie de ley de punto final es la única salida posible, pero eso no quiere decir que Gobierno esté obligado a aceptar este trágala sin exigir responsabilidades económicas y penales a quienes dieron las licencias ilegales. A los alcaldes que se saltaron todos los informes técnicos, a los técnicos municipales que soslayaron las normativas urbanísticas, a los constructores que se tomaron la licencia como un mero punto de partida y a las comisiones de urbanismo que hicieron como que no lo veían. A cuantos causaron este desaguisado y, curiosamente, viven en el anonimato. Tienen mérito haber logrado que seamos los demás los que paguemos mientras ellos han conseguido preservar sus nombres, su capital político o su crédito profesional.

El Gobierno ha decidido que diez, quince o veinte años después de que se concedieran las licencias ya no se hora de andar buscando responsabilidades. Generalmente esta es la tentación de quien necesita preservar a algunos de los suyos, pero en este caso la mayoría de los alcaldes que se pasaron de listos pertenecen a un partido rival, por lo que una reacción semejante solo puede achacarse a una ley natural de preservación de la especie, que funciona muy bien entre políticos y aún mejor entre funcionarios. Al menos hasta ahora, que el Partido Popular no ha dudado en ponerle una querella criminal a Chaves por una subvención concedida a la multinacional donde trabaja su hija.
Los ecologistas se han limitado a recurrir las licencias pero nunca reclamaron responsabilidades penales a quienes las concedieron, lo que que hubiese llenado la Prisión Provincial de alcaldes o hubiese creado el temor suficiente entre los más conspicuos urbanizadores como para no seguir por la misma senda. Pero el Gobierno tiene otras obligaciones y una de ellas es recuperar el patrimonio público que va a perderse en compensar a los propietarios de la viviendas que no podrán ser legalizadas. Si opta por pasar la página de las responsabilidades no sólo renuncia a recuperar el dinero sino que eximirá a quienes se enriquecieron, creará una auténtica sensación de impunidad entre quienes tienen que aplicar las leyes urbanísticas e invitará a cualquier osado a construir donde le parezca, convencido de que lo más que puede pasarle es que se lo derriben indemnizándole.

Como las licencias ilegales se concedieron en los años 80 y 90, es evidente que los jueces declararán el delito prescrito, pero mientras tanto el contribuyente obtendría el mínimo resarcimiento de conocer los nombres y las caras de los responsables, en algunos casos alcaldes largamente reelegidos, porque ni fueron inhabilitados por lo que hicieron ni lo serán ni van a pagar nada de las indemnizaciones, más allá de lo que les toque en el prorrateo general entre todos los contribuyentes.
El sistema legal pemitió que las sentencias definitivas se demorasen muchos años, lo que aprovecharon en su picaresca para acabar las urbanizaciones y vender los pisos, multiplicando el problema económico y añadiendo otro social. A su vez, las ejecuciones han tardado tanto o más y así hemos llegado a una situación tan confusa que la opinión pública cree que los culpables son los ecologistas por exigir que la ley se cumpla y no quienes se enriquecieron ilegalmente, o considera que los únicos perjudicados son los compradores. Los perjudicados somos todos, que vamos a pagar y callar por lo que otros hicieron con absoluto desprecio de la ley. Si al menos fuesen obligados a tirar las viviendas con sus propias manos…