El Gobierno cántabro prepara la liberalización de la ITV

A lo largo del pasado año, cerca de 145.000 vehículos pasaron en Cantabria la ITV en las dos instalaciones que prestan este servicio en la región. Sin embargo, a partir de noviembre de 2006 es posible que los propietarios de esos vehículos dispongan de más opciones a la hora de afrontar esta inspección. El Gobierno regional prepara un decreto, cuya tramitación se encuentra ya muy avanzada, para sustituir, a partir de esa fecha, el actual sistema de concesión por simples autorizaciones, lo que sin duda va a propiciar la aparición de nuevas empresas en este sector.
Este salto a un régimen de libre competencia no sólo aportará mayor comodidad a los usuarios, con el previsible aumento del número de las ITVs en Cantabria, sino que podría producir un abaratamiento de los precios como consecuencia de la liberalización de un mercado que mueve cada año en Cantabria 4,5 millones de euros.
La prestación de este servicio en nuestra región corre a cargo de Itevelesa, que obtuvo la concesión del Ministerio de Industria en noviembre de 1986 para un periodo de 20 años. Esta firma, que opera en otras siete regiones, gestiona en régimen de monopolio las dos estaciones de ITV que existen en Cantabria, situadas en Raos (Camargo) y en el polígono de Barros (Los Corrales de Buelna).
Cercana ya la finalización del plazo de concesión, el Gobierno regional, al que le fueron transferidas las competencias en este campo en 1996, se apresta a regular el cambio de modelo en la prestación del servicio; un cambio exigido desde hace cinco años por una normativa estatal, pero que hasta la fecha ninguna comunidad autónoma ha llevado a la práctica.

Una liberalización demorada

La creación de la ITV se remonta en España a 1981. En los primeros años este servicio era prestado por el propio Ministerio de Industria a través de una red de estaciones que creó al efecto. Sin embargo, en 1985 decidió dar entrada al capital privado en la gestión de las inspecciones mediante concesiones administrativas.
De manera sorpresiva, y cuando ya se habían transferido las competencias en esta materia a las comunidades autónomas, el Gobierno central decidió en junio de 2000 liberalizar las inspecciones técnicas de vehículos a través de un real decreto que sustituía el régimen de concesión por otro de autorizaciones. Las autonomías no sólo sintieron invadidas sus competencias, sino que, en el caso de aplicar esa normativa, se veían abocadas a pagar cuantiosas indemnizaciones a las empresas que venían efectuando este servicio, dado que no se respetaba los plazos de la concesión. Quizá por la alarma que generó la decisión del Ministerio, no se llegó a publicar la normativa que hubiese debido fijar las condiciones a cumplir por las empresas que deseasen obtener la autorización.
Hubo que esperar hasta junio de 2003 para que un nuevo decreto regulase esos requisitos. En realidad, la nueva norma desactivaba la liberalización, al reconocer a las comunidades autónomas el derecho a aguardar a la conclusión de las concesiones antes de cambiar el modelo, una forma de evitar las indemnizaciones.
Cantabria va a ser ahora una de las primeras comunidades en las que se va a implantar el nuevo sistema de autorizaciones; un salto cualitativo que va liberar a la ITV del rígido corsé que ha impedido la creación de más puntos de inspección de vehículos en una región que es claramente deficitaria en este campo.
Desde la propia Dirección General de Industria se consideran convenientes al menos cinco estaciones para acercar este servicio a los usuarios. Cubierto el eje Santander-Torrelavega con las dos existentes, parece razonable que aparezcan otras dos para dar cobertura a las zonas oriental y occidental de Cantabria y una tercera en la comarca de Liébana. De esta forma se evitaría que, como ocurre actualmente, un vecino de Potes o de Castro Urdiales tenga que recorrer media región para poder pasar la ITV con su vehículo. Tampoco cabe descartar el surgimiento de algún competidor para Itevelesa en el área de la bahía santanderina o en Torrelavega, donde se produce la mayor acumulación de vehículos y, por tanto, hay más mercado. Puede ocurrir, incluso, que sea la actual concesionaria la interesada en abrir nuevas estaciones para tratar de evitar la aparición de competidores.
De los cerca de 145.000 vehículos cántabros que pasaron la ITV a lo largo de 2005, aproximadamente cien mil fueron turismos que pagaron una tarifa que osciló entre los 25,43 euros y los más de treinta si incluía el control de emisiones, algo preceptivo para los vehículos diésel y para los que tienen catalizadores, es decir, casi todos.

Cambio tarifario

La liberalización del servicio puede tener consecuencias positivas para el bolsillo de los usuarios, algo que en buena lógica se espera de todo aumento de la competencia. Los precios seguirán siendo regulados por la Dirección General de Industria, pero casi de forma indicativa ya que las tarifas que estipule se entenderá como las máximas aplicables, con lo que quedará al arbitrio de las empresas cobrar por debajo de ese precio.
A pesar de ser un mercado intervenido, las tarifas que ahora se aplican en España por el mismo servicio son tan heterogéneas que la diferencia entre algunos territorios puede llegar hasta el 184%.
Regiones como Asturias o Extremadura, donde es el propio sector público el que presta el servicio, tienen las tarifas más baratas, mientras que la Comunidad Valenciana o Castilla-León se sitúan entre las más caras.
Cantabria se encuentra en una posición media-alta de la tabla, a pesar de que, desde que obtuvo la competencia en 1996, la Consejería de Industria ha aplicado una política de contención, manteniendo la tarifa congelada hasta hace tres años en que, por imperativo jurídico, hubo que aplicar las subidas del IPC. Para este ejercicio, se prevé también una revisión al alza de aproximadamente un 3,5%.

Incompatibilidades

En el Decreto que prepara el Gobierno cántabro se establecerán los requisitos que deberán cumplir las empresas que aspiren a desarrollar esta actividad. En él se regulará todo lo relativo a la superficie que deberán tener las instalaciones, su equipamiento técnico y el personal con el que deberán contar. Las nuevas estaciones habrán de contar con al menos dos líneas de inspección, una para vehículos ligeros y otra para camiones y autobuses, si bien se establecerá una excepción para las zonas de montaña.
Aunque el nuevo sistema abre la posibilidad de que cualquier persona, física o jurídica, pueda montar una ITV en Cantabria, existirán incompatibilidades. La propia normativa estatal establece que no podrán participar en el servicio de inspección quienes se dediquen a actividades de transportes por carretera o al comercio de vehículos; también excluye a las gestorías relacionadas con el campo de la automoción y a las entidades aseguradoras que operen en los ramos del seguro de automóvil.
En las ITV tampoco se podrán hacer trabajos de reparación, transformación o mantenimiento de vehículos. En realidad, no se podrá llevar a cabo ningún servicio diferente al de la simple inspección.
La apertura a la competencia de un mercado en el que la demanda –los vehículos obligados a pasar revisión– se conoce de antemano, puede generar nuevas oportunidades de negocio para quienes oferten este servicio en zonas de Cantabria hasta ahora desatendidas, pudiendo incluso atraer a usuarios de comunidades vecinas. Aún es pronto para saber cuántas estaciones nuevas pueden aparecer y dónde, lo que se puede dar por seguro es que habrá más.