El lento caminar de la Autorización Ambiental
Cuando hace dos años se reunieron en Madrid las comunidades autónomas para dar cuenta de la marcha de las Autorizaciones Ambientales Integradas (AAI), Cantabria causó cierto asombro por la diligencia con que había concluido el proceso de concesión a las 65 empresas afectadas. Fue la única región que consiguió otorgar todas las autorizaciones en el plazo legal, aunque, eso sí, tras varias prórrogas.
La contrapartida a esa rapidez era el compromiso de las empresas de llevar a cabo las modificaciones que tenían que hacer de sus instalaciones y procesos de producción para adecuarlos a los requisitos de respeto al medio ambiente que se recogen en la Autorización concedida. Desde la óptica de la Consejería, el retraso que tenían las empresas de Cantabria en actualizar sus procesos productivos era tan considerable y la inversión necesaria para la puesta al día tan voluminosa que la prudencia aconsejaba ser estricto con las actuaciones a exigir pero flexible con los plazos. Sobre todo, porque la única alternativa era ordenar su cierre, algo que habría tenido un coste social inasumible.
Se iniciaba una fase inédita: Las empresas potencialmente más contaminantes estaban obligadas a invertir unos 150 millones de euros y en su cuaderno de tareas había más de 300 actuaciones concretas para reducir y controlar mejor sus emisiones.
Dos años después, las inversiones más espectaculares y con mayor efecto sobre el medio ambiente ya han sido hechas, como las depuradoras de Sniace y Solvay, la chimenea de la fábrica Azsa de Hinojedo o los filtros de mangas de Global Steel, pero no todas las empresas se han tomado con la misma seriedad las obligaciones que contiene la autorización ambiental integrada. A día de hoy, sólo el 15% de las empresas afectadas han cumplido todos los compromisos de aplicar a sus procesos las mejores técnicas disponibles y son muy pocas las actas de conformidad firmadas por la Consejería de Medio Ambiente, el documento con el que finaliza administrativamente el proceso de implantación de la Autorización Ambiental Integrada.
Inicio de expedientes sancionadores
La casuística de los incumplimientos es muy variada. Hay empresarios que se amparan en la crisis para no afrontar las inversiones que deben hacer y hay otros que practican la misma política del último minuto que emplearon hace dos años, al entregar la documentación que se les exigía para obtener la AAI.
Lo cierto es que la Consejería ha iniciado ya expedientes sancionadores para movilizar a las empresas más remisas. De esta manera se confía en que para el próximo mes de abril todas las hojas de ruta pactadas en su día con los empresarios para llevar a cabo las modificaciones estén en proceso de ejecución.
Sniace como ejemplo
Si algunas empresas se muestran poco diligentes, otras han dado un ejemplo de seriedad. Es el caso de la que, por muchas razones, suele surgir cuando se relaciona industria y medio ambiente: Sniace. La empresa de Torrelavega, tantas veces criticada por el impacto ecológico de sus procesos de fabricación, ha invertido veinte millones de euros en una enorme depuradora, tan grande como la construida en la Vuelta Ostrera para sanear la cuenca del Besaya. Un esfuerzo que no solo pondrá fin a sus polémicos vertidos a la Ría de San Martín, sino que indica una voluntad de permanencia en el tejido industrial de Cantabria.
Aunque esta sea la acción más relevante, Sniace ha llevado a cabo otras que mejoran sensiblemente su relación con el entorno. Es el caso del filtro instalado para impedir la emisión a la atmósfera del sulfuro de hidrógeno (SH2), algo que el olfato de los torrelaveguenses agradece.
Solvay también está en camino de completar su hoja de ruta. En su caso, se ha ampliado el plazo para la depuración de los vertidos sólidos que evacúa por el emisario de Usgo, para darle tiempo a estudiar una posible reutilización, ya que parte de ellos podrían tener una salida comercial.
Control en tiempo real
Una de las novedades que acompañan a la implantación de la AAI, es la forma de controlar las emisiones y los vertidos de las industrias, para saber si se ajustan a los límites marcados por la ley. Las nuevas tecnologías permiten que la lectura que hacen los sensores colocados en chimeneas pueda ser conocida en tiempo real por los técnicos de la Consejería, desde el ordenador de sus despachos. Esos sensores de chimenea ya están colocados en las industrias potencialmente más contaminantes y en este momento se trabaja en la conexión vía GSM o vía radio con las bases de datos de la Consejería.
El control también incluye medidores en puntos de vertido líquido, pero, en este caso, la lectura de los datos no es inmediata, porque la muestras deben ser enviadas al CIMA para su análisis. En cualquier caso, es la primera vez que en Cantabria se toman muestras de vertidos líquidos a medida que se producen.
Si al control de los gases que emiten las chimeneas industriales se suma el que hace la red de once estaciones para analizar el aire que respiramos, Cantabria nunca ha contado con una atmósfera más vigilada. Y esa vigilancia empieza a dar sus frutos: el aire que respira ahora la región es el más limpio desde hace muchas décadas. Una muestra más de los beneficios de la Autorización Ambiental Integrada.