El mercado de los riesgos laborales cambia las reglas del juego

Se avecinan nuevos tiempos para las 29 mutuas que existen en España. El Gobierno proyecta separar sus actividades de prevención ajena de las propiamente mutualistas, lo que las obligará a crear sociedades independientes –desde el punto de vista físico y contable– para prestar servicios ajenos de prevención. Y eso, en un mercado tan atomizado como el de la prevención de riesgos laborales, va a dibujar un panorama muy distinto al actual, con un aumento de la competencia.
El choque de intereses entre mutualidades y empresas privadas de prevención surge desde el mismo momento en que las mutuas son autorizadas para realizar actividades de prevención, compitiendo con una estructura mucho más poderosa que les ha permitido hacerse con la mayor parte del mercado. El hecho de compartir personal y medios físicos para ambas tareas les facilita trabajar con menores costes, algo que los servicios de prevención califican como “competencia desleal”.
La futura ley llega así para igualar las cosas entre los distintos servicios de prevención que, a partir de este Real Decreto, sólo se diferenciarán por su forma de atender y fidelizar a los clientes. Aunque lejos de equilibrar el mercado, la nueva regulación también puede inclinar la balanza hacia el otro lado y permitir que las empresas de prevención capten parte del negocio que han capturado las mutuas, especialmente si consiguen especializarse en áreas determinadas.
En cualquier caso, se desconoce cuándo puede entrar en vigor la normativa que moverá algunos cimientos que se asentaron en los reglamentos de prevención de 1995 y 1997. Lo único que parece claro es que no estará lista para enero del 2005, como estaba previsto, porque las mutuas necesitan un plazo para adaptarse. “Las mutuas tienen poco tiempo. Por eso, es posible que el Gobierno ofrezca una moratoria y el proceso se alargue, como mínimo, un año”, explica el director de Asepeyo en Cantabria, Julián Gómez Girón.
Julio Bartolomé, director de la Mutua Montañesa, deja claro que su colectivo no se opone a la medida, siempre que se aseguren unas condiciones de viabilidad. “Tenemos que conocer el marco legal cuanto antes y debe incluir periodos de adaptación largos”, manifiesta.
Cierto es que tampoco todas las mutuas están en la misma situación. Asepeyo, por ejemplo, no percibirá los efectos de la reforma porque hace tiempo que apostó por separar totalmente los servicios de prevención de los centros asistenciales. “La Ley de Prevención ya lo apuntaba y el cambio tenía que llegar tarde o temprano”, apunta Gómez Girón.
Haber diferenciado totalmente las cuentas, como Asepeyo, no es lo habitual pero la mayoría de las mutuas se prepara para ello. “Nosotros ya hemos inaugurado una nueva sede separando físicamente las infraestructuras asistenciales de la prevención”, comenta el director provincial de Mutual Cyclops en Cantabria, Roberto Tazón. Un proceso de adaptación complejo, ya que las mutuas disponen de centenares de locales compartidos con la Seguridad Social. “Lo más difícil no es la separación contable sino la física, porque salir ahora a buscar locales alternativos no tiene sentido desde un punto de vista económico”, explica Julio Bartolomé.
Hay mutuas como Cyclops que se muestran escépticas sobre la posibilidad de un cambio inminente: “La propuesta del Gobierno no convence a nadie y mucho menos a los agentes sociales. Se han puesto en tela de juicio casi todos los aspectos del decreto y, en caso de aprobarse, será con muchas matizaciones”, sostiene Tazón.
Desde la Mutua Montañesa también esperan que se produzcan cambios sustanciales en el borrador ya que, tal como está planteado, tiene la virtud de no convencer a ninguna de las partes, ni a la patronal de las mutuas (AMAT), ni a la asociación que agrupa a los servicios de prevención ajena (ASPA).

Las consecuencias para el sector

En realidad, la normativa está causando cierto revuelo en el sector no tanto por el dinero que ingresan las mutuas por los servicios de prevención ajena –que sólo representan un cuatro o cinco por ciento de todos los recursos económicos que gestionan– sino por el número de empleados dedicados a estas actividades dentro de las entidades mutualistas, que sobrepasa con mucho este porcentaje. Esa es la auténtica razón de que los sindicatos vean en la normativa un claro peligro para la estabilidad de los trabajadores asignados a los servicios de prevención de las mutuas, entre 6.000 y 8.000 en toda España, según distintas fuentes.
La inquietud entre los trabajadores parece lógica al pasar a depender de otra empresa. “El personal está preocupado –confirma el director de Mutua Montañesa– porque hay más de cien personas adscritas a los servicios de prevención y, de momento, hay demasiadas incógnitas”. No obstante, estos trabajadores no perderían sus condiciones laborales pero, en opinión de Bartolomé, “temen depender de otra sociedad con menos fortaleza que la mutua”.
Nadie sabe en realidad lo que puede ocurrir cuando se aclare el marco legal. Hay quien supone que mejorarán las perspectivas de empleo por la necesidad de más especialistas en prevención de riesgos laborales y más personal médico para el área de vigilancia de la salud. Una idea que comparten en Mutual Ciclops, donde afirman estar muy tranquilos porque no sólo no prescindirán de ningún trabajador sino que, en todo caso, ampliarán la plantilla.
En la evolución de las tarifas tampoco hay coincidencia. Unos creen que las mutuas revisarán las tarifas a la baja para competir en un mercado más abierto. Otros están convencidos de que, por el contrario, los precios irán al alza por el coste de la adaptación de las mutuas a las nuevas circunstancias.
La entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en noviembre de 1995 supuso la aparición de un mercado con claras perspectivas de futuro. Mutuas y servicios de prevención ajena se repartieron la tarta y cientos de profesionales decidieron formarse y obtener la acreditación necesaria para ejercer las funciones de técnico en prevención. Como consecuencia, aunque todavía haya empresas que sigan viendo la prevención como un coste y no como una inversión, existe una mayor cultura preventiva que redunda en la mejora de los índices de siniestralidad.
La prevención no es una mera formalidad y, de hecho, se ha convertido en uno de los principales ejes del acuerdo de concertación social firmado entre el Gobierno cántabro y los agentes sociales. Un pacto que llevará a la creación por ley del Instituto Cántabro de Prevención y a la puesta en marcha de otras iniciativas encaminadas a la reducción de los siniestros como la segunda parte del Proyecto Cero Accidentes de la Comisión Cántabra de Salud.