El PP excluye a patronal y sindicatos del control de la formación para el empleo

La aprobación por el Gobierno en funciones de la convocatoria de ayudas a la formación para el empleo para los años 2016 y 2017 (250 millones de euros), ha exacerbado aún más las diferencias que separan al Gobierno del Partido Popular y a los agentes sociales en el diseño del nuevo modelo. En una nueva vuelta de tuerca en el camino emprendido para excluir a patronal y sindicatos de la gestión de los planes de formación, el Gobierno también acaba de dejar a los agentes sociales fuera del órgano que supervisa la concesión de las subvenciones para la formación de trabajadores.
Si se tratase de fondos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado y recaudados por Hacienda, el control por el Ejecutivo estaría plenamente justificado, pero los recursos para la formación laboral son aportaciones directas de trabajadores y empresarios, aunque la gestión recaudatoria la haga la Seguridad Social. En concreto, las empresas aportan el 0,6% del importe de las nóminas y los trabajadores el 0,1%, con lo que se financia el 100% del gasto en formación de los trabajadores ocupados, mientras que en el caso de los desempleados hay una aportación añadida procedente del Fondo Social Europeo.
De ahí que los agentes sociales reclamen un protagonismo en la gestión de la formación para el empleo que el nuevo modelo, impulsado por el PP, les ha hurtado. Y no solo en la impartición directa de cursos, que es algo a lo que los propios sindicatos habían renunciado tras los escándalos producidos por algunas actuaciones irregulares, sino también en el control de cómo se asignan esos cuantiosos fondos a los centros privados, en el nuevo marco de concurrencia abierta. “El Gobierno central ha aprovechado los casos puntuales de mala gestión para arrinconar a los agentes sociales y le ha salido bien la operación”, lamenta el secretario general de Comisiones Obreras en Cantabria, Carlos Sánchez.

Un negocio de 2.000 millones de euros

En el fondo del malestar que muestran los agentes sociales por su exclusión del órgano estatal que asigna las ayudas, y que depende en última instancia del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), se encuentra la sospecha de que se trate de favorecer a las grandes empresas que operan en el sector de la formación.
La cuota procedente de las nóminas que se dedica a la formación para el empleo recauda en España cerca de 2.000 millones de euros al año. A pesar de que, con la caída del empleo, las cotizaciones ha disminuido casi en un 30%, la cantidad sigue siendo lo bastante elevada como para alimentar a todo un sector, el de los centros de enseñanza especializados en la formación para el empleo, y es muy atractiva para las grandes empresas de formación. Especialmente, tras la drástica reducción del pago anticipado de subvenciones a quienes impartían estos cursos, que ha expulsado del sector a las ONGs, a los pequeños centros y a las fundaciones sindicales (Forem de CC.OO e IFES, de UGT).
“El Gobierno central ha apostado por un modelo que da muchas oportunidades a las grandes empresas en el terreno de la formación” –asegura Carlos Sánchez– quien refuerza su argumento añadiendo que “además, ha establecido un sistema de pago por el que solamente van a poder permitirse impartir formación aquellos que tengan recursos”.
Hasta la aplicación del nuevo modelo, las entidades a las que se les adjudicaban las acciones formativas recibían por anticipado el cien por cien del coste de los cursos, para poder financiar los gastos en que incurrían. La nueva ley ha introducido profundos cambios en la forma de pago y, ahora, la cantidad que los centros reciben anticipadamente se ha limitado al 25% del coste de la acción formativa. Cuando se inicia reciben un 35% más y el 40% restante solo lo cobran cuando justifican ante la Administración la completa impartición del curso, algo que suele demorarse en Cantabria unos cuatro meses.
Esta nueva fórmula ha situado a los centros ante un escenario en el que se ven obligados a financiar los cursos con sus propios medios económicos o acudiendo a un crédito bancario. “O tienes caja o no haces formación” –resume Carlos Sánchez–. “Puede ocurrir que haya entidades que se agrupen y puedan conseguir fondos suficientes para hacer frente a los compromisos que adquieren con las subvenciones o, simplemente, desaparezcan del mapa; ahora lo vamos a ver porque saldrá en breve la oferta de formación para el empleo en Cantabria y veremos qué operadores aparecen ahí”, advierte el secretario general de Comisiones Obreras en Cantabria.
Otro motivo de preocupación para los agentes sociales es que ni siquiera se destina a formación la totalidad de lo que aportan trabajadores y empresas con este fin. Según los cálculos de Comisiones Obreras, en 2013 se desviaron cerca de 500 millones de euros a cuestiones no vinculadas con la formación. Por lo que respecta a Cantabria, tan solo revierte a la comunidad el 40% de lo que los trabajadores cántabros aportan de sus nóminas a los fondos.

Más protagonismo en Cantabria

Aunque los agentes sociales hayan sido excluidos en el ámbito estatal del control en la asignación de estos recursos, la batalla puede reproducirse en cada autonomía. Comisiones ya ha trasladado al Gobierno cántabro su deseo de participar en el órgano que decide en la región sobre la adjudicación de cursos a los centros y que depende del Emcan (Servicio Cántabro de Empleo). “Queremos estar en la toma de decisiones sobre quién hace la formación para poder valorar la calidad de lo que se imparte” –subraya Carlos Sánchez–. “Creemos que no se pueden dilapidar recursos en acciones formativas que no sirven para nada; pero primero necesitamos saber hacia dónde debemos dirigirnos para que la economía de Cantabria sea más productiva y más competitiva”, concluye.