Igual, pero distinto
Zaballa, que fue nombrado a propuesta del PSOE, había manifestado su voluntad de dejar sus responsabilidades en la entidad tras abandonar la vicesecretaría general del partido. A pesar de que en los últimos tiempos su papel se había centrado en la Obra Social, Zaballa fue el muñidor del acuerdo entre partidos para dar estabilidad a la Caja y cambió el tono de la participación de las fuerzas minoritarias en el Consejo, al adoptar una posición mucho más activa en el control de la gestión que sus antecesores.
Por su parte, José Ramón Saiz, que llegó a la Caja de la mano de UPCA, ha salido del Consejo más por la pérdida de confianza del PP, que le mantuvo en la renovación precedente, que por las modificaciones legales. Su presencia al frente de la Comisión de Control siempre ha resultado conflictiva para el resto de los grupos y especialmente para los populares, al dar un notorio y a veces conflictivo protagonismo a una Comisión tradicionalmente descafeinada y que bajo el mandato de Saiz se ha convertido en un auténtico contrapoder.
Los duros informes de Saiz, su rechazo a algunas operaciones, la filtración de información interna en la que ha aflorado esta posición distante de la Comisión de Control con respecto a varias decisiones del Consejo, se han convertido durante estos años en un auténtico quebradero de cabeza para el presidente de la entidad, para sus máximos ejecutivos y para el propio Partido Popular. Una tensión que no se relajó, siquiera, con el nombramiento de Saiz como presidente de la Comisión del Centenario, con amplio poder y un generoso presupuesto.
Si estas sustituciones resultaban previsibles, también lo eran los nombramientos. A pesar del espíritu despolitizador que inspiraba la nueva ley nacional de Cajas, el ex secretario general del PP cántabro, Carlos Saiz, continuará como presidente, una responsabilidad que la ley cántabra ha permitido que a partir de ahora pueda estar remunerada. Para el resto de los cargos ha vuelto a funcionar como un reloj el pacto que alcanzaron los partidos mayoritarios, cuando la entidad atravesaba momentos difíciles, para alejarla del debate político. El PRC, que anteriormente tenía la vicepresidencia primera, asume la presidencia de la Comisión de Control, en la persona del alcalde de Puente Viesgo, Rafael Lombilla, pero nadie duda de que la relevancia de esta Comisión será mucho menor que en manos de José Ramón Saiz, quien se queda sin cargos institucionales por primera vez desde hace doce años y acaba de incorporarse a un nuevo proyecto político, Unidad Cántabra, que tratará de competir en las próximas elecciones con el PP y el PRC.
El PSOE, por su parte, conserva la presidencia de la Obra Social, que estará bajo la tutela de Jesús Cabezón, recién nombrado consejero, y cambia la secretaría del consejo por una vicepresidencia segunda, que ocupará el alcalde de Mazcuerras.
El Consejo ha nombrado vicepresidente primero a Andrés Ceballos Rodríguez, representante de los impositores y secretario a Miguel Angel Castanedo, nombrado por las entidades de prestigio, en este caso por la CEOE.
A pesar de que la representación de extracción política en la Asamblea de la Caja se ha reducido desde el 65% anterior al 50%, por imperativo de la nueva ley, y que su peso formal en el consejo ha bajado, la realidad es que los partidos siguen copando los órganos decisorios, algo que era fácil colegir del sistema de elección interna establecido por la ley cántabra.
