INTRA,
Hace ahora diez años, cuando el mundo se acostaba anonadado por la primera guerra emitida en directo por televisión y veía como los misiles americanos iluminaban los cielos de Bagdag, una curiosa comitiva llegaba casi de puntillas al Juzgado de Guardia de Santander. Se reclamaba la presencia del juez para sellar una solicitud de suspensión de pagos. El juez, en ese momento no podía atenderlo, pero daba lo mismo. Los solicitantes tenían prisa y les bastaba con que la secretaria pusiese un sello de registro sobre el papel haciendo constar el día y la hora en que se entregaba.
Era el principio del fin de Intra, pero a pesar de todo, estaban satisfechos. A lo largo de todo aquel día 4 de febrero de 1991 había corrido el rumor de que Saudesbank podía pedir la quiebra de la corporación financiera cántabra. El banco árabe-español le había prestado 7.000 millones de pesetas cuatro meses antes sin ninguna garantía y estaba cada vez más convencido de perderlos. Por eso, el objetivo de los administradores de Intra era presentar la suspensión al menos un minuto antes de que sus acreedores instasen la quiebra, para eludir las responsabilidades penales.
La empresa controlada por los hermanos Serrano en un 60% estaba herida desde que el Banco Santander retiró su respaldo económico y, como consecuencia de su elevado riesgo en valores, había entrado en barrena tras el crash bursátil que siguió a la invasión de Kuwait por Irak. Como un castillo de naipes se caía un imperio cuyos activos se valoraban poco antes en 37.000 millones de pesetas y desaparecía un rey midas, José Miguel Serrano, que entre 1985 y 1989 parecía capaz de convertir en oro todo lo que tocaba.
La crisis de Intra era el preludio de la caída de todo el grupo y era el primero de una ristra de acontecimientos nefasta para la región. Con pocas semanas de diferencia, desaparecía Pepe el del Popular, dejando un agujero de 5.000 millones de pesetas y pedía la suspensión de pagos Sniace. Para colmo, se hundía el último banco del ranking español, algo que no tuvo trascendencia en prácticamente ningún lugar… excepto en Cantabria, ya que la Caja de Ahorros le había hecho importantes préstamos y todas las empresas públicas de la región tenían allí sus depósitos. Mientras que el resto del país todavía vivía bajo los efluvios de un espectacular boom que duraría hasta después de los Juegos Olímpicos y la Expo de Sevilla, en Cantabria se anticipaba, con un año y medio de adelanto, una penosa crisis económica que llegaría a cotas de crecimiento negativo.
Un 3% para los acreedores ordinarios
Diez años después, la historia de Intra aún no se ha cerrado. La rapidez con la que los acreedores preferentes lograron cobrar aprehendiendo paquetes de acciones que la sociedad poseía en el Banco Santander, en Cementos Lemona o en Faes resultó engañosa. El resto hubieron de esperar a la lenta liquidación de los activos inmobiliarios que aún continúa.
Hasta el momento, los más de 1.500 acreedores ordinarios que se acreditaron como tales han cobrado aproximadamente el 3% de la deuda que reclamaban en tres derramas y aunque restan activos por liquidar, difícilmente llegarán a ver resarcidos el 5% de sus derechos.
Las ventas realizadas por los liquidadores hasta ahora han deparado 916 millones de pesetas. La principal aportación ha procedido de la adjudicación del Edificio de Piedra, del Paseo de Pereda, en 512 millones de pesetas. Los liquidadores también enajenaron unos terrenos en El Astillero y varias propiedades en Santander, como el edificio ubicado en el número 2 de la calle Rubio, el magnífico bajo que ocupa el Banco Urquijo en la Calle Amós de Escalante, junto al Ayuntamiento, y varios pequeños locales en Floranes.
El patrimonio de Intra que queda por vender es de resultados poco precisables, dado que en su mayoría son acciones sin cotización de sociedades vinculadas. Por esa vía podrían llegar a obtenerse entre 300 y 400 millones de pesetas. Además, se mantienen dos reclamaciones en los juzgados; una de ellas le exige a Hacienda la devolución de 116 millones retenidos en 1990 y otra de 325 millones reclama los derechos sobre Urlaup, una promotora inmobiliaria que actuaba en Canarias. Igualmente, quedan por vender unos antiguos garajes ubicados en Santoña.
Más dudosos de realizar resultan unos créditos frente a terceros por importe de unos 200 millones. A su vez, Intra está sometida a contingencias judiciales por las que podría llegar a pagar 250 millones.
Una vez queden resueltas estas incidencias, la Comisión Liquidadora dará por concluida su misión, lo que posiblemente ocurra en el plazo de un año.
Una insolvencia no tan provisional
El resultado es muy parco para los acreedores si se tiene en cuenta que el Juzgado valoró en 1994 la situación de la empresa, que por entonces ya pocas sorpresas podía deparar, como de insolvencia provisional, a pesar de exigir la liquidación. El paso del tiempo ha demostrado que difícilmente podía ser provisional si los activos no llegaban para pagar el 5% de la deuda. Algo parecido ocurrió en Sergoysa donde los activos supuestamente eran suficientes para pagar las deudas a todos los acreedores, que en la práctica no han podido cobrar nada hasta ahora.
Hay que reconocer, no obstante, que en este reparto tan menguado de Intra han influido los desmesurados gastos que conlleva la suspensión, superiores en este caso a los 750 millones de pesetas, de los cuales 479 han sido abonados a un despacho de abogados madrileño que contrataron los hermanos Serrano para tramitar el proceso de suspensión.
Fiscalía Anticorrupción
La liquidación pondrá fin a la empresa, pero hoy por hoy no puede asegurarse nada. El caso Intra pasó a la Audiencia Nacional y se tramita ante la juez Teresa Palacios, que tan perseverante se ha mostrado con las cesiones de crédito del Banco Santander. Por otra parte, el hecho de que Román Solana y Fernando Merodio, abogados del pequeño grupo de acreedores que persigue esclarecer las responsabilidades de los administradores, consiguiesen la intervención de la Fiscalía Anticorrupción, contribuye a mantener la incertidumbre.
Por lo pronto, el fiscal asignado al caso, Salvador Viadas, se ha tomado un inusual empeño en tratar de esclarecer el entramado societario de Intra y en su informe ante la juez pone de relieve la conveniencia de analizar el holding en su conjunto para tener una idea clara de su funcionamiento. El fiscal Viadas simplifica enormemente toda la operativa del grupo y cree que la auténtica clave está en los flujos de dinero que se producían entre Intra y las sociedades patrimoniales de los Serrano, de las cuales no tenían que dar explicaciones a nadie, si bien es cierto que en Intra tampoco daban demasiadas. Así recoge casos de operaciones importantes de Intra, como el endeudamiento de 7.000 millones de pesetas con el Saudesbank, del que los hermanos Serrano no informaron al resto del consejo.
Frente a la tesis de la defensa, que sostiene que los hechos han sido ya juzgados en otras instancias, el fiscal sostiene que hasta ahora el caso Intra se ha abordado de una manera muy parcial y eso ha impedido conocer la trama real, en la que, después de observar los flujos económicos entre sociedades observa delitos de apropiación indebida, estafa y falsedad. En su opinión, Intra era la punta del iceberg societario, pero en realidad no era la madre del grupo, como se ha venido dando por supuesto. La auténtica matriz estaba en las empresas patrimoniales de los hermanos José Miguel, Juan Pablo y Luis Felipe Serrano (Mobiliaria Sergoysa, Interinmobiliaria o Cartera Montañesa) que controlaban el 60% de las acciones de Intra y desde las cuales intercambiaban sus activos y pasivos a conveniencia, con objeto de ocultar el endeudamiento. Si bien es cierto que estas empresas patrimoniales en algunos momentos avalan y prestan ayuda a Intra, el balance “es ruinoso para Intra”, según la Fiscalía.
Ventas sospechosas
La crisis de Intra se produjo un año antes de la suspensión de pagos, en opinión del fiscal, y el rastreo de los movimientos que se realizaron entonces indica la existencia de varias operaciones que parecían expresamente diseñadas para camuflar los saldos negativos de más de 9.000 millones de pesetas que tenían con Intra varias sociedades totalmente controladas por la familia Serrano, especialmente con Sergoysa.
Las maniobras dejan perfectamente claro que en esa época los hermanos Serrano eran conscientes de que la compañía iba a la quiebra, y su principal objetivo se orientó a salvar su propio patrimonio desviando grandes cantidades de dinero de Intra hacia las empresas que no compartían con otros accionistas.
Para tratar de justificar los 9.000 millones que salen hacia Sergoysa sin contrapartidas diseñan varias operaciones en las que Intra resultaba siempre claramente perdedora y con ellas llegan a reducir el saldo aparente a 2.600 millones de pesetas, pero no tuvieron tiempo para más. En una de estas operaciones, ya al final de todo el proceso, Mobiliaria Sergoysa vendía a Intra un importante paquete de acciones del Banco Santander, pero en lugar de valorarse al precio del día en la Bolsa (4.485 pesetas) se pagaron a 6.050 pesetas por título, sin tener en cuenta que además estaban pignorados en garantía de préstamos con el Banco Urquijo.
Otra venta sospechosa de Sergoysa a Intra fue la del paquete de acciones de Inmobiliaria Montañesa que procedía de Inversora Santander y que ésta tenía valoradas en 154 millones de pesetas. De esta forma, Sergoysa no sólo conseguía convertirlas en dinero contante y sonante, algo que no es tan sencillo en una sociedad que no cotiza, sino que Intra pagaba por ellas 1.400 millones. Como se sabe, tras la suspensión de pagos se las quedó el Banco Urquijo por 350 millones de pesetas, que finalmente se las vendería a Manuel Ruiz de Villa, accionista mayoritario, por 78.
El fiscal refleja otra operación cuando menos curiosa. El 31 de diciembre de 1990, Intra registra en sus libros una deuda de 3.028 millones de pesetas frente a Sergoysa por una operación clandestina de adquisición de acciones de Cementos Lemona. Aparentemente, se trata de un paquete que Serrano tenía aparcado en el Saudes antes de realizar la OPA frente a Lemona, ya que Intra había acumulado más del 25% autorizado por la CNMV y que debía de servirle para conquistar más fácilmente el 51% de la empresa vasca, lo que al final no ocurrió. Lo cierto es que las acciones se las compra Sergoysa al Saudes, pero no las paga, una aceptación por parte del Banco que éste nunca ha sabido o podido explicar. En cambio, Intra sí se las paga a Sergoysa y en metálico. Por si fuera poco, tras la suspensión de pagos de Intra, la deuda contraída por Sergoysa se imputa a Intra, “por lo que, una vez más, la empresa privativa de los Serrano vuelve a recibir dinero de Intra sin contraprestación alguna”, en palabras del fiscal.
El edificio que Intra se compró a sí misma
Pero, sin duda, la más rocambolesca de las operaciones mediante las cuales Sergoysa va descapitalizando Intra es la que tiene que ver con Inmobiliaria Master, una filial que poseía un edificio de oficinas en la calle General Perón de Madrid. Intra hipotecó el edificio en 1988 hasta 1.250 millones de pesetas, pero un año después vende Master a otra empresa del grupo, Inversora Regional, por 1.347 millones que la compradora nunca pagó. Un año más tarde, ésta se lo vende a Sergoysa, que tampoco paga. Meses después (diciembre de 1990) Sergoysa se lo vuelve a vender a Intra en 1.600 millones de pesetas e Intra, siempre Intra, sí que paga, cancelando deuda de Sergoysa. El resultado de este carrusel de ventas es que Intra recompra una sociedad que realmente era suya y, por si fuera poco, más cara.
Prácticas semejantes y transferencias de dinero sin contraprestación también se realizaron con otras empresas patrimoniales de los Serrano, como Interinmobiliaria y Cartera Montañesa, pero el fiscal considera que excede de su trabajo el saber qué hicieron éstas finalmente con el dinero y que debe ser tarea del defensor de los hermanos Serrano el justificarlo. Para dar una idea de las dificultades que tendría esa prospección indica que sólo Sergoysa manejaba 50 cuentas corrientes, nueve más de préstamo y tres de crédito.
Las aventuras de la contabilidad
La contabilidad de Intra y de Sergoysa fue destruida en un acto de sabotaje que los Serrano atribuyeron a los empleados, una tesis que el fiscal, a la vista de estas evidencias, pone entre interrogantes, aunque el episodio ya fue investigado y el juez dio por buena la versión de la familia. Lo cierto es que, si se hizo con ánimo de ocultar la deuda de miles de millones de pesetas que Mobiliaria Sergoysa, propiedad exclusiva de los hermanos Serrano, mantenía con Intra, que también administraban pero en la que había otros intereses ajenos, no sirvió de mucho, porque la contabilidad de Intra acabó por llegar a los juzgados a través del periódico El Mundo. Una mujer a la que el rotativo no quiso identificar, utilizando su derecho a preservar las fuentes, le había entregado un paquete de disquettes con las cuentas de la empresa cántabra.
En esa contabilidad se pone de manifiesto, también, algo que ya revelaron los auditores de Coopers & Lybrand, el desmesurado endeudamiento de Intra mediante pagarés, muy superior al declarado y autorizado por la Comisión Nacional de Valores (7.000 millones). En junio de 1990, los pagarés captados sumaban más de 12.000 millones de pesetas, unas circunstancias que, de haber sido conocidas en el mercado, hubiesen provocado una crisis de credibilidad sobre la compañía y la hubiesen impedido seguir recogiendo más dinero de terceros, algo que siguió haciendo prácticamente hasta el día de la suspensión de pagos, a pesar de ser perfectamente conscientes sus gestores de que no podrían devolverlo.
El hecho de que la CNMV diese conformidad a la renovación de los pagarés fue decisiva para que en anteriores episodios judiciales del caso Intra se considerase que no hubo estafa. Una apoyatura que hubiese desaparecido de confirmarse la tesis del fiscal de la Audiencia Nacional de que la información que Intra facilitó a la Comisión de Valores para conseguirlo era totalmente incierta.
Exceso de confianza
Hasta 1990, el mercado no había mostrado reticencias hacia Intra, a pesar de que la sociedad ya tuvo su primer tropiezo en 1988 cuando el Banco Santander le retiró una línea de crédito de 1.500 millones de pesetas, lo que les obligó a retrasar el pago de un talón por operaciones bursátiles. La noticia sorprendió entonces a los inversores, que hasta ese momento estaban convencidos de que Intra y el Banco Santander tenían una relación muy estrecha, tanto por el hecho de que la familia Serrano controlaba el segundo paquete de acciones en importancia del Banco como por la presencia de José Miguel Serrano en el consejo del Santander. Esas circunstancias y el activo papel que el Banco tuvo durante años en la colocación de las emisiones de Intra habían creado la sensación de que, de alguna manera, respaldaba las aventuras financieras de la familia Serrano.
En realidad, las relaciones personales nunca fueron muy estrechas y se hicieron distantes cuando José Miguel Serrano se lanzó a una acumulación muy rápida de acciones del Banco sin pedir el beneplácito de la familia Botín. El presidente del Santander decidió cortar el grifo financiero que Intra había manejado generosamente para comprar acciones del propio Banco, cuando empezó a sospechar que Serrano parecía lanzado a la conquista de la entidad bancaria con el dinero que les prestaba la propia entidad.
Avalancha de emisiones
Los Serrano se vieron obligados a buscar, con no pocas dificultades y concesiones, el apoyo de otras entidades bancarias, entre ellas el Urquijo y el Saudesbank, un banco especializado en meterse en problemas, a tenor de los que ha llegado a acumular. Pero su imperio, basado en la realización de plusvalías, anunciaba una situación de colapso en cuanto la Bolsa dio el primer susto. Intra se vio obligada a forzar la máquina de captar dinero. En medio de un clima económico que seguía siendo eufórico, las emisiones de papel de la corporación cántabra se sucedían.
Los inversores de Intra, que hasta ese momento habían conseguido espectaculares plusvalías, seguían siendo receptivos a las apelaciones de los Serrano hasta que, a mediados de 1989, el mercado dio síntomas de no poder absorber todo el papel que lanzaba Intra. En poco tiempo había concentrado una emisión de 4.000 millones de pesetas en bonos, otra de 7.000 millones en pagarés, una tercera de su filial Cartera Montañesa y aún anunciaba una ampliación de capital en Intra de una acción nueva por cada tres antiguas al 400% que no se llegó a producir.
El grupo se había convertido en una auténtica aspiradora del ahorro cántabro y el mercado local ya no daba más de sí. Los Serrano buscaron, entonces, nuevos accionistas y bonistas en Barcelona y, sobre todo en Valencia, donde encontraron la colaboración de una de las cajas de ahorros para la colocación de un importante volumen de papel. Pero hacía tiempo que ya se le había atragantado. A finales de 1989, con un capital social de 4.513 millones de pesetas, sólo cotizaba el 33% de las acciones emitidas.
El fracaso de Lemona
José Miguel Serrano volvió a intentar lo que en varias ocasiones le había dado resultado: capturar una de las muchas empresas bursátiles tradicionales que viven una existencia lánguida, porque sus beneficios no son espectaculares, pero que en realidad son pequeñas joyas ya que han acumulado a lo largo de su vida inmuebles o participaciones en empresas no cotizadas que pueden segregarse y ofrecer grandes plusvalías.
Su objetivo fue Cementos Lemona, una sociedad de la que el consejo de administración apenas controlaba un 5% y que, con las grandes necesidades de cemento que requiere la ampliación del puerto de Bilbao, podía ser codiciada por las compañías extranjeras que en ese momento trataban de desembarcar en España.
Serrano planteó una OPA hostil y, como ya le ocurrió en Inmobiliaria Montañesa, desató un inesperado movimiento interno que le respondió con la ayuda del BBV. Frente a un rival semejante, la batalla se hizo muy difícil. Al presentarse una contraopa, la ley le obligó a mejorar su oferta y ampliarla a la totalidad del capital, lo que le condujo a una vorágine de imposible salida. El precio se convirtió en disparatado e Intra se vio obligada a pagar cantidades astronómicas por unas acciones que poco después no le servirían para nada, ya que no consiguió la mayoría.
Las acciones de la cementera bajaron con fuerza después del fracaso de la opa. Intra no tuvo otro remedio que vender para pagar los créditos y empezó por las propias acciones de Lemona, lo que supuso aflorar las minusvalías y hacer evidente su situación de insolvencia. En octubre de 1990 entregaba el grueso de su paquete a Portland de Navarra por 6.500 millones. Más tarde vendía el resto a Cosmos a cambio de 2.580 millones, pero el dinero pasaba directamente al Urquijo en pago de la deuda contraída.
El colapso
Simultáneamente, comienza a deshacerse de los títulos de Faes. Un primer paquete del 8% lo vende a la familia Entrecanales por 2.500 millones y, más tarde, el 10% restante se verá obligada a emplearlo para sufragar otras deudas bancarias.
La herida ya estaba convertida en auténtica hemorragia. Los títulos que puso en venta antes de la suspensión de pagos originaban unos ingresos de 16.421 millones de pesetas, 9.021 menos del valor con que figuraban contabilizados. El desenlace se aplazó con la pignoración de otros títulos y propiedades, pero el 4 de febrero de 1991 llegó el inevitable colapso. Los efectos presentados al cobro ese día no pudieron ser atendidos. La sociedad se ve obligada a pedir la suspensión de pagos y arrastró a Mobiliaria Sergoysa. Aparentemente podía salvarse Cartera Montañesa, pero era sólo cuestión de tiempo.
En la posterior junta de accionistas, sólo hubo una voz crítica y la intervención de José Miguel Serrano fue cálidamente aplaudida. Pero era otro espejismo más. El entramado societario completo había desaparecido y no quedaba nada que repartir.
Del hundimiento del grupo no se han derivado, por el momento, responsabilidades penales, pero aún no pueden descartarse. Queda por sustanciar un recurso contra la sentencia emitida por la Audiencia Provincial en el caso Sergoysa y una denuncia contra los hermanos Serrano Goyría ante la Audiencia Nacional, donde el resultado es mucho más incierto. Si la juez Teresa Palacios atendiese las tesis del fiscal y se presume que el proceso de la suspensión de Intra está viciado desde el principio podría dar lugar, incluso, a una retroacción de todo lo ocurrido hasta ahora y a la vuelta del caso al Juzgado Número 1 de Santander. Una hipótesis que no cabe descartar pero que no resulta muy verosímil ante el cúmulo de acontecimientos de los diez últimos años que resultaría necesario desbaratar. Lo que sí es seguro es que, dada la evolución de la Bolsa desde entonces, el patrimonio bursátil que tenía Intra, de ser recuperado, hoy serviría holgadamente para atender todas las deudas.
