Inventario

Control para el dinero público

El fiscal Fungairiño, tan atento siempre a los guiños del Gobierno, ha tomado la iniciativa y ha tirado de la gruesa manta que cubre algunos cursos de formación profesional realizados con fondos públicos. En una denuncia realizada por vía penal ha puesto en entredicho la verosimilitud de 500, aunque la Brigada de Información Económica y Financiera de la Seguridad Social estima que el 95% de los cursos presentan irregularidades. ¿Escandaloso? Por supuesto, pero más escandaloso es que todo el mundo haya sido consciente de ello desde hace mucho tiempo sin tomar medida alguna. Hace unos pocos meses se desvelaba el caso de un dirigente agrario cántabro cuyas empresas han podido recibir hasta 400 millones de pesetas por cursos que en muchos casos ni siquiera se impartieron.
¿Por qué aflora ahora el escándalo? No hay que ser muy sagaz para comprender que es una respuesta del Gobierno a la pasada huelga general, que le dejó más tocado de lo que había previsto, y basta ver los resultados de las encuestas que realiza el CIS. Si los sindicatos, que dan buena parte de los cursos, se rebelan, el Gobierno les aprieta las tuercas financieras a través de la, en teoría independiente, fiscalía. Pero esta política revanchista pone de relieve que no sólo existe un problema serio, sino dos. Es muy grave que los sindicatos y patronales se hayan podido financiar irregularmente a través de unos fondos europeos que debieran servir para mejorar la cualificación profesional de nuestros trabajadores o para conseguir que los parados se procuren un empleo. Pero es igual de grave que la autoridad entre en ese juego y lo admita o lo persiga en función de sus intereses de cada momento. Las normas están para ser cumplidas siempre y lo contrario es prevaricación. Y da la impresión de que en todo el ámbito de las ayudas y subvenciones con dinero público hay un descontrol aterrador, que no sólo produce despilfarro, sino que perturba el libre mercado, algo muy distinto de lo que el Gobierno pregona para la liberalización económica del país.
Recientemente hemos conocido en Cantabria las objeciones que ha puesto el Tribunal de Cuentas a la falta de transparencia de algunas de las ayudas que ha concedido el Gobierno cántabro a las empresas. Hace tiempo que ni siquiera podemos saber a qué compañías avalamos y cuántos de los avales concedidos han sido ejecutados porque los beneficiarios no devolvieron el dinero prestado. Y nadie puede pensar que eso es un acto privado. Es dinero público, pagado por todos los ciudadanos que, como poco, tienen el derecho a saber qué se hace con ello. Las subvenciones siempre tienen que ser transparentes y si alguien no está conforme con que su nombre aparezca como beneficiario de ayudas públicas, lo tiene bien fácil. Sólo ha de renunciar a ellas.

Los nuevos verdes

Si sus clientes piensan en verde, ¿no será mejor ir comprándose un traje verde? Porque lo primero de todo es vender. Eso lo han comprendido ya muchos fabricantes de productos de gran consumo y al paso que vamos, será el leit motiv de todas las empresas, hasta el punto que las multinacionales han dejado poco menos que en ridículo al presidente Bush, que por lo general se basta solo. Cuando ya creíamos que lo habíamos visto todo, llega la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de Johanesburgo y frente al marasmo general se manifiestan los de siempre (Greenpeace) pero esta vez apoyados por varias de las principales compañías petrolíferas del planeta, Coca-Cola y algunos de otros de los malos tradicionales, pidiendo a los Gobiernos de todo el mundo que impongan medidas más severas en contra de la contaminación. ¿Y ahora qué hacemos?
Semejante alianza puede parecer una tomadura de pelo, pero pone en evidencia que las multinacionales son mucho más listas de lo que parece y, sobre todo, tienen una capacidad de adaptación que les diferencia de cualquier otra empresa. Por supuesto que ellas resultarían perjudicadas si se adoptasen las medidas que piden, pero saben muy bien que sus competidores estarían en peores condiciones para hacerlo, con lo que logran dos objetivos: convertirse en los abanderados de un mundo limpio y moderno, con un espectacular lavado de imagen, y retirar del mercado a muchos rivales sin capacidad para adaptarse.
El mundo es imagen y quien crea lo contrario tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir a largo plazo. El problema es que estos cambios bruscos de posición descolocan a los teóricos económicos más conservadores y algunos políticos, como le ha pasado a Bush. El presidente norteamericano se ha negado a asistir a la Cumbre y ha anunciado que no piensa cumplir el Protocolo de Kioto, firmado por su país, con el argumento de que si sus empresas contaminantes hicieran inversiones para reducir sus emisiones de CO2 eso daría lugar a una subida en los precios de los productos que fabrican y esa subida empeoraría la capacidad de compra de los ciudadanos norteamericanos (?) sin tener en cuenta que, en realidad, son ellos los que hacen dumping medioambiental frente a todos los demás que sí aceptamos pagar ese costo. ¿Pero cómo podía pensar el presidente norteamericano que sus protegidos más notables le saliesen respondones y verdes? Menos mal que sigue teniendo a Sadam Husein y a Bin Laden que no cambian de bando de la noche a la mañana.

Los amigos del presidente pasan apuros

Hace dos años, Endesa valía en Bolsa 22.752 millones de euros e Iberdrola 13.829, aproximadamente la mitad. Al día de hoy, y por primera vez, Iberdrola vale más que Endesa y ambas están en el mismo negocio. Pero Manuel Pizarro, presidente de Endesa, no es el único amigo de Aznar que pasa por problemas. César Alierta (que es más amigo de Rato) también tiene serias dificultades al frente de Telefónica, que este año perderá nada menos que un billón de pesetas, y Alfonso Cortina, presidente de Repsol, ha tenido que vender todo lo vendible para tratar de salir del agujero negro en que ha caído la compañía. Tanto Endesa como Telefónica y Repsol fueron, durante la pasada legislatura, los ejemplos utilizados una y otra vez por el Gobierno para significar los beneficios de la privatización de empresas públicas tanto por su efecto sobre los precios como por la espectacular revalorización bursátil que enriquecía a los compradores de acciones.
Fue como descorchar una botella de champán. Con la fuerza hasta entonces contenida, Telefónica, su filial Terra, Repsol y Endesa se comían el mundo, sobre todo el sudamericano. E inmediatamente lo que era una coyuntura se convirtió en toda una nueva teoría económica. Hubo algún teórico que incluso llegó a cuantificar en abstracto el efecto que tienen las privatizaciones sobre el PIB. Y los periodistas, con más ingenuidad aún, recogíamos una y otra vez los ingresos obtenidos por el Estado como producto de la venta de empresas, sin tener en cuenta que en el otro plato de la balanza se encontraba la pérdida de aportaciones futuras que estas tres empresas estaban haciendo a los Presupuestos del Estado vía beneficios.
El tiempo ha dejado las cosas en su sitio. Es lógico que se privaticen las empresas públicas, como ya se venía haciendo, pero no era la panacea universal que algunos quisieron ver. En primer lugar, porque sólo se han vendido las empresas rentables y eso es sencillo (ya es hora de privatizar Hunosa, o los astilleros Izar, que nos quitarían de encima un enorme lastre económico). En segundo lugar, porque se ha producido una colusión de intereses equívoca. No es normal que en todas las empresas vendidas por el sector público hayan permanecido los presidentes nombrados por Aznar, y si algún cambio hubo, como la salida de Villalonga, no fue por imposición de los nuevos accionistas, sino del antiguo patrón, o por propia voluntad, como el de Martín Villa, que fue sustituido por otro amigo del presidente.
La economía tiene muy pocas recetas mágicas. De creer a algunos medios, sólo las de Greenspan y, como todas, funcionan cuando funcionan. Con el mismo equipo económico y con la misma política, en España hemos pasado en sólo dos años del 12.000 en el IBEX al 6.200 y de una inflación del 1,2% a casi el 4%, (curiosamente en los dos terrenos los gráficos están a punto de volver a las mismas cifras que dejó el PSOE en 1996). Todo ello demuestra que los vaivenes son incontrolables y los políticos debieran tener mucha más humildad al atribuirse las mejoras, tanta como los analistas para no sacar conclusiones apresuradas.