INVENTARIO

Oscuridad sobre el Objetivo 1

Cuánto dinero llegará realmente de Europa? ¿Quién lo gestionará y a quién va? Aparentemente, todas estas preguntas tienen una respuesta escueta y directa, pero en la práctica hay pocas cosas más intrincadas que el conocer los importes de las ayudas que llegarán a Cantabria en los próximos años, quizá porque alguien se empeña en que cada vez el proceso sea más oscuro y basta con echar una ojeada a los Presupuestos regionales para el 2002.
PDR, planes operativos, marco comunitario de apoyo, phasing out, cantidades contradictorias… Un enorme embrollo que acaba por oscurecer el ya de por sí complejo Objetivo 1. El bombardeo de datos dispares ha hecho casi imposible el seguimiento de la información para el lector medio al que en la presentación del PDR por parte del anterior consejero de Economía, se le deslumbraba con una cifra estratosférica, 616.000 millones de pesetas de inversión en el septenio, y más tarde ser le forzaba a considerar como todo un éxito que la dotación definitiva de la UE sea de 62.894 millones.
Los motivos de confusión no son escasos y el primero de ellos se encuentra en las fechas. Las aportaciones comunitarias al nuevo Objetivo 1 en proceso de salida para Cantabria se han aprobado… en marzo del 2001 cuando su periodo de vigencia empezó el 1 de enero del 2000. ¿Quién ha sido el culpable? Desde la Administración cántabra se echó la culpa a la burocracia de los funcionarios de Bruselas, pero lo cierto es que la Administración española no envió los Planes de Desarrollo Regionales hasta el mes de noviembre. En cualquier caso, Federico Santamaría minimizó las repercusiones del retraso asegurando que eso no impidió que en el año 2000 ya se ejecutase al 100% la dotación comunitaria, algo que el diputado de la oposición Angel Agudo considera prácticamente imposible cuando se desconocía cuál iba a ser la cuantía.
Cualquiera podría pensar que todo está resultando mucho más sencillo a partir del segundo año, que ya no estaría afectado por el retraso, pero cada vez son mayores las dudas. Por lo pronto, ya no podemos conocer qué parte del Objetivo 1 invierte el Estado y que parte la autonomía, una maniobra que probablemente va dirigida a encubrir una sensible merma de las ayudas globales.
Los Presupuestos de cantabria para el 2002 ni siquiera permiten saber de qué fondos comunitarios procede el dinero que enviará Bruselas, como ha ocurrido siempre, desde que España entró en la CE. Todos los ingresos comunitarios se computan en una única partida, ya sean del Feoga, del Feder o del Fondo Social Europeo, a pesar de que tienen destinos perfectamente diferenciados, con lo que el Gobierno regional ya no distingue entre primas para vacas nodrizas, formación de desocupados, construcción de carreteras o ayudas a la investigación. Claro, que tampoco se especifican este año el monto de la participación de Cantabria en el IRPF o las tasas y el resultado es un capítulo de ingresos más escueto que el del Ayuntamiento de los Tojos, el más modesto de la región, lo cual no dice mucho del espíritu de transparencia que preconizó Martínez Sieso.
Pero volvamos al Objetivo 1. Todos recordamos los 16.000 millones de pesetas que Aznar citó en la cumbre de Berlín como un complemento especial que los negociadores españoles habían obtenido para Cantabria, a modo de compensación de despedida (era la única región española que salía del Objetivo 1). Ahora que ha pasado el tiempo ya sabemos que esa cantidad nunca se agregó al Objetivo 1 de nuestra región y si llega algún día vendrá de otros fondos, los de cohesión, y como una supuesta atención gubernamental. Pero este regalo del Gobierno Aznar es puro humo, porque, según ha reconocido el Ejecutivo cántabro, va destinado a los saneamientos de las cuencas, que ya estaban comprometidos por el Estado desde hace años (cuando se declararon de interés general) por lo cual estaba obligado, de todas formas, a sufragarlos.
De todo este embrollo interesado sólo queda una cosa clara. El Objetivo 1 se nos escapa (este año ya sólo podemos aspirar como máximo a subvenciones del 30%) y no hemos conseguido dar el salto cualitativo que todos esperábamos, lo digan las estadísticas (que lo dicen) o no.

Seguridad Social para rato

Por motivos fáciles de entender, con frecuencia aparecen pronunciamientos de expertos en los que se ponen todo tipo de sombras sobre el futuro de la Seguridad Social. Pero hay que recordar la unanimidad con que otros expertos se manifestaban en 1974, tras la primera crisis del petróleo al anunciar que el mundo difícilmente podría conservar esta riqueza mineral más allá del año 2000 y eso justificaba una escalada espectacular de precios. Afortunadamente, hemos pasado el año 2000 y sigue habiendo petróleo (que por cierto, es más barato que en 1979). Por supuesto, ninguno de aquellos expertos ha rectificado. Con la Seguridad Social pasa algo parecido. De haber creído a los agoreros a estas alturas debería estar en las últimas y, sin embargo, tiene una salud magnífica, con superávit presupuestario por segundo año consecutivo.
Todo ello, no es un milagro de gestión, sino la consecuencia lógica de que en estos momentos haya 16 millones de cotizantes, la gasolina que mueve todo el engranaje.
En la Seguridad Social es más sencillo conocer la evolución que en el petróleo, donde pueden aparecer reservas ocultas. Aquí todo se basa en unos cálculos más sencillos que los de cualquier aseguradora, dado que utiliza un sistema de reparto y no de capitalización. Sólo hay que saber lo que entra y lo que sale y hacer proyecciones sobre la evolución de ambos términos.
La estimación de ingresos que ha hecho la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo indica que, al menos hasta el 2015, vayan como vayan las cosas, no se va a producir un desequilibrio en esas cuentas. Y en este plazo es posible crear un colchón de seguridad, el Fondo de Reserva, que se dota con los excedentes de ejercicios que, como el 2001, propician más ingresos que gastos. Ese fondo acumula ya unos 400.000 millones de pesetas que, en este caso sí son capitalizables, dado que no necesitan ser utilizados por el momento.
Aún en la hipótesis de que esta reserva fuese insuficiente para hacer frente a malos tiempos futuros, cabe suponer que la maquinaria estatal, como ya ocurrió en el pasado, no dejaría en la estacada a una institución que ha establecido el estado del bienestar en el país y daría cobertura a la brecha financiera que pudiera producirse. Con más motivo cuando este año es el superávit de la Seguridad Social el que va a financiar al Estado. Por tanto, la hipótesis de una quiebra de la Seguridad Social parece muy improbable en un plazo relativamente largo de tiempo.
Afortunadamente, los movimientos poblacionales se ven venir desde muy lejos. Es decir, ahora sabemos con exactitud cuántas personas mayores de 65 años habrá dentro de dos décadas. Lo que no se puede saber es cuántos trabajadores habrá entonces, pero al menos es posible calcular la población en edad de trabajar y calcular los presumibles máximos y mínimos de la horquilla laboral. Hay que tener en cuenta que, aunque España está envejeciendo deprisa, es más joven que otras naciones europeas y tiene una población activa proporcionalmente escasa (trabajan o buscan trabajo menos de 50 personas de cada cien en edad de hacerlo) lo que permite suponer que todavía quedan colectivos que pueden alcanzar una mayor participación laboral, como es el de la mujer.
Se van a dar, además, dos circunstancias favorables que no han sido suficientemente estudiadas. Una de ellas es la entrada en la edad de jubilación de las cohortes de nacidos durante los tres años de guerra civil que, por razones obvias, fueron muy menguadas y, por tanto, se ralentizará el ritmo de llegada de nuevos pensionistas, lo que aumentará el desahogo del sistema. Por otra parte, comienzan a ser muy numerosas las altas de trabajadores inmigrantes, hasta el punto que en algunas provincias son mayores que las de nativos y, aunque también generan derecho a una pensión, son personas jóvenes, con una larga vida de cotizantes por delante.
Así reflejado, puede parecer que el futuro va a ser de color de rosa y es posible que no, porque frente a estas circunstancias favorables se producen otras que no lo son tanto. Un reciente estudio de la Fundación BBVA sostiene que algunas disfunciones del mercado de trabajo español pueden acarrear serios problemas a la Seguridad Social. Un ejemplo es el de los cotizantes con carreras contributivas muy cortas, un problema que en el pasado prácticamente estaba circunscrito al Régimen Agrario que, por eso, siempre ha sido muy deficitario. Ahora es en el Régimen General donde aparece, unido al problema de quienes han cotizado por las bases mínimas y menos años de los requeridos para obtener el 100% de la base reguladora, que son 35. Estos trabajadores se encuentran con que, hagan lo que hagan, no acumularán más pensión. Da lo mismo que hayan cotizado durante el periodo mínimo o durante 34 años. A sabiendas de ello, se sienten poco motivados a permanecer en activo hasta los 65 años y optan por la jubilación anticipada. El resultado es una huida masiva que la Ley de Reforma de la Seguridad Social de 1997 no ha sabido corregir y que va en detrimento del propio sistema. Una circunstancia que hace poco consistentes las nuevas políticas dirigidas a alargar voluntariamente el tiempo de permanencia en activo hasta los 70 años, algo que, por otra parte, muy pocas empresas aceptarán, porque el mercado laboral hace mucho que va por otros derroteros.