José J. Ferreiro, Presidente del Consejo de Defensa
del Contribuyente

Pregunta.- ¿Por qué ha aumentado la litigiosidad contra la Administración tributaria y en qué porcentaje las sentencias son favorables al contribuyente?
J. J. Ferreiro: Las sentencias en favor del contribuyente yo creo que están en un 40% en los tribunales económico-administrativos y un 35% en los tribunales de justicia, lo cual evidentemente es un porcentaje relevante. Yo no creo que sea que la administración funcione peor ahora que antes, sino más bien que a lo mejor las leyes están peor hechas; son muy casuísticas y cambian demasiado, a veces por pura necesidad electoral, o por pura demagogia, y creo que esa es la principal causa de esta mayor litigiosidad.
P.–¿Hay alguna ley especialmente defectuosa?
J.J.F.– Pues las que más afectan a la generalidad de los ciudadanos, la ley del IRPF o la ley del IVA. Son leyes de una extensión desproporcionada, cargadas de beneficios fiscales y de agujeros, que parecen un queso de gruyere, y que privan al sistema fiscal aproximadamente de un 35% de sus posibilidades recaudatorias. Estas leyes tan casuísticas originan miles de interpretaciones diferentes y ésta es la causa fundamental de los conflictos. No puede parecernos extraño que ya se estén oyendo voces autorizadas en toda Europa –a las que me uno con entusiasmo– que dicen que lo mejor sería dejar de manejar los impuestos como instrumento electoral, suprimir todos los beneficios fiscales y rebajarnos a todos el 35% de los impuestos.
P.- ¿No sufriría con ello el principio de progresividad?
J.J.F.– No. Eso haría más igualitario el sistema, porque el principio de igualdad es el que más sufre con esta situación. Yo soy de la opinión de que la renta tiene que tener un tipo de gravamen muy progresivo, más que ahora, y una vez calculada la cuota, pues ya está.
P.– ¿Además de la responsabilidad que le quepa a las leyes por su mala formulación técnica, hay algo que se deba mejorar en las relaciones entre contribuyentes y Administración?
J.J.F.– Evidentemente. Creo que tampoco exagero si digo que el 80% de los conflictos entre la Administración y los contribuyentes se deben a interpretaciones dispares de la ley; como nosotros los contribuyentes somos los que tenemos que aplicar las leyes al hacer la autoliquidación, lógicamente las interpretamos en su lado más favorable y como los funcionarios lo hacen del modo más favorable para la Administración, entonces los pleitos están servidos.
P.– Eso refuerza la importancia de los pactos con la Administración
J.J.F.– El sistema de autoliquidación se copió hace 15 o 20 años de los países anglosajones y allí vieron inmediatamente que este modelo no podía funcionar sin un sistema de pactos o acuerdos entre contribuyentes y Administración. En Norteamérica se solucionan así el 95% de los litigios; en Francia más del 90% de los pleitos en IRPF se resuelven en las comisiones arbitrales; en Alemania a través de entrevista final. Aunque Francia y Alemania siguen todavía el viejo sistema de las liquidaciones administrativas, tienen sistemas extrajudiciales de resolución de conflictos. De los quince países de la UE sólo Portugal, España, Finlandia y Austria no tienen estos sistemas.
P.– ¿Se incorporarán algún día a la legislación española?
J.J.F.– El proyecto de Ley General Tributaria que debe iniciar ahora su andadura parlamentaria, avanza tímidamente en ese sentido mediante las actas de acuerdo, donde el inspector y el contribuyente pueden llegar a un acuerdo sobre cómo se debe interpretar la ley. De esta manera se ayudará a evitar el colapso de la justicia. Piense que en estos momentos se presentan unos 200.000 pleitos anuales ante los tribunales económico-administrativos, sólo en tributos gestionados por el Estado, y que entre el 30% y el 40% de los asuntos que ocupan a la Audiencia Nacional y a los Tribunales Superiores de Justicia, son de orden tributario.