La Cámara de Cantabria cumple 125 años en un momento de incertidumbre

La Cámara de Comercio de Cantabria llega en 2011 a su 125 aniversario y tiene su origen, como el resto de cámaras españolas, en el Real Decreto de 1886, sancionado por la reina María Cristina, en el que se reconocía a estas asociaciones de empresarios como sucesoras de antiguas corporaciones de la historia mercantil española, especialmente de las Juntas de Agricultura, Industria y Tierra o los Consulados del Mar y Tierra.
El 23 de septiembre de ese mismo año, según consta en el primer libro de actas, se reunieron en la sala de actos del Ayuntamiento de Santander un gran número de comerciantes e industriales con el fin de constituir la Cámara de Comercio local, aprobar un reglamento de régimen interior y elegir a su junta directiva.
Para pertenecer a la Cámara se requería en la citación ser español, comerciante, industrial o naviero por cuenta propia con cinco años de ejercicio, pagar contribución directa al Estado por alguna de esas actividades y contribuir al sostenimiento de la institución con la cuota que se fijara en el reglamento orgánico.
Los fines que se marcaron fueron, según publicaba el Boletín de Comercio de Santander de dicha fecha, «pedir o proponer al Gobierno las reformas beneficiosas para el comercio, la industria y la navegación; proponer la ejecución de obras o reformas en los servicios públicos y dirigir las exposiciones comerciales y de industrias terrestres o marítimas”. Además, debía “procurar la uniformidad de los usos y prácticas mercantiles; resolver como jurado las cuestiones o diferencias que sometan a su decisión los comerciantes, industriales o navieros;  fomentar la enseñanza en los ramos de su institución e instar la persecución de los delitos contra sus intereses».
Más tarde, en 1911, Alfonso XIII promulgó la Ley de Bases, que confirmó y amplió las funciones públicas que tenían atribuidas desde su nacimiento las Cámaras, instaurando el sistema de participación de las empresas más extendido en Europa, basado en la agremiación obligatoria y el pago de una cuota. En 1917 el Ministerio de Fomento creó la Junta Consultiva, que cuatro años más tarde pasó a denominarse Consejo Superior de Cámaras de Comercio y en 1929 estos organismos pasaron a tener el carácter de instituciones públicas.
En 1969 las Cámaras de Comercio fueron la primera institución española en establecer una delegación permanente en la entonces Comunidad Económica Europea.
En 1993 el Congreso de los Diputados aprobó, por unanimidad, la Ley Básica de las Cámaras, reconociendo la importancia de su labor “en la promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la industria y la navegación y en la consolidación del tejido económico del país”. En ese momento pasan a definirse como “corporaciones de derecho público”.
A lo largo de sus 125 años de vida, la Cámara de Comercio de Cantabria ha cumplido sus fines de representación y fomento de los intereses generales del comercio, la industria y la navegación y ha ejercido como consultora de las administraciones públicas en los asuntos que afectan a los intereses generales de estas actividades económicas.
Entre las actuaciones más destacadas que ha llevado a cabo en este tiempo se encuentran las realizadas en favor del ferrocarril Santander-Mediterráneo. El 7 de abril de 1933, su presidente, Eduardo Pérez del Molino, convocó la llamada Manifestación Monstruo, en la que unos 40.000 santanderinos se concentraron ante el Gobierno Civil en protesta por la dilación del proyecto decidida por el Ministerio de Obras Públicas, del que era titular Indalecio Prieto.
La Cámara promovió la creación del Depósito Franco de Santander, cuya presidencia ostenta; intervino decisivamente en la electrificación del ferrocarril de Alar-Santander; en la instalación y posterior ampliación del aeropuerto de Santander; en la obtención de la Escuela Oficial de Náutica; en la consecución del Polígono Industrial de Guarnizo y en la creación de un pabellón de su propiedad en la Feria Internacional de Muestras de Castilla y León, que se celebra en Valladolid, donde se exponen productos de Cantabria. También ha intervenido en todo tipo de gestiones relacionadas con las carreteras y el puerto.
La trayectoria de la institución ha atravesado, en estos 125 años, momentos históricos muy diversos y ciclos económicos de expansión y de contracción, con los lógicos altibajos impuestos por cada circunstancia. Sin embargo, ha ido cubriendo etapas de su evolución con una hoja de servicios jalonada de hitos significativos gracias al aprovechamiento de los recursos disponibles y al empuje de las sucesivas generaciones de empresarios cántabros.
En los últimos años, y especialmente después de la Ley de 1993, que consolidaba la naturaleza y funciones de las Cámaras de Comercio, la de Cantabria ha experimentado una profunda transformación, hasta convertirse en una verdadera estructura de servicios a las empresas y a sus asociaciones. Paralelamente, ha adquirido un peso indiscutible en la economía regional, por lo que puede decirse que la Cámara de Cantabria se ha convertido en la casa común de todos los empresarios.

El cambio drástico y el futuro de las Cámaras

Como ocurría en el momento de su creación, el 125 aniversario de la Cámara de Cantabria se produce en medio de una generalizada crisis económica de características estructurales. Una crisis que para las Cámaras, se suma a las consecuencias del Real Decreto Ley promulgado por el presidente Zapatero en diciembre del año pasado, que afectará profundamente a su estructura y funcionamiento.
Con la aprobación del Decreto-Ley 13/2010, el modelo vigente de Cámaras de Comercio cambia radicalmente, por cuanto se modifican los dos aspectos que definen a las Cámaras de la Europa continental: afiliación y cuota obligatoria.
Por primera vez, un cambio legal (que se aplicará progresivamente hasta finales de 2012) elimina la obligatoriedad de que las empresas paguen cuotas a este organismo. Estas aportaciones suponían la mitad del presupuesto que maneja la entidad, por lo que su repercusión en la actividad cameral puede ser fundamental.
Si bien el decreto-ley recoge un periodo transitorio en el pago de las cuotas (2011 para todas las empresas y 2012 para las empresas que facturan más de 10 millones de euros), es evidente que una institución no cambia de la noche a la mañana, aunque sea por decreto, sin poner en peligro todo el bagaje de su actividad, especialmente cuando no se contempla ningún tipo de financiación. (Será la única red de Cámaras de Europa sin financiación).
Por tanto, siendo conscientes de que, al final, va a ser necesario elaborar una nueva ley que regule la definición y actividades de las Cámaras de Comercio y sus fuentes de financiación, se hace imprescindible, entre tanto, un ejercicio de responsabilidad por parte de las propias Cámaras y las distintas administraciones –tanto la central como la regional tutelante– para realizar una transición correcta.
Por ello, la estrategia cameral se dirige en dos direcciones. Por un lado, promover una Ley de Cámaras, en la que se va a buscar un amplio consenso con organizaciones empresariales, partidos políticos y administraciones públicas para que sea un texto que perdure, al margen de los avatares políticos. Si se aprueba al principio de la nueva legislatura, en 2013 ya podrían regirse por el nuevo modelo.
Hasta que esa Ley esté aprobada y empiece a tener efectos, las Cámaras han de sobrevivir y la forma de hacerlo es modernizando sus estructuras, metodologías y servicios, para ser más eficientes. Al tiempo, deberán ir buscando otras fórmulas de cofinanciación pública para determinados servicios, a través de encomiendas de gestión, convenios y acuerdos puntuales.
En el origen de las Cámaras en España estuvo la necesidad de dotar a la economía productiva de organismos representativos, capaces de proponer ideas y de emprender acciones encaminadas a proporcionar a las empresas un marco de acción (normativas, proyectos, estrategias…) adecuado a las necesidades de cada momento.
De igual manera, la Cámara de Comercio de Cantabria, en esta nueva etapa, y como cada día desde hace 125 años, pretende seguir el mismo norte: no cejar en el empeño de lanzar iniciativas para modernizar y dinamizar el tejido económico-productivo y colaborar con las administraciones para que las políticas públicas alcancen su máxima eficiencia en beneficio de las empresas.