La espada de Damocles de quedarse sin convenio

El próximo 8 de julio puede darse una situación inédita en las relaciones laborales españolas. Hasta ahora, cualquier trabajador y cualquier empresario que negociaba un convenio sabía que, en caso de no llegar a un acuerdo, seguiría vigente el anterior. Los trabajadores podían tensar la cuerda sin temor a que se rompiese del todo y los empresarios eran conscientes de que todas las conquistas conseguidas hasta ese momento por su plantilla ya no estaban en terreno de discusión. Pero el 8 de julio, varios miles de trabajadores cántabros podrían encontrarse con la pérdida de vigencia de todas las mejoras de sus convenios colectivos –sectoriales o de empresa– que hayan sido denunciados.
Quienes se queden sin convenio, pasarán a ser regidos por un convenio superior –si lo hubiera en su ámbito de trabajo– o por el escueto marco regulatorio del Estatuto de los Trabajadores, una norma de mínimos. Camareros, trabajadores del comercio textil o transportistas, que con los convenios actuales ganan un salario base de entre 959 euros y 1.021, pasarían a cobrar el salario mínimo interprofesional, 645 euros.
Es el fin de la ultraactividad de los convenios, es decir, de su mantenimiento en vigor hasta la firma de un nuevo acuerdo, aunque su marco temporal hubiese finalizado. Un cambio de gran calado impuesto por la reforma laboral del Partido Popular que al poner fin a esta prórroga indefinida deja la continuidad de los convenios en manos del empresariado, alterando el carácter tuitivo que el Derecho del Trabajo ha tenido en nuestro país para proteger a la parte más débil en la negociación, los trabajadores, especialmente los de la pequeña empresa.
Al menos cuatro mil trabajadores verán decaer sus convenios el 8 de julio, con las mejoras negociadas durante décadas. Serán los primeros, pero les pueden seguir otros muchos sectores y empresas en los meses posteriores. A final de año, esa situación podría afectar a unos 28.000 trabajadores, según CC OO, o a muchos más, según UGT, que recuerda que a día de hoy alrededor de un 70% de los convenios sectoriales no se ha renovado, y desde la Reforma Laboral la ultraactividad va venciendo a medida que transcurre un año desde la denuncia del convenio.
La única manera de evitar esa desprotección será acordar un nuevo convenio con la parte empresarial antes de esa fecha o contar con un laudo arbitral, si así se ha convenido entre las partes. Pero fijar un plazo tan perentorio y de consecuencias tan drásticas si no hay acuerdo no deja de ser un arma que puede ser utilizada por los empresarios para orientar la negociación a la medida de sus intereses. De hecho, algunos están presionando en sus respectivas patronales para que se nieguen a sentarse a negociar un nuevo convenio, sin temor a las consecuencias que tendría aplicar las condiciones mínimas del Estatuto de los Trabajadores.
El riesgo que representa está brecha abierta por la última reforma laboral lo resume Javier Diego, miembro de la Ejecutiva regional de CC.OO: “Va a haber sectores enteros que se pueden encaminar a la pérdida no solo de derechos, sino de marcos de regulación que impiden la competencia desleal entre empresarios”.

Un escenario muy complejo

El mapa de la negociación colectiva sobre la que opera esa reforma laboral es muy diverso. En Cantabria hay unos 35 convenios colectivos de sector y la gran mayoría de ellos recoge de manera explícita su prórroga durante el intervalo entre la denuncia y la firma de un nuevo texto. Si el empresariado respeta esas cláusulas, esos convenios estarían a salvo de lo dispuesto en la Reforma Laboral, pero aún está fresca en la memoria de los sindicalistas la negativa de la patronal de hostelería y de algunas otras a reconocer, en 2009, las cláusulas de revisión salarial pactadas y que preveían un incremento del 2%, por la desviación del IPC.
Junto a los convenios de sector se encuentran los estatales, que afectan a muchos trabajadores en Cantabria (por ejemplo, los de telemarketing o industrias cárnicas), pero que se negocian fuera de la región, los convenios de empresa y los que, aún siendo de empresa, tienen también ámbito nacional y tampoco se negocian en Cantabria.
Por otra parte, la posibilidad abierta por la reforma laboral para que las pymes puedan crear convenios colectivos de empresa pactando condiciones inferiores a las estipuladas en el convenio del sector apenas ha sido aprovechada por éstas. No llegan a media docena los que se han hecho en Cantabria. En vez de eso, se está optando por la negociación individualizada, con acuerdos que no tienen su reflejo en las estadísticas y que durante muchos meses han permitido mantener la ficción de que en Cantabria se están negociando subidas salariales al alza, basándose en las cifras que maneja el Ministerio de Trabajo, algo que está muy lejos de la realidad.

Convenios bloqueados

A la compleja realidad descrita hay que añadir que una de las consecuencias más inmediatas de la reforma laboral fue la paralización, por parte de los empresarios, de numerosos procesos de negociación colectiva que se estaban realizando en 2012.
Entonces se pensó que era una situación transitoria, hasta que las partes se adaptasen a las nuevas condiciones, pero la situación no ha mejorado este año. Actualmente hay convenios bloqueados de todo tipo. Unos 18.000 trabajadores cántabros se encuentran con sus convenios colectivos caducados –en algunos casos con la amenaza de quedarse con los mínimos del Estatuto de los Trabajadores– y, en el mejor de los casos, con sus tablas salariales sin actualizar. Esta situación se da, especialmente, en el sector servicios, que es el más desprotegido por la ausencia de representación sindical.

Un objetivo empresarial

Acabar con la prolongación automática de los convenios ha sido una vieja aspiración de muchos empresarios por entender que petrificaba unas condiciones de trabajo que podían responder a situaciones que no se correspondían con los momentos en que tocaba negociar. Desde ese punto de vista, la ultraactividad dificultaba la adaptación de las empresas y de sus costes a los cambios en el mercado.
La reforma laboral de 2012 va a producir una sensible caída en la amplia tasa de cobertura de convenios colectivos de la que gozaban los trabajadores españoles. Una de las más altas de Europa, ya que alcanzaba a más de un 80% de los trabajadores potencialmente afectados por el derecho de negociación colectiva.
Con el fin de la prórroga automática esa cobertura se verá seriamente dañada, porque no siempre habrá un convenio superior aplicable y, si lo hay, su capacidad de protección estará muy por debajo de los acuerdos derogados. En palabras del catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia, Carlos L. Alfonso, la reforma “puede afectar profundamente a la utilidad social de la negociación colectiva, fomentar la individualización de las condiciones de trabajo y la regulación a la baja y consiguiente regresión de los derechos sociales, de los salarios y el empeoramiento de las condiciones de trabajo”.
El proceso que se abre es, no obstante, demasiado complejo y ni siquiera los expertos coinciden a la hora de definir el escenario que se abre. Unos, porque suponen que los jueces van a tener mucho que decir a la hora de interpretar lo que ocurrirá cuando desaparezca la ultraactividad de los convenios; otros porque dan por hecho de que resulta imposible desenvolverse sin más marco laboral que el del Estatuto de los Trabajadores, dado que no aborda muchos aspectos de la relación entre la empresa y el trabajador y, que por tanto, quedarían en un limbo difuso.
Por si fuera un panorama poco confuso, para las empresas que disponen de un convenio propio resulta preocupante suponer que van a tener que competir con otras que simplemente estarán obligadas a pagar a sus trabajadores el salario mínimo. En fin, una situación de mercado mucho más confusa de lo que el legislador supuso al plantear la Reforma Laboral.