La sanidad privada pide incentivos fiscales para los seguros

El modelo de sanidad pública, universal y gratuita que se aplica en España es un logro que ningún Gobierno se atrevería a menoscabar. Pero ese axioma empieza a no ser tan seguro. La gravedad de la crisis que golpea a la economía española desde hace cuatro largos años ha hecho tambalear esa convicción y los recortes han llegado a un sistema público de salud sobre el que pivota el estado del bienestar.
Las dudas sobre su sostenibilidad no están originadas únicamente por una falta coyuntural de recursos, que podría subsanarse en el futuro con un mayor esfuerzo presupuestario. Las tecnologías médicas se encarecen, la esperanza de vida aumenta, las expectativas de los ciudadanos en relación al cuidado de su salud son cada vez mayores y la consecuencia es que resulta más difícil mantener vía impuestos un sistema público y gratuito.
La fórmula de un copago que actúe como moderador de la demanda en consultas médicas y que ayude a la sostenibilidad del sistema genera muchas resistencias, aunque ya esté implantado en la compra de medicamentos, ya que no deja de ser un impuesto indirecto más. Cabe también la optimización de los recursos públicos evitando duplicidades, como recientemente han apuntado diez asociaciones científico-médicas, que han propuesto mejoras para garantizar la calidad del Servicio Nacional de Salud, afectada por los recortes. Estas asociaciones, que engloban a todas las especialidades médicas, hacen especial hincapié en la necesidad de mejorar la coordinación entre los sistemas sanitarios de las comunidades autónomas, señalando que no es viable que todos los centros hospitalarios tengan los mismos servicios.
Pero, además de estas fórmulas de ahorro y eficiencia, hay quienes apuntan al papel colaborador que puede jugar la sanidad privada para complementar un modelo público que nunca volverá a ser igual. Propone, por ejemplo, la utilización de recursos privados (cuadros médicos de compañías aseguradoras y sus instalaciones hospitalarias) para descargar parte del peso que gravita ahora sobre la sanidad pública y que da lugar a voluminosas listas de espera para consultas con especialistas o para operaciones quirúrgicas que no revisten una gran complejidad. “Yo creo que la sanidad pública y privada están condenadas a entenderse y a colaborar para dar un mejor servicio al ciudadano”, señala el director del Igualatorio Médico de Cantabria, Pablo Corral. “Creo que Valdecilla tiene grandísimos profesionales y una altísima tecnología y probablemente no se tenga que estar dedicando a pequeñas intervenciones. Para eso hay otros sitios”, expone. El director de la mayor compañía aseguradora privada en Cantabria es consciente de que la actual falta de recursos públicos hace difícil llegar a convenios de esa naturaleza, pero cree que es el momento de sentar las bases de una futura colaboración.
Desde el sector privado se apunta a una propuesta mucho más radical para liberar al Estado de una parte de la ingente carga de la sanidad pública, la de incentivar vía desgravaciones fiscales la contratación de seguros médicos. Algo que redundaría en la creación de más empleo e incluso en una mayor recaudación fiscal, tal y como defiende el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), una entidad sin ánimo de lucro nacida en 2010 con el objetivo de reunir al sector privado sanitario y promover iniciativas para la mejora de la salud de todos los españoles.

Incentivos fiscales

En un estudio elaborado por IDIS se evalúa la puesta en marcha de incentivos que ayuden al desarrollo del aseguramiento privado, bajo la premisa de que el fortalecimiento de este sector ayudaría a descargar de presión asistencial y financiera al sistema público de salud. Y el mejor incentivo, en opinión de esta entidad son las deducciones fiscales a la suscripción de seguros médicos individuales, tal y como se venía haciendo en España hasta 1998.
Hasta esa fecha, el Impuesto de la renta sobre las Personas Físicas permitía al contribuyente deducirse hasta el 15% del coste de los servicios médicos y seguros privados de asistencia sanitaria que contratase. Esta deducción era aplicable tanto al gasto directo (pago de consultas médicas, estancias hospitalarias, compra de medicamentos, etc) como al gasto indirecto, es decir, a la contratación de pólizas de seguros de salud y asistencia sanitaria.
Durante la década de los noventa creció desmesuradamente el número de ciudadanos que solicitaba esa desgravación y las cantidades deducibles. Si en 1990 la pedían el 22% de los contribuyentes (2,4 millones), en 1998 lo hicieron cerca del 46% (7,1 millones de contribuyentes) y las cantidades deducidas pasaron de 173 millones de euros a 656.
Ante el quebranto para la hacienda pública que supuso esa evolución, el Gobierno de José María Aznar decidió eliminar las deducciones en el IRPF por la contratación de seguros de asistencia sanitaria. La pérdida de ese incentivo fiscal podía conllevar dos consecuencias negativas: dañar la actividad del sector privado, al reducirse la contratación, e incrementar la demanda en el sector público. El Gobierno trató de amortiguar estos efectos modificando el régimen fiscal de las primas colectivas, las que sufragan las empresas para sus trabajadores. Dejaron de ser consideradas remuneraciones salariales, quedaron exentas de la declaración de IRPF y pasaron a ser tratadas como un gasto deducible para las empresas. Se estableció inicialmente un límite anual en las primas de 360 euros, que fue aumentando paulatinamente hasta llegar a los 1.200 euros al año, con la posibilidad de incluir a cónyuges e hijos.
Esta nueva regulación ha provocado un aumento constante del peso que tienen las pólizas colectivas en el negocio del seguro de asistencia sanitaria, aunque todavía continuamos muy lejos de lo que ocurre en el mundo empresarial anglosajón. En 2008, cuando las empresas todavía no habían notado los efectos más duros de la crisis, las pólizas colectivas de salud suscritas en España suponían 1.052 millones de euros en primas, un 19% de todas las que recaudaba la asistencia sanitaria, que ese mismo año alcanzaba los 5.452 millones de euros. En total, había 6,8 millones de personas aseguradas en compañías privadas, sin contar a los mutualistas que suponen dos millones de asegurados más.
En Cantabria, el porcentaje de asegurados era del 11%, la cifra más baja junto con Asturias y Navarra, y sólo representaba el 0,8% de los asegurados del país, un porcentaje bastante inferior al que le correspondería por su peso poblacional.
Aunque la crisis ha empujado a las familias a recortar gastos en todo lo prescindible, su impacto en el mantenimiento de los seguros médicos privados ha sido limitado, al menos en Cantabria, si sirven como referencia las cifras de asegurados del Igualatorio Médico. Esta compañía ha llegado a contar con unos 60.000 asegurados, entre los propios y los reasegurados de otras compañías, y actualmente da cobertura a unos 58.000. Eso demuestra que el seguro de salud es uno de los que menos se prescinde en momentos de crisis.

Para rentas inferiores a 30.000 euros

El sector privado de la sanidad española propone la reintroducción de la deducción fiscal a la contratación de pólizas individuales de salud, aunque limitada a familias con rentas inferiores a 30.000 euros. Según sus cálculos, la introducción de un incentivo fiscal del 15% sobre el coste de una prima individual de salud podría suponer un crecimiento en el número de asegurados de entre el 5% y el 15%. Esto significaría un incremento de actividad en el sector privado que daría lugar, según el estudio, a un aumento de 43 millones de euros en las tributaciones de los centros hospitalarios y extrahospitalarios. También aumentaría el empleo de sanitarios, en una cantidad que el estudio estima en unos 17.000 profesionales más (el 8% del empleo que tiene el sector privado) y de esa forma se absorbería una buena parte del paro que tiene actualmente la sanidad.
El sector privado sostiene que el Estado también saldría beneficiado, aunque estas deducciones le pueden suponer un impacto neto de 130 millones de euros anuales (la diferencia entre las deducciones y el aumento en la recaudación por el Impuesto de Sociedades y el IRPF de los empleos creados). Se basa en que, si los nuevos asegurados dejasen de utilizar la medicina pública, dejarían de consumir 608 millones de euros anuales en recursos del sistema nacional de salud, aunque la cifra real probablemente sea bastante inferior, ya que el usuario que tiene pólizas privadas suele hacer uso de ambas.
El sector aspira a crecer por esta vía de los incentivos fiscales pero insiste en los mutuos beneficios que tendría esa política, ya que también relajaría la carga asistencial que pesa sobre los centros sanitarios públicos, generando ahorros para el sistema y contribuyendo a la sostenibilidad de una sanidad universal, pública y gratuita.