Las bajas por fin ceden

El primero en poner el dedo en la llaga fue el presidente de las Cámaras de Comercio, el ex ministro socialista Javier Gómez Navarro que se mostró escandalizado de lo que está ocurriendo en el país y del grado de comprensión de los sindicatos “hacia los trabajadores que no trabajan”, como definió a los absentistas.
Lo más curioso es que hasta ese momento, ninguna patronal se había quejado de que España sea un país con un elevado absentismo, algo que perjudica obviamente a las empresas y, en segundo término, a la Seguridad Social.
Las cifras se han disparado en los últimos años, hasta el punto que hoy hay 1,2 millones de personas que cobran cada día sin trabajar. De ellos, algo más de un millón lo hacen por cuenta ajena y 215.000 por cuenta propia.
En realidad, no es que el problema pase desapercibido. Todos son conscientes, puesto que la evolución del absentismo se ve en todas las comisiones de seguimiento de la Seguridad Social en las que participan también los sindicatos y los empresarios. Hay quien sostiene que esa actitud poco beligerante es producto de una mala conciencia general, incluida la de los propios empresarios, que han podido comprobar cómo se han disparado las bajas de autónomos desde que se les reconocieron los mismos derechos a la cobertura por la incapacidad laboral que a los asalariados, desde el cuarto día de baja, y no desde el decimoquinto. Este ha hecho aflorar dos situaciones ficticias: ni antes los autónomos tenían una salud de hierro (no se ponían enfermos casi nunca, porque durante los primeros quince días de baja no cobraban), ni ahora enferman con mucha facilidad, porque lo probable es que el espectacular aumento de sus bajas desde que ha cambiado la legislación también tenga que ver con la dificultad para controlar que no sigan trabajando mientras cobran la ILT.
Todo ello ha provocado un alarmante aumento de las prestaciones. En los últimos diez años el gasto generado por la incapacidad temporal ha crecido un 141%, mientras que la población protegida lo ha hecho en un 40%. El pasado año, la Seguridad Social pagó nada menos que 8.143 millones de euros por bajas que, obviamente, han tenido que ser detraídos en cuotas a los cotizantes.
La Seguridad Social no es la única perjudicada. También las empresas, que pagan los quince primeros días de baja, lo que se calcula que les supuso alrededor de 2.000 millones de euros.
Tanto dinero, y más en época de crisis, ha hecho despertar a todos, empezando por el sistema público, que en Cantabria ha llegado a repartir carteles por los centros de salud en los que se recuerda a los pacientes que la baja la prescribe el médico y no existe el derecho del trabajador ‘a cogérsela’. También reaccionan las empresas, que empiezan a reconocer abiertamente el problema. Lo hizo hace algunos meses Robert Bosch, al señalar que su absentismo llega al 7%; lo ha hecho la CEOE cántabra recientemente y, en su discurso de fin de año, el presidente de la Cámara de Comercio.
Parte de la productividad de las empresas de la región se va por el sumidero del absentismo, pero aún siendo mala, su situación no es comparable con la que padece la Administración pública, donde el problema alcanza unos niveles muy superiores, aunque ningún partido político se haya atrevido a hacerlos públicos mientras ha gobernado. Un conflicto laboral que se produjo en la policía municipal de Santander al dejar de abonarse un incentivo de productividad a quienes se encontraban de baja, forzó al concejal responsable a confesar que el absentismo en la plantilla de agentes era del 18% y algunos de ellos con bajas de muy larga duración, a pesar de lo cual seguían cobrando el incentivo por productividad. Si esa circunstancia parece paradójica, más aún es la del Ayuntamiento de Torrelavega, donde los funcionarios tienen un plus específico por asistencia al trabajo, otra constatación de la incapacidad de las administraciones públicas para abordar el absentismo.
En el comienzo del curso escolar volvió a aflorar el problema: La Consejería de Educación había previsto sustitutos para el caso de contingencias que llegasen a afectar a un 8% de los profesores, pero ese día faltaron nada menos que el 20% de los docentes, por lo cual los sustitutos resultaron muy escasos y los sindicatos pusieron el grito en el cielo ante la falta de previsión de la Consejería. Quizá debieron haberse planteado qué hubiese pasado en una empresa privada si el primer día de trabajo tras las vacaciones faltase a su puesto uno de cada cinco trabajadores, un porcentaje catastrófico para cualquier responsable de recursos humanos.

Hasta tres personas para un puesto

En la Administración cántabra, donde buena parte del personal se incorporó en los años 80 con la asunción de las transferencias, el progresivo envejecimiento de las plantillas puede justificar una parte de este incremento. Algo parecido ha ocurrido en Valdecilla, donde un porcentaje muy significativo de los trabajadores se incorporaron al entrar en servicio las instalaciones construidas en los años 70 y ahora está próxima a la jubilación. Los porcentajes de absentismo del Hospital, –que tampoco son públicos– son muy superiores, incluso, al del profesorado, según fuentes conocedores del problema, y ya no es motivo de sorpresa la contratación de enfermeras para la sustitución de una interina que está de baja y que a su vez sustituía a la titular, es decir, tres personas para cubrir un solo puesto de trabajo.
La Administración regional tradicionalmente ha tratado de ocultar este problema, que sólo ha aflorado ocasionalmente, como ha ocurrido con la privatización del turno de noche en el Archivo de Valdecilla, donde el absentismo estaba completamente desbocado.

Incentivos del INSS a las autonomías ‘controladoras’

Ante la evolución del problema, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) decidió hace algunos años firmar convenios para estimular a las comunidades autónomas en el control de la incapacidad temporal.
A través del Programa de Ahorro en Incapacidad Temporal, se repartirá este año un incentivo de más de 300 millones de euros, en proporción a la población protegida de cada comunidad.
En los convenios se fijan dos tipos de objetivos: una mayor eficacia en la gestión de la incapacidad temporal, que se mide a través del grado de cumplimiento de un Programa de Actividades, y la racionalización del gasto.
Si no supera el 25% del Programa de Actividades, la comunidad autónoma está obligada a devolver o compensar el 75% del fondo anticipado para ese objetivo. Igualmente, si no supera el 25% de los objetivos de racionalización del gasto, ha de devolver el 75% del fondo correspondiente a ese programa.
Hasta ahora, Cantabria se veía obligada a devolver cada año estos incentivos por no cumplir los objetivos estipulados, algo que ha conseguido, por primera vez, el pasado año. En realidad, la crisis parece haber empezado a enderezar la situación, bien sea por un mayor control en las bajas o por el temor de los trabajadores a perder su empleo si abusan de ellas en un momento en el que ya no resulta fácil encontrar otro puesto de trabajo. Después de tanto tiempo que nadie lo recordaba, ha bajado el índice de enfermos por cada mil trabajadores, al pasar de 28 a 25, aunque aumentó el periodo de baja hasta los 51 días. Pero curiosamente, no en todas las comunidades se enferma igual. En Madrid (con los peores datos de toda la lista) una baja dura como media 86 días, frente a los 35 de los andaluces, que frente a todos los estereotipos, resultan ser los menos absentistas. En Cantabria la salud de los trabajadores es aparentemente mala –o la gestión de las bajas, peor– porque es una de las regiones con más bajas y más prolongadas: 62 días de promedio.

El coste de las esperas de diagnóstico

La evolución, en cualquier caso, parece favorable en los últimos tiempos, con un descenso del gasto de la Seguridad Social en un 5% el pasado año y es previsible que siga bajando, entre otras razones, por una mayor severidad de los facultativos a la hora de conceder las bajas que, no lo olvidemos, dependen de un diagnóstico médico que no resulta fácilmente objetivable. Tanto que, en más de un caso, la Dirección Provincial del INSS ha revisado altas dadas por su servicio de inspección, poniéndose a favor del trabajador.
La Administración, no obstante, tiene armas más eficaces que la presión a los médicos para reducir la ILT y la principal es reducir las listas de espera y desmasificar las consultas para reducir los procesos. Una de las enfermedades que más gasto generan no tiene una denominación médica, sino administrativa: ‘en espera de diagnóstico’. Millones de jornadas pagadas sin trabajar y de enfermos que no reciben tratamiento simplemente porque han de esperar a que se les realicen unas pruebas diagnósticas que resultarían bastante más baratas para todos si se concertasen con un centro privado y se hiciesen de inmediato. Pero ese es otro problema, el de las incongruencias de la Administración.