Llega la hora de las micropymes en la prevención

Implantar una cultura preventiva en empresas muy sindicalizadas y con directivos profesionales que han asumido como una obligación más el evitar riesgos laborales es una tarea casi completada en muchas de las grandes empresas. Sin embargo, no es nada sencillo trasladar el mismo mensaje al otro extremo de la cadena, las empresas muy pequeñas o micropymes, para las que cumplir con las obligaciones que impone la ley de prevención de riesgos supone un coste significativo y en las que la seguridad está lejos de ser considerada como una parte más de su responsabilidad empresarial.
Eso no quiere decir que haya que dar por perdida la batalla y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo ha diseñado un programa de ayuda para que esa cultura preventiva cale también en la microempresa. En concreto, va destinado a aquellas en las que su titular legalmente puede asumir por sí mismo las tareas preventivas en vez de externalizarlas en un servicio ajeno.

Hasta 10 trabajadores

Este interés ha venido precedido de una modificación de la norma que establecía en seis trabajadores el límite a partir del cual era preciso contratar un servicio especializado. La Ley Ómnibus ha elevado ese techo que permite al empresario gestionar por sí mismo la prevención, sin incurrir en los costes que supone externalizar este trabajo, pero la Administración no le había facilitado hasta ahora herramientas ni los apoyos para llevar a cabo esa tarea que en muchas de las pequeñas empresas está todavía por hacer. Una necesidad urgente, si se tiene en cuenta que en ellas se concentran la mayoría de los accidentes menos graves que ocurren en el ámbito laboral, como lesiones por caídas, golpes, movimiento inadecuado de cargas o los riesgos derivados de no observar las reglas básicas de la ergonomía en los puestos de trabajo.
Que la Administración asuma como un objetivo llevar la cultura de la prevención hasta los últimos rincones del tejido empresarial no quiere decir que la pequeña empresa haya estado desatendida hasta ahora. Programas de autoevaluación de riesgos hay muchos sin que el empresario se haya animado a utilizarlos. Su propia organización patronal, la CEOE-Cepyme cántabra, viene ofreciendo desde hace dos años cursos de formación de 30 horas dirigidos a los titulares de esas pequeñas empresas que, cuando ya se han familiarizado con los conceptos básicos de prevención, se completan con una tutoría de ocho horas para aplicar los conocimientos con la ayuda de un técnico superior de prevención. El problema estriba en lograr que el titular de muchas de esas pequeñas empresas que desarrollan actividades aparentemente exentas de grandes riesgos (comercios, peluquerías, hostelería, gestorías, etc), asuma la necesidad de hacer esa evaluación para prevenir accidentes laborales que la ley le permite llevar a cabo por sí mismo.
Si a la propia patronal le cuesta motivar a este pequeño empresario para que se incorpore a los cursos, el ofrecimiento que hace la Administración corre el riesgo de ser acogido con más desconfianza, la de quien teme dejar al descubierto las carencias que su empresa pueda tener. «Nadie –puntualiza un profesional ligado al ámbito de los riesgos laborales– invita a un inspector de Hacienda a que le ayude a poner en orden sus cuentas».
A la Administración, sin embargo, lo que le preocupa es que su iniciativa pueda ser vista como una interferencia en el mercado por las empresas que no pueden acogerse a este programa –pensado solo para las de bajo riesgo– y se ven obligadas a contratar un servicio especializado.

No hay conciencia del problema”

El programa para la prevención en las micropymes diseñado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Laboral consta de una aplicación informática de autoevaluación y un servicio de consultoría, bien por vía telefónica o a través del correo electrónico. El último paso es el apoyo físico que los técnicos de cada Instituto regional prestarán en la propia sede de las empresas que se acojan a esta iniciativa pública.
Este sistema ya está siendo aplicado de manera experimental en algunas comunidades autónomas, aunque Cantabria ha preferido esperar a que sea presentado de manera oficial por el Ministerio de Trabajo, algo que podría ocurrir a final de año.
La gratuidad de este servicio puede ser el acicate que anime a las micropymes a incorporarse de manera masiva a esta cultura de la prevención que lleva un largo camino en la producción de normas, pero no ha conseguido la interiorización del problema que representan los accidentes laborales. Así, al menos, se valora desde instancias sindicales cuando apuntan a que «en la prevención no se ha avanzado nada porque no hay conciencia del problema ni formación. El empresario sigue en sus trece de que la prevención le cuesta dinero y no está dispuesto a gastárselo, ya que no valora que un trabajador que se siente seguro es un activo más de su empresa».

Programa Cero Accidentes

Las micropymes son la asignatura pendiente para extender la cultura preventiva a todas las empresas del país pero la Administración estaba ocupada con otros segmentos de actividad en los que se concentran los riesgos laborales más notorios y un ejemplo es el programa de seguimiento de las compañías con mayor tasa de siniestralidad. La experiencia ha demostrado que ese control, que implica la visita de técnicos del ICASST, con el apoyo de la Inspección de Trabajo, está ayudando a reducir sensiblemente las cifras de accidentalidad en las empresas investigadas.
También se estaba trabajando con aquellas que, aún cumpliendo las exigencias legales en materia de prevención, querían mejorar sus resultados. Para ellas se ha diseñado un programa denominado Objetivo Cero Accidentes, que inició su andadura a finales del pasado año. En él programa se inscribieron 46 empresas cántabras, de las que el ICASST tuvo que rechazar ocho por entender que no habían avanzado lo suficiente en la aplicación de las obligaciones que impone la ley. «Este es un programa de calidad –explica el director del ICASST, Amalio Sánchez–. Se trata de que las empresas que ya cumplen con la normativa integren la prevención en su sistema de gestión».
La iniciativa esta orientada hacia las pymes, por entender que las empresas grandes ya han dado ese salto cualitativo. «Lo que queremos –continúa el director del ICASST– es que se hable menos de cumplimiento de la legalidad y haya más convencimiento de que la prevención es buena para su organización, que mejora el rendimiento el que el trabajador vea que se preocupan por su seguridad».
Los estímulos materiales para que las empresas se interesen por este programa no son lo más significativo pero también existen. Por cada fase que superan (tiene cuatro) reciben una subvención de mil euros y las empresas que cumplen los objetivos obtienen una puntuación añadida a la hora de concurrir a ayudas destinadas a mejorar las condiciones de trabajo en sus instalaciones.

Una cifra engañosa

En lo que coinciden cuantos trabajan en el campo de la prevención es en la necesidad de valorar con prudencia el notable descenso de la cifra de siniestralidad laboral que se registra en lo que va de año. El número de accidentes de trabajo ha disminuido un 15% en Cantabria hasta septiembre, pero en esta inflexión a la baja es probable que tengan menos que ver con una mejoría en las prácticas preventivas que con la caída de la actividad económica y, especialmente, la del sector de la construcción. “Si echamos números, –indica el responsable de Salud Laboral de UGT en Cantabria, José Luis Hernando– el paro ha aumentado casi en la misma proporción que la disminución de la siniestralidad. Además –continúa– se siguen produciendo muchos accidentes de trabajo sin baja, en los que no se investigan las causas, que no son otras que la ausencia de medidas de seguridad y concenciación por parte de los trabajadores y de responsabilidad por el empresario”.
Una valoración que insistentemente se repite, a pesar del tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la Ley de Prevención, y es que no basta legislar si no se controla de manera efectiva la aplicación real de la norma en los centros de trabajo. Algo para lo que habría sido muy útil la habilitación de los técnicos del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo para ejercer funciones similares a las que hace la inspección de trabajo en sus visitas a las empresas. Una habilitación que no ha sido posible por desconfianzas corporativas y que habría triplicado el número de controladores de las condiciones de trabajo en las empresas, al sumar los 25 técnicos del ICASST a los once inspectores de trabajo que hay en la región.