Los problemas del suelo industrial

Así se da la paradoja de que allí donde hay suelo industrial desarrollado y con buenas comunicaciones, como Reinosa, las empresas no quieren ir y, en cambio, polígonos del eje costero, como Ambrosero, se llenan de la noche a la mañana.
El problema es que la zona litoral es estrecha, y está muy poblada, por lo que construir un polígono industrial obliga a hacer encajes urbanísticos y económicos muy complejos. Además, cualquier Gobierno es consciente de que colaborar a seguir desplazando la economía de la región hacia la franja costera, representa agravar el desequilibrio que ya padece la región. El interior queda irremisiblemente despoblado (y, mucho más, las comarcas del sur) dado que las únicas perspectivas de encontrar empleo están en el eje que marca la Autovía del Cantábrico. Un estrecho pasillo de un kilómetro y medio de anchura a uno y otro lado de esta carretera en el que ya vive el 80% de los ciudadanos de la región.
A la vista de estos resultados, hay que reconocer que la planificación ha fallado y, lo que es peor, que no es sencillo enmendarlo, porque la demanda de suelo industrial se concentra cada vez más. Es cierto que la construcción de polígonos en Los Tánagos (Val de San Vicente), Ramales, Cabezón de la Sal o Los Corrales puede aliviar esta presión pero las posibilidades de llevar las industrias más al interior son muy pocas.

Descuido municipal

Los municipios tampoco han colaborado en este empeño. La mayoría no tienen suelo industrial ni se han planteado nunca calificarlo. Simplemente, prefieren improvisar cuando alguien lo solicita, y los resultados son catastróficos. Paisajes rurales espléndidos quedan destruidos, salpicados por naves colocadas al libre albedrío de quien asienta la empresa en el prado familiar o lo más cerca posible de su casa.
De esta forma han surgido espontánemente, en algunos casos, polígonos de ínfima categoría, con viales tortuosos, carreteras indignas, sin agua suficiente ni depuradoras.
Este fenómeno, más propio de los años 60 del siglo pasado que de comienzos del siglo XXI, no lleva camino de corregirse en Cantabria, a tenor del escaso interés que ponen la mayoría de los ayuntamientos, que están dispuestos a taparse los ojos con tal de que la empresa no se vaya al municipio contiguo y perder, de este modo, una baza política y unos ingresos.
La ley es cierto que les deja inermes ante la posibilidad de comarcalizar un servicio como el suelo industrial, algo que contraviene la razón y ha provocado muchos de estos desajustes urbanísticos. Torrelavega o Santander saben que cada empresa que se traslada por no tener suelo industrial es un ingreso que desaparece y, para retenerlo, la única solución es hacer polígonos dentro del área municipal, cuando la lógica indica que deberían hacerse en el municipio limítrofe, con más espacio, y que tanto el emisor como el receptor participen en los beneficios.
Todo ello ha contribuido a crear pequeños polígonos, mal planteados y peor ejecutados, que se saturan tan pronto como aparecen.
Pero en este descuido municipal hay otro factor que complica las cosas: el especulativo. A pesar de la supuesta sensibilidad en favor de la industria de ciudadanos e instituciones, la realidad es otra. En la zona costera, donde los precios del suelo construible se han multiplicado por tres en los últimos cinco años, nadie quiere que sus terrenos sean declarados industriales, como se quejaba amargamente un alcalde. Todo el mundo pretende que sean urbanizables, pero para construir viviendas.
Si los urbanistas municipales hubiesen realizado esas reservas de suelo industrial hace años, el problema no se hubiese suscitado, pero la falta de previsión en los planeamientos ha llevado a una situación que cada vez parece más difícil de enmendar. De ahí que los lugares donde a día de hoy se puede instalar un polígono industrial en Cantabria son muy escasos y una prueba de ello es que el Gobierno regional se ha visto obligado a tramitar como Proyectos Singulares de Interés Regional (PSIR) aquellos que tiene previsto realizar, la única forma de garantizar que saldrán adelante. El ejemplo de la década y media que lleva Torrelavega intentando construir un polígono en Viérnoles es ilustrativo de lo que puede ocurrir si se deja en manos de la normativa ordinaria.
Como se ve, no hay suelo industrial en los municipios ni perspectivas de tener otro que no sea aquel que el Gobierno se ha empeñado en meter con calzador a través de un procedimiento extraordinario que quita la soberanía a los ayuntamientos. Quizá esa sea la solución, pero algo pasa en una región donde el suelo industrial hay que imponerlo por la fuerza.