Montoro sigue sin autorizar a Cantabria a renegociar los tipos de su deuda

El consejero de Economía y Hacienda, Juan José Sota, sentó la pasada primavera a los representantes locales de los bancos para conocer su predisposición a renegociar las condiciones de los préstamos que tiene firmados el Gobierno de Cantabria, que le obligan a pagar este año más de 38 millones de euros en intereses.
En un escenario de tipos de interés prácticamente nulos, las entidades de crédito reaccionaron con bastante predisposición al deseo del actual Gobierno de abaratar estos créditos, que en algunos casos se están pagando al 7,44%. Era fácil suponer, por tanto, que no habría dificultades para reducir esta pesada carga financiera y resolver, por esta vía, una parte del problema que representa el nuevo recorte que Madrid impone a la autonomía cántabra.
El consejero mantuvo posteriormente una videoconferencia con el Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, para exponerle sus intenciones, en la que éste se mostró comprensivo con lo que pretendía Cantabria. Todo quedó pendiente de una comunicación más formal, pero la carta que le envió Sota en la que le pedía vía libre a esta renegociación de los tipos de interés sigue sin respuesta, a pesar de que han pasado tres meses, y de que el consejero ha mantenido nuevos contactos telefónicos con el secretario de Estado para insistir en ser autorizado.
Afortunadamente para Cantabria, más de la mitad de la deuda contraída está depositada en manos de la propia Administración pública, a tipos de interés cero o muy próximos. No obstante, quedan 855 millones en manos de los bancos, a tipos que van del 1,5% (20 millones de euros firmados con Liberbank) al 7,44% o al 7,16% de sendos créditos sindicados en los que el Banco Santander actuó como agente, por un importe conjunto de 230 millones de euros y cuya renegociación a precios más próximos a los tipos de interés que paga el Tesoro (alrededor de cinco puntos menos) supondría un ahorro muy considerable.
En las simulaciones que la Consejería cántabra de Hacienda le envió a Beteta aparecen calculados los ahorros que podría conseguir cada año. En el mejor de los supuestos (que todos los préstamos pudiesen renegociarse a un tipo cercano al 0,5%) el Gobierno cántabro hubiese evitado pagar en este segundo semestre del año 13,6 millones de euros y, en lo que queda de vida de estos préstamos, más de 80. En el peor de los casos, si los bancos sólo aceptasen renegociar la deuda al 2% (salvo, lógicamente, la que ya está firmada a un tipo inferior), el ahorro de este año sería de aproximadamente diez millones de euros, y unos 55 en lo que queda de vida de estas operaciones.

El Ministerio presume de otros ahorros

El Ministerio de Hacienda no se pronuncia pero este verano ha sacado pecho con las ventajas financieras que han conseguido las comunidades autónomas gracias a la creación en 2012 del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y del Fondo de Financiación del Pago a Proveedores (FFPP). Según sus cuentas, con estas herramientas financieras las autonomías ya se han ahorrado 44.484 millones de euros en intereses. De esa cuantía, 494 millones corresponden a Cantabria, que tiene 1.500 millones financiados por esta vía, un 75% de los cuales se han utilizado para pagar gastos de sanidad, educación y servicios sociales.
El ahorro de intereses se ha producido al sustituir la financiación bancaria, ya que acudir a los mercados resultaba bastante más oneroso para las comunidades autónomas. En un principio, estos fondos públicos comenzaron cobrando un tipo de interés del 5% y en los años posteriores bajaron al 3,6%, 1,6% y 0,8%, siempre por debajo de los precios de mercado, aunque en el último año la distancia ha sido ya de apenas un 0,3%, puesto que los tipos del sector privado también han evolucionado muy deprisa a la baja. El escenario financiero ha cambiado mucho desde que Mario Draghi inició una agresiva política de liquidez, de la que se han beneficiado, sobre todo, las administraciones públicas, que en estos momentos llegan a cobrar por sus emisiones a corto plazo en lugar de pagar, algo que parecía impensable y más en el caso de España, que se encuentra en una crisis institucional insólita por ausencia de gobierno. En el largo plazo (el bono a diez años, que sirve de referente para calcular la prima de riesgo), España paga ahora menos de un 1%, frente al 7% que exigían los inversores en 2012.
No obstante, las autonomías no parecen del todo satisfechas con estos fondos estatales, que en realidad nacieron para auxiliar a unas pocas, las que estaban en riesgo de suspender los pagos y al que se sumaron muchas otras. A pesar de esta ‘democratización’, el hecho de que no todas lo usen con la misma intensidad hace que los ciudadanos de las menos endeudadas también acaben pagando por los desvaríos económicos de las que acumularon más deuda, como Cataluña, la Comunidad Valenciana, Andalucía o Castilla La Mancha, que acaparan el 84% de la financiación otorgada por estos fondos.