Oyambre

Cuando poco antes de las elecciones regionales y municipales del pasado mes de mayo, el alcalde de San Vicente de la Barquera era despedido como gerente del club de golf Santa Marina se iniciaba una convulsión que aún dura hoy. Apenas unas semanas después, el Ayuntamiento declaraba ilegales tres hoyos del complejo, por afectar a un sendero del pueblo. Aunque el alcalde no estaba presente cuando se tomó la decisión municipal, resultaba muy difícil desligar un hecho del otro. Sobre todo, si se tiene en cuenta que mientras fue gerente del complejo hizo declaraciones en los medios de comunicación en las que aseguraba que todo en él era legal.
Días más tarde, cuando el principal accionista del club de golf, Manuel Ruiz de Villa daba a conocer estos acontecimientos en una comparecencia ante la prensa se desencadenaba otra pequeña hecatombe política. Las manifestaciones eran una auténtico torpedo contra la posibilidades electorales del alcalde, que además era presidente de la Federación de Municipios de Cantabria y aspirante a diputado regional con su partido, el PP.
Ya fuera de motu propio o animada desde instancias del Partido Popular, irrumpía en la polémica Concepción Flores, una importante empresaria navarra del gremio de la construcción que, junto a Ruiz de Villa, había desarrollado el proyecto deportivo-residencial de San Vicente de la Barquera, muy próximo a Oyambre. Pero, para sorpresa general, Flores no apoyaba a su socio cántabro, sino que se ponía claramente de parte del alcalde despedido, asegurando en una nota pública que ella era la única presidenta del club. Es decir, que no sólo desautorizaba a Ruiz de Villa, sino que le acusaba de usurpar sus funciones.
Concepción Flores en realidad se valía del hecho de que a pesar de haber llegado a un acuerdo con su socio varios meses atrás para repartir las propiedades, el contrato no estaba elevado a escritura pública. En él, ambas partes se repartían el patrimonio de la sociedad Mayorazgo de Santa Marina, propietaria de la enorme finca donde se ha construido el campo de golf, de forma que Concepción Flores se quedaba con la mayor parte de las parcelas construibles situadas junto al campo que han salido a la venta y el empresario torrelaveguense Ruiz de Villa, a su vez, recibía la mayoría de las acciones del club de golf que aún no se habían vendido a terceros, además de la parcela donde está prevista la construcción de un hotel y un puñado de las que se destinarán a chalets.
La polémica dio lugar a varias querellas cruzadas y a que, a día de hoy, siga sin haberse asentado en el Registro el pacto que los socios alcanzaron hace más de un año para repartirse las propiedades. Los jueces tendrán que decidir quién usurpaba a quién, si era el empresario de Torrelavega, al actuar como titular del club de golf o era la constructora navarra, a quien el despido del alcalde probablemente había creado desazón de cara al desarrollo de su complejo residencial, sobre todo, después de ver las represalias tomadas contra el campo de golf.
Por el momento, los jueces únicamente se han pronunciado sobre el despido del alcalde de su puesto como gerente, del que fue apartado con el argumento de que no lo atendía adecuadamente por sus muchas obligaciones políticas, y han fallado a su favor, aunque Ruiz de Villa ha recurrido el fallo.

Escándalo en Navarra

Ocho meses después de que se desencadenase el caso del Golf Santa Marina ha saltado a las páginas de la prensa navarra un asunto que también afecta a la constructora Flores. Esta sociedad aparece indirectamente vinculada a un escándalo que salpica al alcalde de Egüés, un municipio vecino a Pamplona, cuya rápida acumulación de patrimonio ha sido relacionado en la prensa local con su entrada como consejero en sociedades inmobiliarias del grupo Flores, en cuyo consejo de administración también figura un alto cargo de UPN (el partido hermano del PP que gobierna en Navarra) y un ex senador del PP.
El escándalo ha estallado cuando el alcalde intentó recalificar una parcela escolar en este pueblo para convertirla en edificable y levantar en ella un apartahotel o, en su caso, 123 viviendas. Una decisión respaldada inicialmente por el presidente de la comunidad, Miguel Sanz, quien, al comprobar la sombría evolución del asunto en la prensa local, ha optado por cambiar de postura y forzar al alcalde a dimitir, expulsándolo temporalmente del partido.
El Grupo Flores es una de las principales constructoras navarras y también dispone en aquella comunidad de un campo de golf cercano a Pamplona, denominado Castillo de Gorráiz.