Qué hacer cuando la deuda ahoga a todos

Cualquier hipotecado ha podido comprobar lo fácil que es (era) endeudarse y lo difícil que resulta quitarse de encima la deuda. Las administraciones públicas no son distintas a los particulares. El Ayuntamiento de Santander aún está pagando las penurias de la herencia dejada por Juan Hormaechea y por Manuel Huerta. Pero tampoco se libran las empresas. Las grandes constructoras españolas se endeudaron hasta las cejas para adquirir a sus rivales europeas y ahora se ven obligadas a desprenderse de activos para aliviar los gastos financieros. Ni siquiera se escapa el ámbito deportivo: la deuda que arrastra el Racing desde hace años ha provocado el concurso de acreedores.
La decisión del Gobierno de que el ICO anticipe el cobro de los proveedores de los ayuntamientos hasta un importe de 3.400 millones de euros ha sido acogido con algunas críticas de cara a la galería (“es pan para hoy y hambre para mañana”) pero con enorme alivio por ayuntamientos y acreedores. Pero, en estos momentos, ni siquiera es posible cuantificar con exactitud la deuda municipal. Hay ayuntamientos de la región en los que durante meses no se ha puesto el registro de entrada a las facturas llegadas, lo que significa que no aparecen contabilizadas en ningún lugar.
El dinero del ICO es un mero préstamo, a descontar en tres años de los ingresos que el Estado abona a esos municipios y, en ese sentido, no resuelve los problemas, pero los aplaza. Los alcaldes tomarán un poco de aire y, con un poco de suerte, cuando tengan que devolver el crédito, las cosas puede que hayan mejorado.
Hormaechea decía que el dinero está en los bancos, basta con ir a pedirlo. De esta forma convirtió una autonomía descafeinada, la de Díaz de Entresotos, en la que no había dinero para inversiones en una superautonomía, con un enorme margen de maniobra. Si con Entresotos sólo se reformó el Puente de la Barca, en Barreda, y el pequeño puerto del Tramalón, cerca de Comillas, con Hormaechea se puso la región patas arriba.
Al cuarto año de mandato, el endeudamiento multiplicaba por cuatro la generación ordinaria de ingresos de la autonomía, de forma que en su segunda legislatura, y tras el breve paréntesis del Gobierno de Gestión, el dinero no sólo dejó de estar en los bancos, que se negaron a prestar más, sino que se vio obligado a devolver lo solicitado anteriormente. Durante cuatro años la administración regional permaneció completamente paralizada, para evitar cualquier gasto y, ni siquiera eso permitió equilibrar las cuentas hasta que la llegada del dinero de las nuevas competencias, que obviamente venían sin cargas anteriores, diluyó el endeudamiento histórico.
En el Ayuntamiento de Santander no tuvieron tanta suerte. A Hormaechea le pusieron el contador de la deuda a cero estando de alcalde, porque el Estado se vio forzado a acudir en socorro de las grandes ciudades, cuyas finanzas estaban en quiebra, y hubo de hacer tabla rasa con la deuda del resto. Los más beneficiados fueron los que habían gastado más y eso empezó a consolidar la idea de que el entonces alcalde de Santander estaba tocado por la baraka. Antes de marcharse al Gobierno regional ya había vuelto a acrecentar la deuda, pero fue el segundo mandato de Manuel Huerta, con los túneles de Tetuán y de la Calle Burgos y con el disparatado coste de la reforma del palacio de la Magdalena, el que dejó un profundísimo agujero en las arcas municipales que no se ha tapado hasta ahora.

Cuatro años de restricciones para bajar un 20%

Ni Gonzalo Piñeiro ni Iñigo de la Serna han conseguido, en dieciséis años absorber el problema. A pesar de practicar una política muy frugal de inversiones, Santander sigue apareciendo en los rankings nacionales como una de las ciudades más endeudadas del país. De nada han servido los estrictos controles de endeudamiento que desde hace muchos años ha mantenido el Ministerio de Economía sobre el Ayuntamiento para que no superase el ratio legal de deuda, o la drástica prohibición del último año. Es cierto que el endeudamiento no sube, pero tampoco baja de una forma significativa. Ni siquiera lo hizo cuando el Ayuntamiento vendió la única joya de su ajuar, el Servicio de Aguas, por el que Aqualia pagó más de 11.000 millones de pesetas, que en buena parte ya se habían consumido en el Parque de Las Llamas, donde la mitad de la inversión la sufragaba el Ayuntamiento.
Si tantos sacrificios a lo largo de casi veinte años han dado tan pocos resultados a la hora de quitarse de encima ese pasado (en los últimos cuatro años, de enorme austeridad, De la Serna sólo ha podido reducir la deuda en un 20%) ¿qué solución tiene esa losa histórica, o la más reciente que ahoga a otros municipios, como Reocín, Miengo o Bezana?
Ninguna endógena. Los tributos y las tasas no dan más de sí. La progresiva subida del IBI ha tocado techo, sobre todo si se tiene en cuenta que, con el descenso en el precio de la vivienda, su repercusión sobre el valor real de mercado se ha hecho mucho más elevada.
Los ayuntamientos siempre confiaron en el urbanismo como una fuente de recursos inagotable, pero esa fuente se ha secado por mucho tiempo y, lo que es peor, creó un espejismo que llevó a los alcaldes a disponer de unas plantillas de funcionarios que sus presupuestos ahora no pueden soportar. Unas plantillas que tampoco se corresponden con la escasa actividad actual, pero que no se pueden reducir. Ni existe el despido para los funcionarios ni los planes de amortización de plazas darán resultado en mucho tiempo, dado que están vinculados a las jubilaciones y las plantillas son relativamente jóvenes.
Para disimular su precariedad, los ayuntamientos han tratado de trasladar la responsabilidad de sus inversiones al Gobierno regional, que tampoco está en disposición de atenderlas. En realidad, su tabla de salvación en la última legislatura ha sido el Plan E. A pesar de las críticas, ellos han sido los que eligieron las obras y las han rentabilizado políticamente. El Estado se limitó a pagar lo que los municipios propusieron, sin ni siquiera fiscalizarlo, lo que sirvió para que muchos utilizaran la picaresca de inflar los presupuestos para ni siquiera tener que aportar su parte.
El Plan E no parece probable que vuelva a reeditarse, por la imposibilidad económica del Gobierno central, por lo que los municipios sólo pueden aspirar a una mayor participación en los futuros ingresos del Estado, un asunto sobre el que ningún partido se pronuncia abiertamente. Sin ese flujo de dinero, los alcaldes que acaban de tomar posesión van a vivir cuatro años de absoluta parálisis. Ni ingresos por licencia de obras, ni capacidad de endeudamiento.
Para los municipios del interior la solución estaba en los parques eólicos, cuyas licencias de obras les hubiesen aportado cantidades millonarias. Si el concurso se anula, esta expectativa volará.

¿Habrá Estatuto de Capitalidad?

Santander, además, está obligada a devolver al Gobierno central 13,1 millones de euros de anticipos de 2009 sobre una previsión de ingresos estatales que no se cumplió. En estas circunstancias, la ciudad tiene una sola carta en la manga: el estatuto de capitalidad. La idea que aportó Juanjo Sota cuando era concejal del PSOE –y que su partido rechazó aplicar cuando gobernaba la región en alianza con el PRC– se convirtió en la pasada legislatura en el clavo ardiendo al que se acogía De la Serna, aunque curiosamente, en los contactos que ha mantenido con el nuevo presidente, Ignacio Diego, no se ha mencionado el asunto. No obstante, ni los estudios que se han realizado aportan argumentos de peso para que la capital reciba esta compensación (hablar del desgaste de aceras que provocan quienes llegan a la ciudad a realizar trámites parece poco serio) ni las cuantías que se han manejado van a resolver los gravísimos problemas económicos municipales.
La ciudad espera del nuevo Gobierno mucho más: no solo que se haga cargo de las obras sino también de los programas sociales puestos en marcha por el Ayuntamiento y que no puede financiar. No obstante, proyectos como la unificación de las estaciones de Renfe y Feve tendrán que esperar e, incluso, el de la ordenación de la fachada marítima.
Los ingresos que el Estado aportaba por la venta de suelo público a promotores privados son muy inciertos en estos tiempos y la renuncia firmada por el del Ayuntamiento a cobrar las tasas a las empresas que se instalen en esa zona tampoco ayuda a disponer de recursos.
Como consecuencia, en esta legislatura probablemente no se vea más actuación en Santander que el Centro Botín, financiado por la Fundación Marcelino Botín, que por su espectacularidad servirá para justificarla, y el edificio de Zaera para el CAR, que financia la Federación Española de Vela. Y en el resto de los municipios, la nada más absoluta.