Santillana reclama en los juzgados sus derechos económicos sobre Altamira

Un año después de la inauguración del nuevo Museo de Altamira, las tensas relaciones entre el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Santillana amenazan con reeditar el litigio que enfrentó a esta corporación con el Estado a mediados de los años setenta, aunque esta vez no es la propiedad de la cueva de Altamira lo que está en juego, sino el cumplimiento de las contrapartidas económicas acordadas en 1977 a cambio de su cesión al Estado.
El silencio mantenido por el Ministerio de Cultura ante las reiteradas peticiones del Ayuntamiento de Santillana para que le sea facilitada información sobre los rendimientos económicos del nuevo Museo ha enconado la controversia sobre el reparto de los ingresos que genera el nuevo complejo, hasta el punto de que lleva camino de resolverse ante los tribunales. El Ayuntamiento de Santillana acordó el pasado mes de septiembre demandar al Ministerio de Cultura por el incumplimiento del acuerdo firmado en 1977, por el cual se hacía cargo de las cuevas el Ministerio de Cultura, por su carácter de bien patrimonio de la humanidad y, a cambio, el Estado otorgaba al municipio el 50% de todos los ingresos que generasen en el futuro.
Entonces la cantidad era pequeña o nula, dado que ni la cueva de las pinturas se podía visitar ni existía una réplica, pero las cosas han cambiado mucho en el último año.
El acuerdo, denominado censo reservativo, había establecido un pago mínimo al Ayuntamiento de 5 millones de pesetas al año, cantidad que se actualizaría anualmente con el IPC y que con el paso del tiempo se ha convertido en 30 millones de pesetas.
El Ayuntamiento esperaba que con la apertura de la neocueva y el museo, la cuantía se ajustase ya a los ingresos reales, y por tanto, fuese sustancialmente mayor, pero el Ministerio de Cultura se atiene exclusivamente a la cifra fijada a tanto alzado para el caso de que la cueva no generase ingresos.

Opacidad informativa

El Ayuntamiento defiende sus derechos sobre los rendimientos de todos los complejos anejos a la cueva original con la literalidad del acuerdo firmado en 1977 donde el Estado español se comprometía a pagarle una pensión anual “igual al 50% de los ingresos producidos por la explotación de las cuevas de Altamira y todas las instalaciones existentes o que se realicen en el futuro, tanto en el interior de las fincas objeto del censo, como fuera de ellas, siempre que formen parte de la unidad de explotación de dichas cuevas”, incluyéndose dentro del concepto de explotación “las publicaciones, reproducciones de las pinturas, réplicas de éstas o de las cuevas, museo anejo, etc.”.
Mientras las viejas instalaciones de Altamira languidecían, primero por el cierre de la cueva y a partir de 1982 por las restricciones de acceso, la aplicación mecánica de este convenio no generaba ningún reparo de la corporación de Santillana, que recibía todos los años la cuantía mínima estipulada. Sin embargo, la inauguración del nuevo Museo y la multiplicación del número de visitantes cambió por completo las expectativas del Ayuntamiento, que quiere hacer valer su derecho al 50% de los ingresos, algo a lo que el Ministerio de Cultura no está dispuesto a acceder, al entender que el municipio ya ha sido recompensado con la construcción de la neocueva y entregar el 50% de los ingresos dejaría al complejo en una situación deficitaria que le obligaría a asumir importantes pérdidas todos los años.
El Ministerio ha evitado hasta ahora dar cifra alguna sobre los ingresos que generan la neocueva y el museo, pero de su cuantía puede dar una idea el hecho de que entre la fecha de su inauguración, en julio de 2001, y finales de ese mismo año, entraron en el recinto 215.000 personas y la previsión más moderada para el año 2002 sitúa la cifra de visitantes en 350.000. Salvo aquellos casos en que la entrada es gratuita –menores, jubilados y desempleados y domingos– el acceso al Museo tiene un precio de 2,40 euros (400 pesetas), que se reduce a la mitad en el caso de estudiantes e investigadores. Además, habría que tener en cuenta los rendimientos del merchandising generado en torno a Altamira, comenzando por las ventas de la tienda ubicada en el propio Museo.
Para poder determinar cual es la opción que más conviene al municipio, la Corporación de Santillana necesita conocer los ingresos totales del nuevo Museo, una información a la que tampoco ha tenido acceso como miembro del Patronato de Altamira o como integrante del Consorcio formado para gestionar la construcción del complejo. Para recabar estos datos se dirigió hace ya diez meses a la Secretaría de Estado de Cultura, solicitando el montante total de los ingresos producidos por los distintos conceptos recogidos en el acuerdo de 1977. La Administración central no ha contestado hasta el momento, lo que ha impulsado al Ayuntamiento de Santillana a exigir por la vía judicial el cumplimiento del primitivo acuerdo.

La contraoferta del Ministerio de Cultura

Sin embargo, las consecuencias que se derivan del censo reservativo de 1977 no han pasado inadvertidas para la Administración central, que ya intentó en el año 2000 renegociarlo con el Ayuntamiento de Santillana. En aquella propuesta, única hasta la fecha, la Secretaría de Estado de Cultura hizo hincapié en los mil millones de pesetas que iba a invertir en el nuevo museo (el coste final ha superado los 4.500 millones, cofinanciados por varias instituciones) y ofrecía al Ayuntamiento un incremento del actual canon en un 5% anual hasta el 2037; la percepción municipal de un 25% de los beneficios del Museo a partir del 2009 y la exención de sufragar la parte proporcional de las posibles pérdidas.
La oferta fue rechazada por el Ayuntamiento, que insiste en su derecho a percibir el 50% de los ingresos brutos del Museo y no el 25% de unos hipotéticos beneficios que siempre podrían quedar absorbidos con la justificación de nuevas inversiones.
El conflicto que ha ido fraguando en este plazo no parece que tenga solución posible en una vía negociada y tendrá que ser el juez quien determine cómo se repartirán los titulares del viejo rebaño de bisontes los resultados de su pastoreo cultural.