Sodercan, de charco en charco

A mediados de los años 80, un consejero de Economía que acababa de tomar posesión fue interpelado por Sodercan en el Parlamento. Carente aún de las picardías de la política o poco dispuesto a cargar con la herencia de sus antecesores, aunque fuesen del mismo partido, reconoció sin ambages que de los 27 proyectos en los que había invertido la empresa pública hasta esa fecha, en 25 podía darse la inversión por perdida. ¿Qué pudo ocurrir para que allí donde entraba la empresa que debía impulsar el desarrollo de Cantabria ocurriese exactamente lo contrario de lo que se pretendía? Quizá alguien debiera haberlo analizado en su momento, pero lo único cierto es que aquello no sirvió de escarmiento.
Sodercan ha pasado por muchas fases, pero durante buena parte de su existencia ha sido una sociedad de capital riesgo, es decir, con un brazo inversor dispuesto a participar en proyectos de interés para la región, aunque sus aportaciones de capital tradicionalmente han sido modestas (tampoco tenía demasiados recursos) en proyectos también modestos y, por tanto, de bastante riesgo. Pero no siempre fueron pequeños y el problema es que, cuando fue más ambiciosa, Sodercan también fracasó.

El fiasco de Algatecsa

El primer intento de pensar más a lo grande fue una iniciativa encomiable, la de Algatecsa. Se trataba de cambiar el sistema de recolección del gelidium sesquipedale un alga parda que llega a las playas de la región en otoño, cuando parte de las ramificaciones se desprenden de forma natural de los tallos. Cantabria se disponía a aprovechar mejor esta riqueza, después de haber tenido un par de fábricas para transformarla y producir el agar-agar, una sustancia de la que se obtienen espesantes alimentarios y geles para el cultivo de bacterias en laboratorios.
Algatecsa quería ir más allá y convertir la recogida, una actividad incierta que depende de las mareas y de las corrientes, en un sistema de recolección relativamente industrializado, con buzos para hacer las cortas y un barco destinado a transportar este equipo a la zona de trabajo y recoger las algas para llevarlas a una planta transformadora situada en las proximidades de Comillas.
Sodercan tuvo un papel protagonista en ese proyecto, ya que buscó unos socios franceses y tuvo una aportación financiera y de gestión muy relevante. Pero nada de eso fue suficiente. Es verdad que el sistema de corta de algas no tenía demasiadas garantías de éxito, porque no había precedentes, pero el auténtico problema fue de índole política, al aparecer una coordinadora formada por recogedores tradicionales de algas de la zona de Comillas, que causaron un notable revuelo en la zona. Tanto que el Gobierno regional de la época (finales de los años 80) acabó por denegar la licencia para realizar la corta de algas, lo que hacía absolutamente inviable la empresa. La Consejería de Ganadería (que por entonces llevaba los temas de medio ambiente) hundía un proyecto de la Consejería de Industria, de la que dependía Sodercan y en el que ya había invertido decenas de millones de pesetas. Insólito, pero real.
Con el Gobierno de Martínez Sieso volvió el sentido común que se había perdido durante los mandatos de Hormaechea, pero no por eso dejaron de producirse algunos episodios poco gloriosos en el historial de Sodercan, que fue convertida en la oficina para todo. Bajo la filosofía de que la Administración era demasiado lenta y demasiado encorsetada para la economía de hoy, se le atribuyeron numerosas competencias que siempre habían gestionado los órganos administrativos de la Consejería de Industria, que fue vaciada de casi toda responsabilidad.

Los perfiles de acero

Sodercan intervino con éxito en la salvación de algunas grandes industrias en crisis, como Setra, pero tampoco mejoró su olfato para las inversiones. Y llegaron los problemas. Deseosos, como todos los gobiernos precedentes, de llevar un proyecto industrial a Campoo, una comarca en la que casi nadie mostraba interés en invertir, Sodercan auspició la implantación de Alfacel, que fracasó al poco tiempo, aunque la mayor parte de los 600 millones de pesetas que recibió en ayudas llegaron de ABB, a cambio de la recolocación de parte de sus trabajadores.
La planta se creó y fracasó, una eventualidad a la que nadie es inmune, pero poco más tarde, Sodercan se dejó atrapar en la iniciativa de un empresario aragonés para fabricar perfiles de acero inoxidable para ventanas. Un producto que nunca se había utilizado con este fin (y sigue sin utilizarse) pero que, según el empresario, tenía unas brillantes perspectivas. El entusiasmo del promotor y las visitas a la pujante fábrica que tenía en Zaragoza donde producía otros componentes metálicos, acabaron por convencer a los responsables políticos y a los de Sodercan, que crearon una sociedad al efecto.
El Gobierno de Martínez Sieso mantuvo un gran sigilo sobre este proyecto, que nunca fue dado a conocer en público, y eso le salvó de un escándalo parecido al que vivieron sus sucesores con GFB. Los 120 millones de pesetas de capital inicial pronto se quedaron cortos para el volumen creciente de gasto que parecía requerir la iniciativa. El empresario lograba convencer una y otra vez al Gobierno de que era necesario más y el Gobierno cedió hasta llegar a poner 500 millones de pesetas de hace diez años. En ese momento, y cuando supuestamente ya estaba cerca de materializarse, el Gabinete de Martínez Sieso optó por darle el carpetazo y le ordenó a Sodercan abandonar el barco, dando por perdido todo lo desembolsado hasta ese momento.

La historia se repite

Si la historia tiende a repetirse, en el caso de Sodercan esa repetición se produjo casi de inmediato. Acababa de entrar el nuevo Gobierno del PRC-PSOE cuando cayó en el mismo error. De nuevo se embarcó en un proyecto desmesurado para sus posibilidades económicas, el de GFB; de nuevo con el mismo destino, Reinosa; y de nuevo con una idea de fabricación vinculada a la construcción.
En este caso, se trataba de recuperar un proyecto surgido en la época de Martínez Sieso, protagonizado por un magnate costarricense de origen catalán, que deseaba tener una planta de fibroyeso en Europa. Un producto de calidad –aunque en nuestro continente hay más costumbre de utilizar los paneles tipo pladur–, y con muchos otros efectos sobre la economía de la zona: transportistas, Puerto de Santander, proveedores…
Como ocurrió con la factoría de perfiles de acero, el proyecto tropezó con unos gestores inadecuados, un incremento sustancial de los gastos previstos y un empresario al que su familia le cortó el grifo de la liquidez cuando los gastos para levantar la fábrica cántabra empezaron a desmesurarse. Pero el principal problema fue el cambio de coyuntura. España, que construía casi un millón de viviendas al año cuando se constituyó GFB, pasó a no hacer prácticamente ninguna cuando se acabó la planta, asentada en Orejo. El mercado, si lo había, se había agotado. Y, como en el caso de Acel, Sodercan se enfrentó a la disyuntiva de seguir financiando la construcción de una fábrica que ya no tenía ninguna posibilidad de éxito o dar por perdido todo lo invertido hasta ese momento. Optó por lo primero, hasta que a la llegada del consejero Javier del Olmo se dio la orden tajante de no meter un euro más. La fábrica entró en concurso de acreedores sin haber llegado a inaugurarse.
Con el cambio de Gobierno, Sodercan se convirtió en un arma arrojadiza contra el anterior, y el PP no dudó en llevar a los tribunales al ex consejero delegado, José Villaescusa, y al exdirector general, Francisco Royano.

Dimisiones y cárcel

Pero tampoco la nueva gestión se ha librado de la polémica. Primero por la dimisión del director general nombrado por Diego, Miguel Cabetas, que supuestamente llegaba para captar inversores en América para todo tipo de iniciativas, incluso para el Racing. Una tarea que no ha dado los resultados esperados en ninguno de los terrenos, a pesar de que durante algún tiempo la sociedad tuvo un consejero delegado ejecutivo, dos directores generales y cinco directores de área. Eso sí, pronto empezaron las deserciones. El primero en marcharse fue Javier Abad, director general adjunto. Luego fue despedido Francisco Royano, que procedía de la época anterior, y más tarde quien se fue resultó ser el propio Cabetas, que apenas duró un año en el cargo.
La salida de Cabetas se interpretó como una victoria del consejero de Industria, con quien nunca tuvo buenas relaciones, pero tampoco eso ha traído la tranquilidad a la empresa, ya que el ascendido Jesús de las Cuevas, convertido en director general de Proyectos Estratégicos y Desarrollo Internacional, ha acabado en prisión por haberse apropiado, presuntamente, de unos 600.000 euros de la compañía, distraídos a través de una red de empresas fantasma creadas en el extranjero por él mismo, a las que abonaba facturas por servicios que nunca prestaron.
La posición de Sodercan y del propio Gobierno en este caso es especialmente incómoda, ya que había contratado una auditoría interna a la consultora Deloitte en la que no se detectó el menor rastro de ese desfalco.
Por si fuera poco problema, el mismo día en que se conocía el escándalo del directivo de Sodercan también salía a la luz la admisión a trámite de una querella contra el director general de Industria, Fernando Rodríguez Puertas, por tramitar de un expediente de expropiación de suelo en Camargo en favor de Hormisa (Grupo Ascan). Unos terrenos donde la empresa constructora ha venido explotando una cantera y que son propiedad de la junta vecinal de Escobedo, que recientemente ganó un juicio a Hormisa por no haber hecho frente a los alquileres de los tres últimos años, la mayor parte de los cuales se han ido pagando posteriormente. La Consejería justificaba la tramitación de la expropiación en necesidades perentorias de la empresa, mientras que los vecinos sostienen que la expropiación es una mera represalia de la compañía, secundada por el Gobierno, tras haber perdido el juicio.