Sogarca, por fin en orden

Afortunadamente para la sociedad de garantía cántabra, los dos socios principales (el Gobierno regional y Caja Cantabria) aceptaron recapitalizarla con 100 millones de pesetas cada uno y comenzaron a aclararse algunas de las incertidumbres internas en que se movía la sociedad. Desde la polémica junta general de 1997, en la que dos partes enfrentadas se disputaron el poder, a la crisis económica casi perpetua de Sogarca se había unido la creada por la pugna que se libraba por el control de la compañía, una disputa muy difícil de entender en una sociedad que se encontraba en estado tan precario y en la que ni el presidente ni los consejeros cobran, ni legalmente puede repartir beneficios.
Dadas las reclamaciones que planteó la junta de 1997, con dos partes distintas que se atribuían el control legítimo de la sociedad, la única solución fue convocar una nueva junta por vía judicial, a petición de uno de los dos únicos que pueden hacerlo por reunir más del 5% del accionariado: Caja Cantabria y el Gobierno cántabro.
Fue la Caja la que se decidió a iniciar el proceso y una vez resueltas las legitimidades se iniciaron los trámites para reabrir la hoja registral, cerrada desde comienzos de la década cuando se dejó de cumplir la obligación legal de depositar las cuentas. Esta imposibilidad de inscribir los acuerdos, muy incómoda para cualquier empresa, se convertía en agobiante para una sociedad financiera y había contribuido al bloqueo general que vivía Sogarca.

Una situación insólita

Un ejemplo de la situación de bloqueo a la que había llegado la sociedad se producía con la ampliación de capital comprometida por el Gobierno desde algún tiempo atrás por importe de 50 millones de pesetas. El capital social nominal era de 875 millones de pesetas, pero las SGR son empresas de capital variable y, estatutariamente, estaba fijado en un mínimo de 300 millones y un máximo de 900 (en estas sociedades el capital aumenta con la llegada de cada partícipe y por eso se establece una horquilla de máximos y mínimos). Dado que sólo restaban 25 millones de pesetas para sobrepasar el máximo teórico, resultaba imposible aceptar cualquier cuantía superior, mientras la sociedad no tuviese la oportunidad de registrar una ampliación de capital.
Semejante paradoja de no poder aceptar un dinero absolutamente imprescindible para empezar el reflotamiento se producía con un escenario que poco tenía que ver con estas cantidades teóricas. De los 875 millones de capital que figuraban en el balance, 155 nunca habían llegado a ser desembolsados y otros 375 habían sido devorados por las pérdidas acumuladas. La situación patrimonial era tan apurada que colocaba a Sogarca al borde de la disolución.

Depuración de socios

Después de meses de trabajo para poner en claro la situación registral, se consiguió que en el 2000 la sociedad estuviese en disposición de poder realizar una ampliación de capital, para aumentar el mínimo a 500 millones de pesetas, con las aportaciones del Gobierno y la Caja. Tres meses más tarde se iniciaba una reducción de capital muy compleja para acabar con la engañosa política anterior de las aportaciones sin desembolsar.
Después de obtener la aprobación del Ministerio de Economía, se notificó notarialmente a cada socio que tenía capital por desembolsar para que hiciese los desembolsos pendientes o renunciasen a su participación. Un proceso muy laborioso y a veces conflictivo que finalmente dio lugar a un recorte del capital en un 41,7%. En realidad, se trataba de cantidades que en la mayoría de los casos no pasaban, individualmente, de las 12.500 pesetas, pero la regularización no siempre fue bien entendida por los afectados.
Al finalizar el proceso, se había conseguido por esta vía absorber casi todas las pérdidas acumuladas y el capital volvía a quedar establecido entre 300 y 900 millones de pesetas que ahora ya es obligatorio que esté totalmente desembolsado.

Política comercial más agresiva

El proceso de saneamiento ha permitido reiniciar una política comercial más agresiva, con un reajuste a la baja del precio de las cuotas participativas forzosas y la supresión de la fianza del 2% que se exigía para obtener los avales. También se han suprimido las hipotecas, en la mayoría de los casos, con el fin de ahorrarle costes al solicitante de los avales. Sogarca cobra por el aval una comisión del 1% –en los técnicos, que demandan las empresas para concurrir a los concursos públicos, un 0,5%– y un 3 por mil como gastos de estudio de la operación.
Una vez resueltos los problemas, Sogarca ha puesto en marcha un plan estratégico para alcanzar en cinco años un riesgo vivo de 5.000 millones de pesetas, lo que supondría triplicar el actual volumen de negocio.
Javier de la Torre, director de Sogarca, está convencido de que las condiciones que ahora mismo puede ofrecer la sociedad no tienen competencia en el mercado y hace mención al convenio firmado con Caja Cantabria que ofrece financiación a los avalados a ocho años y a un tipo de interés del euribor más 0,20 puntos: “No hay nadie que dé algo parecido a una pyme”, dice De la Torre.
Sogarca, tanto por su volumen de recursos propios como por la filosofía con que nació, dirige su actividad hacia las pymes: “Las grandes empresas negocian directamente con los bancos, pero las pequeñas difícilmente tienen posibilidad de negociar nada. Nosotros, en cambio, sí podemos negociar por ellas”, enfatiza De la Torre. Las mayores operaciones difícilmente sobrepasan los 50 millones de pesetas, pero las habituales son muy inferiores a esta cantidad. Su clientela más habitual son transportistas que quieren comprarse un camión, hosteleros que desean abrir un local o remozar el que tienen y empresas que concurren a concursos públicos, pero la variedad de gremios solicitantes es muy grande. En sus 21 años de existencia ha avalado a 1.200 empresarios de la región que en muchos casos no hubiesen encontrado otro garante.

Recuperación del reafianzamiento

Los beneficiarios de los avales deben convertirse en partícipes (socios), lo cual requiere un desembolso de 175 euros (algo menos de 30.000 pesetas). Por cada 6.000 euros avalados deben suscribir una cuota y esas cuotas les son devueltas al finalizar la operación al valor contable que tengan las participaciones en esa fecha.
La sociedad de garantía cántabra durante los pasados años de crisis había perdido la posibilidad de reafianzar las operaciones que realiza por la escasa confianza que ofrecía su situación, lo que se convertía en otro problema más. Desde hace un año, la situación en este terreno también está normalizada, con la firma de un nuevo contrato con la Compañía Española de Reafianzamiento, que da cobertura parcial de las provisiones, tanto genéricas como específicas que Sogarca ha de hacer con cada operación y, por tanto, disminuye los riesgos y amplía su campo potencial de actuación con los mismos recursos propios.