Sólo hay media docena en el país

Convertir un residuo en un recurso es el objetivo último de todas las políticas de reciclaje y, desde el pasado mes de agosto, este principio ha comenzado a aplicarse también en España a los electrodomésticos y a los aparatos electrónicos desechados, aunque con algún retraso sobre la fecha inicialmente marcada por la Unión Europea. Por tanto, es imprescindible el establecimiento de un sistema de recogida y la creación de centros para el reciclado donde podrán recuperarse muchos subproductos de estos aparatos para su utilización posterior.
No es el primer sector industrial que debe asumir una normativa de gestión de residuos. Obligaciones como las que ahora se plantean a los fabricantes de equipos eléctricos y electrónicos existen desde hace tiempo para los envases de cartón o de vidrio.
La acelerada evolución de la tecnología informática, que convierte rápidamente en obsoletos los equipos más sofisticados, y la evidencia de que puede resultar más económico comprar un electrodoméstico nuevo que repararlo, ha acentuado el problema de qué hacer con los aparatos usados, que generan ya una montaña ingente de desechos en cualquier sociedad avanzada. Tan sólo en los hogares españoles se envían a la basura unas 400.000 toneladas anuales de lavadoras, frigoríficos y aparatos electrónicos, y esta cifra va en aumento. Un simple cambio tecnológico como el que ha desplazado el televisor convencional con tubo de rayos catódicos por las pantallas planas genera una gran cantidad de residuos. Se estima que en los dos próximos años los hogares españoles desecharán dos millones de aparatos.
Mientras que la recogida de los ordenadores, pantallas, impresoras, consumibles, etc. procedentes de las grandes empresas o de las administraciones públicas plantea pocas dificultades, la logística de recogida se complica mucho cuando se trata de los aparatos desechados por los hogares, habida cuenta de que no sólo es donde se genera el mayor porcentaje de estos residuos, sino de su lógica dispersión.
La norma aprobada establece que los últimos poseedores de los aparatos podrán devolverlos, sin coste alguno, a los distribuidores o a los ayuntamientos, que deberán contar con instalaciones para su almacenamiento temporal (un papel que cumplen los llamados ‘puntos limpios’). Será en todo caso el fabricante quien se haga cargo de los costes de gestión –incluida la recogida desde las instalaciones de almacenamiento– de los aparatos eléctricos y electrónicos desechados, aunque el Real Decreto limita esta obligación a los que hayan sido puestos en el mercado a partir del 13 de agosto de 2005, fecha de su entrada en vigor.

Impulso a los centros de reciclaje

Además de definir las responsabilidades en la gestión de estos residuos, el nuevo marco legal impulsará la creación de centros específicos para la descontaminación y reciclaje de estos materiales.
La recuperación de residuos electrónicos para su reintroducción en el mercado es un campo tan prometedor como poco explorado en España, donde apenas existen media docena de plantas especializadas en esta tarea. El problema no se reduce a la insuficiencia de su número para tratar el volumen de desechos que se generan en España, sino también al hecho de que algunas son de uso específicamente regional, como ocurre en Cataluña, donde se limita su uso a los residuos producidos en su propia comunidad.
La oportunidad de negocio que plantea la obligación legal de reciclar y la carencia de centros adecuados, no ha pasado desapercibida para algunos promotores, y en Cantabria se están gestando dos iniciativas para construir sendas plantas enfocadas a la gestión de residuos eléctricos y electrónicos. En el diseño de ambos proyectos participa la firma cántabra Medioambiente Consultores, una ingeniería que aporta su conocimiento en un sector en el que queda mucho por investigar, y donde la tecnología para descontaminar y recuperar los materiales que contienen está en un continuo proceso de innovación.
Medioambiente Consultores colabora actualmente en la creación de un centro experimental en Castilla León para la investigación de técnicas de recuperación y tratamiento de estos residuos. Un referente para estos centros es Japón, el país que cuenta con la tecnología más avanzada para la segregación de los plásticos y metales que utilizan los componentes electrónicos.
Buena parte de los problemas que plantea la gestión de estos restos proceden de la necesidad de descontaminarlos. Un simple televisor de tubo está revestido en su interior con un material altamente tóxico, como el fósforo. Los teléfonos móviles, los ordenadores y otros productos electrónicos contienen hasta un 30% de compuestos ignífugos o piroretardantes a base de bromo, mientras que las baterías utilizan otros productos también tóxicos como el plomo, el cadmio o el mercurio.
Un problema añadido es la dificultad para diseñar una metodología de trabajo cuando cada aparato, dependiendo del fabricante y de su antigüedad, plantea problemas específicos para averiguar dónde están situados los materiales que se deben descontaminar. Por eso, por el momento, cualquier iniciativa de reciclado está basada en el trabajo manual, algo que dificulta la rentabilidad de la planta, que no podría conseguirse únicamente a través de la venta de los materiales recuperados, sin la ayuda de los cánones que los fabricantes pagan en origen para garantizar la recuperación futura de lo que ahora producen. Cánones que nunca tuvieron los aparatos que ahora están llegando a los vertederos.
Aunque muchos de los detalles que rodean a los dos proyectos que se están gestando en Cantabria están aún por concretar, incluida su ubicación, se puede avanzar que ambas instalaciones tendrían un amplio campo de acción geográfica, ya que en toda la Cornisa Cantábrica tan sólo existe un centro similar, y está en el País Vasco. Unos precios competitivos podrían incluso hacerlas atractivas para los productores de zonas más alejadas, ya que ese tipo de desecho tiene poco volumen y no resulta especialmente encarecido por su transporte a grandes distancias.
Con la tecnología actualmente disponible, son posibles porcentajes muy elevados de recuperación de componentes y materiales electrónicos, cercanos en algunos casos al 90%. Este grado de eficacia le ha valido a este sector del reciclaje el apelativo de “nueva minería” con el que se quiere enfatizar la importancia económica que está llamada a cobrar la recuperación de metales.