¿SON TANTOS LOS NOMBRADOS A DEDO?

Perder las elecciones puede ser un doble drama cuando se está gobernando, porque a la censura ciudadana hay que añadirle la pérdida del empleo para muchos altos cargos. Le ocurrió al PP en 2015 cuando tuvo que abandonar el Gobierno regional y ahora vuelve a producirse una cierta renovación en las consejerías socialistas, ya que Zuloaga no ha conservado a ninguno de los afectos a Díaz Tezanos. Pero, en realidad, la estructura del Gobierno cántabro es relativamente reducida: un presidente, nueve consejeros, nueve secretarios generales, nueve jefes de gabinete y 34 directores generales, además de 17 directores de organismos o empresas públicas. En total, 70 puestos de libre designación, una cantidad relativamente pequeña para una plantilla de 20.586 empleados públicos.

Hay muchos cargos nombrados a dedo en las administraciones públicas españolas? ¿Es uno de los motivos de la enorme deuda que pesa sobre el país? En el Gobierno de Cantabria hay 70 altos cargos (incluyendo las empresas públicas y asesores) y su coste conjunto es de alrededor de 5,2 millones de euros al año. Un terreno de juego muy estrecho como para convertirse en el gran refugio laboral de la militancia de los partidos, sobre todo si se tiene en cuenta que para muchos de estos altos cargos es imprescindible ser funcionario. Dado que la remuneración de las 20.586 personas que trabajan en las nueve consejerías, el Servicio Cántabro de Salud, el Servicio Cántabro de Empleo, el Instituto de Seguridad en el Trabajo y el ICASS suma 918,5 millones de euros, el coste de los altos cargos apenas representa un 0,55% de la nómina total.

Es difícil saber con exactitud todos los cargos de libre designación (incluidos asesores) que hay en España, pero como ocurre con los aforados, las cifras que se manejan en la calle distan mucho de la realidad. De los supuestamente medio millón de aforados que calculaban algunos partidos políticos, la realidad es que no pasan de 300.000, y de ellos 280.000 pertenecen a las fuerzas armadas o a las distintas policías, algo más de 6.000 son jueces o fiscales y los políticos (parlamentarios nacionales y regionales) no pasan de 2.800.

En el Gobierno son un presidente, nueve consejeros, nueve secretarios generales, nueve jefes de gabinete, 34 directores generales y 17 directores de organismos y empresas públicas

En los despachos públicos tampoco hay tantas personas que han entrado a dedo como se supone, los carromeros que afloraron cuando este asesor de la entonces alcaldesa de Madrid Ana Botella tuvo un accidente en Cuba en el que murió el líder de los opositores al régimen castrista, que viajaba con él como copiloto.

La Administración del Estado es la más moderada a la hora de fichar asesores a dedo. Eso no impide que Moncloa tuviese alrededor de 470 en época de Rajoy y unos 450 con Zapatero (incluidos los vinculados a los ministerios). La cifra, en cualquier caso, se debe matizar por el hecho de que la plantilla total de la Administración estatal es de 507.830 personas.

En la red territorial del Estado apenas hay trabajadores de libre designación, nunca más de media docena por cada delegación del Gobierno, lo que añadiría un centenar más de asesores a este cómputo.

Enjambre de instituciones

En las autonomías, la cifra de cargos de libre designación se ha ido reduciendo, aunque muchas de ellas crearon un auténtico enjambre de instituciones y organismos cuya utilidad es muy discutible. Basta ver las que PP, Ciudadanos y Vox decidieron suprimir en Andalucía, aunque luego hayan nombrado nuevos responsables, lo que impide sacar conclusiones de si realmente van a cerrarlas o no.

En cualquier caso, desde la llegada de Rajoy a la Moncloa, en 2011, se inició una política de supresión de organismos públicos que resultó efectiva, aunque muchos de los que desaparecieron eran meramente instrumentales, como ocurrió en Cantabria (sociedades sin personal ni actividad real) por lo que el ahorro acabó resultando muy escaso. A la vez, esas restricciones causaron otros problemas. La reordenación de la fachada marítima de Santander resultó imposible, a pesar de que las tres administraciones públicas implicadas habían firmado un acuerdo para ello, porque el Gobierno de Rajoy no autorizó la creación de la sociedad que debía gestionar el consorcio. Por tanto, ni hubo personas, ni hubo partidas, ni hubo reordenación, tan solo las obras y cesiones de suelo a la ciudad que el Puerto decidió hacer por su cuenta. El ahorro, en ese caso, le salió caro a Cantabria, porque el Ministerio de Fomento iba a financiar parte de esa reordenación.

Aumento en los ayuntamientos

A pesar de la llegada a los parlamentos regionales y a las corporaciones municipales de partidos muy críticos con ese estado de cosas, la realidad es que el número de asesores no se está reduciendo sino que aumenta. Los pactos de gobierno obligan a pagar peajes a cada partido que se suma al acuerdo y eso supone que todos participan del pastel: más parlamentarios y concejales liberados y más asesores de prensa, hasta el punto que empieza a haber más periodistas en los partidos que en los periódicos.

En Santander, la alcaldesa ha optado por mantener su sueldo en 62.764 euros brutos al año, pero esta vez los doce concejales del equipo de gobierno (formado por PP y Ciudadanos) tendrán dedicación exclusiva, y percibirán 44.740 euros al año, lo mismo que los portavoces de los grupos de la oposición: Regionalista, Socialista y Mixto.

Además, todos los miembros de la Corporación tendrán derecho a recibir por gastos de hospedaje y manutención derivados del ejercicio de su cargo un máximo 183 euros al día en el caso de que la labor se desempeñe en España y 260 euros si es en el extranjero.

Bajo la supuesta contención de remuneraciones de Santander, donde los altos cargos no se suben los sueldos, se esconde un gasto añadido en asesores de más de 300.000 euros al año, que propiciarán que todos los grupos municipales, incluido Vox, puedan contratar con cargo al Ayuntamiento secretaria y periodista. A pesar del significativo incremento del gasto, es poco más que una gota en el océano que representa la masa salarial de los 1.200 funcionarios de la casa, cuyo coste anual es de 60 millones de euros.

Lo insólito es que, con una plantilla tan amplia (entre los 1.200 ya no están los trabajadores de limpiezas, recogida de basuras, jardines, aguas o mantenimiento eléctrico, que han pasado a la empresa privada y hubiesen llevado la cifra muy por encima de las 2.000 personas) la alcaldesa no haya tenido hasta ahora un jefe de gabinete de su confianza. Gestionaba por sí misma su agotadora agenda (con Íñigo de la Serna era ella la que ejercía de jefa de gabinete), por el temor a las críticas que, según ella, recibiría si contratase a alguien para este trabajo tan delicado y políticamente comprometido.

Paradójicamente, ha sido la entrada de grupos políticos muy críticos con las teóricas prebendas del poder la que ha abierto las puertas a la contratación de un jefe de gabinete para la alcaldesa, porque en el reparto hubo para todos. La llamativa unanimidad de todos los grupos políticos en la primera votación de la legislatura (la que fijaba los cargos liberados y las remuneraciones) no significa un entendimiento mayor para los próximos años sino que, simplemente, todos estaban satisfechos con lo obtenido.

Cantera

Vivir de la política puede ser una salida profesional, aunque no para tantos como se supone. También crea una cantera de la que surgen los futuros dirigentes de los partidos. Ahí tienen sus primeros contactos, adquieren experiencia y se dan a conocer. Sin estos asesores y cargos de segundo nivel, la renovación de las fuerzas políticas es mucho más complicada, porque cada vez son menos los profesionales que se dejan tentar por un puesto público y no es fácil pasar de mero afiliado de base a consejero. Los partidos necesitan testar a sus cuadros para seleccionar a los que desempeñarán responsabilidades mayores con unas mínimas garantías.

A la inversa, cuando un partido se queda sin este personal de confianza se le avecinan problemas graves. El PP, que en Cantabria se ha quedado con un grupo parlamentario reducido y sin más poder que el Ayuntamiento de Santander (compartido) y treinta municipios rurales, tendrá serios conflictos con algunos de los que han perdido su empleo. Es la condición humana. También pierde capital político, porque los grandes partidos se caracterizan por su implantación territorial y la marcha de quienes han de buscarse un empleo en la economía privada y el enfado de quienes creen que el partido debiera buscarles otra salida (algo que no está en condiciones de hacer) le deja herido para futuros comicios.

Pero ¿y los que llegan? ¿Cuántos puestos podrán cubrir? Bastantes menos de los que suelen suponerse. En el Gobierno de Cantabria, los nueve consejeros (uno más de los que había en la anterior legislatura) tendrán que decidir si se quedan o no con los altos cargos que había en cada consejería: un jefe de gabinete, un secretario general y un número variable de directores generales. También hay que cubrir la dirección de las empresas y organismos públicos. En total, 68 altos cargos en la anterior legislatura, a los que ahora se sumará, como mínimo, otro consejero y otro jefe de gabinete. Un número muy reducido si se compara con el personal que dirigen: algo más de 20.500 personas. No hay un estándar para calcular cuántos directivos tiene como media una empresa de esa dimensión, pero lo habitual es que sean mucho más. El Banco Santander (210.000 trabajadores) declara 2.200 cargos ejecutivos que tipifica como Senior Executive, Executive Vice-President, y Vice-President, aproximadamente uno por cada cien empleados.

La propia Universidad de Cantabria, con 1.700 trabajadores, tiene 143 cargos docentes y 55 directores o subdirectores de área, entre ellos un rector, ocho vicerrectores, un secretario general, un gerente, un jefe de gabinete y un director de comunicación.

Remuneraciones

En realidad, de estos 70 puestos, pocos son para la militancia de los partidos. Lo habitual es que un 70% o más sean ocupados por funcionarios de carrera o técnicos independientes, algo que con toda seguridad se volverá a repetir ahora.

Tanto los cargos de libre designación del Gobierno como sus currículos y nóminas son visibles desde hace algún tiempo en el Portal de Transparencia, lo que resulta una ventaja muy importante con respecto a épocas anteriores, donde esta información había que solicitarla expresamente. Tanta exposición pública hace que los partidos se lo piensen mucho antes de formalizar un contrato de libre designación.

Quien más cobra es el presidente regional, doce pagas de 5.265 euros (la extraordinarias están prorrateadas en la nómina mensual), que una vez deducidas las retenciones por IRPF y las cuotas a la Seguridad Social se quedan en unos modestos 3.560 euros netos, bastante menos de lo que perciben muchos funcionarios del grupo A, que dependen de él.

Ya no hay dietas en los consejos

Como gran parte de estos cargos de designación son funcionarios, no representan un coste añadido (ya tenían un puesto y un salario en la Administración), pero no siempre es fácil convencerles, igual que tampoco resulta sencillo fichar profesionales de prestigio procedentes de la empresa privada. En no pocas ocasiones, aquellos a los que se ofrece un cargo no encuentran un incentivo económico para aceptarlo (el salario bruto de los directores generales es de 62.000 euros al año) y, como suele ocurrir en la sanidad, lo probable es que pierdan dinero, puesto que, con los complementos, antiguedad y guardias, son muchos los médicos que cobran más que el presidente regional, que los consejeros o que el gerente de su Hospital. También ocurre con los catedráticos de universidad.

Eso no invita a asumir responsabilidades, y la posibilidad de remunerarles a través de puestos en consejos de administración, prácticamente han desaparecido, ya que en las empresas públicas de Cantabria hace tiempo que se dejaron de cobrar dietas por reuniones, y también en las fundaciones públicas.

El cambio legal que hace a los miembros de los consejos responsables de los delitos que puedan cometer sus empresas o por gestión negligente supone otro handicap más para aceptar estos puestos, que además de haberse quedado sin remuneración ahora incluyen responsabilidades muy comprometidas. Eso ha provocado que Sodercan haya optado en esta legislatura por retirar a sus consejeros de empresas participadas donde la situación societaria es complicada.

En el Parlamento regional también hay asesores pagados con dinero público, pero son los grupos los que deciden cuántos. Cada grupo recibe una dotación muy jugosa para sus gastos de funcionamiento que puede utilizar como crea más conveniente, aunque por lo general contratan una secretaria y un responsable de prensa. Además, el presidente del Parlamento dispone de un jefe de gabinete, un asesor de prensa, chófer y secretaria.

En total, no pasan de los dos centenares de personas las que en Cantabria pueden vivir de la política, y más de la mitad están en los ayuntamientos, donde la proporción de personal de libre designación es más alto por el mero hecho de que entre los 102 municipios solo suman 5.965 empleados públicos. El fraccionamiento del voto, que ha obligado a hacer pactos de gobierno en muchos ayuntamientos ha llevado a aumentar el número de liberados en bastantes de ellos (Santander, Torrelavega, Camargo, Piélagos…) y las concejalías se han convertido así en las nuevas canteras de los partidos, de hecho. Eso tiene, al menos, un efecto: Santander está perdiendo peso político en la estructura de todos ellos, mientras que crece el del resto de la región.