Sorpresas debajo de las alfombras de Greyco

Cuando parecía que la crisis de Greyco había entrado en vías de solución, todo ha vuelto a complicarse, y es que la herencia dejada por los anteriores accionistas mayoritarios ha echado abajo la estrategia de de reprivatización trenzada por Sodercan.
La empresa pública regional sólo ha tenido libre acceso a las cuentas de la fundición una vez ejecutada la opción de compra y despedido el antiguo equipo directivo. Es así como ha conocido la gravedad de su situación patrimonial. La aparición de nuevas deudas, añadidas al pasivo que ya se conocía, eleva hasta 11 millones de euros el agujero de la empresa. Una cuantía que ha terminado por espantar al grupo vasco que pretendía adquirirla.

Un proyecto frustrado

La llegada a Greyco de Ignacio Sáenz de Gorbea y Enrique de la Peña Bengoechea, dos conocidos industriales vascos del sector de la fundición gris, había levantado grandes expectativas al ser considerada por todos, incluidos los sindicatos, la solución más idónea para evitar la desaparición de la fábrica, tras una gestión desastrosa. Con un producto de baja calidad, en el que se daban índices de rechazo superiores al 30%, y una cartera de clientes en retroceso, Greyco necesitaba urgentemente mejorar sus procesos y ampliar su gama de productos hacia otros sectores, además de la automoción.
Sodercan firmó un contrato de gestión con los dos empresarios vascos por el que se hicieron cargo de la dirección técnica de la fábrica, mientras que la empresa pública mantenía el control de los aspectos administrativos y financieros. Una responsabilidad que asumió Sodercan cuando el pasado mes de marzo ejecutó la opción de compra sobre el 55% de las acciones de Fundicobesaya (Greyco y sus filiales Veta y Meibe) que poseía el Grupo de Inversores Montañeses, donde era socio mayoritario el ex director, Javier Castillo. Se trataba de una mera operación instrumental para transferirlas después a otro comprador, dado que una empresa de capital riesgo como Sodercan no puede tener, legalmente, participaciones superiores al 45%. Sodercan se veía en la obligación de ponerse temporalmente al frente de una empresa en la que participaba como accionista, desde que los anteriores directivos se hicieron con el control de la compañía, y a la que ha tenido que socorrer económicamente en varias ocasiones a lo largo de los últimos cuatro años.
El contacto de Sodercan con los industriales vascos había sido propiciado por Alfonso Bravo, propietario de un grupo de empresas de fundición y mecanizado radicado en Ampuero, que estaba interesado en potenciar la fundición de aluminio por gravedad, una de las líneas de Greyco.
La factoría corraliega comenzó a trabajar el pasado mes de mayo bajo la dirección técnica de los fundidores vascos, que llegaron a instalar un nuevo horno para aumentar su capacidad de fabricación. El objetivo que se perseguía era diversificar la producción de Greyco, orientada hacia un sector demasiado maduro como es el de las piezas de automoción, para incluir piezas de mobiliario urbano o tapas de registro, con buena acogida en el mercado de fundición gris. Hasta ahora, su principal cliente ha sido otra empresa vecina, Bosch Sistemas de Frenado, a la que va destinado el 35% de su producción. Un contrato de suministro que ha resultado clave para que la fundición continuara abierta.
La nueva dirección de la empresa, y la positiva disposición de los trabajadores, ha permitido que en el corto espacio de tiempo transcurrido desde que Sodercan se ha hecho cargo de la fundición, el índice de rechazo de piezas haya descendido desde el 30 al 8%. Sin embargo, su producción actual –9.000 toneladas al año– se encuentra aún muy por debajo de las 13.000 que se estiman necesarias para asegurar su rentabilidad.

Afloran las deudas

El acuerdo para transferir la empresa a los nuevos propietarios –Sodercan proyectaba conservar únicamente el 15% de las acciones– dependía tan sólo de que la auditoría permitiese fijar su auténtico valor. Hay que tener en cuenta que todos los intentos anteriores de Sodercan por conocer la situación real de la empresa, desde la llegada del nuevo Gobierno, han sido infructuosos, dado que los anteriores gestores de la compañía pusieron todo tipo de trabas para ello.
Los datos que comenzaron a aflorar cuando Sodercan se hizo cargo de la planta no invitaban al optimismo. Coincidiendo con el desembarco de los dos empresarios vascos, una inspección de Hacienda desveló un fraude fiscal de Greyco por importe de 2,5 millones de euros. Al parecer, ni la declaración del IVA ni la retención del IRPF formaban parte de los hábitos de gestión de sus antiguos directivos.
Esta primera revelación, enfrío bastante los ánimos de los potenciales compradores y puso de manifiesto las dificultades que iba a encontrar la empresa pública para desprenderse de Greyco. Los sucesivos hallazgos de pasivos ocultos que se han producido desde entonces, abocaron a ambas partes a una complicada negociación en la que los fundidores vascos pusieron como condición para hacerse cargo de la empresa que Sodercan aportase 2,5 millones de euros y una negociación a largo plazo de las deudas con vencimiento más inmediato. El acuerdo no ha sido posible, y Sodercan, que tiene avalados seis millones de euros de los once en que se ha contabilizado el pasivo exigible de Greyco, se encuentra ahora ante la angustiosa necesidad de buscar nuevas vías para dar una salida a esa fundición.
Por el momento, ha nombrado un nuevo director de fábrica en sustitución del gestor provisional traído por los vascos, y desde el pasado 20 de octubre, Manuel Revuelta se encuentra al frente de la factoría corraliega.

Posible querella

El análisis de las cuentas de Greyco no sólo ha revelado deudas con Hacienda, la Seguridad Social o los proveedores. Al parecer, este análisis ha puesto al descubierto la existencia de artificios contables y de irregularidades que podrían haber producido, en los tres últimos años, un enriquecimiento ilícito de 500 millones de pesetas para su antiguo equipo directivo. Este descubrimiento podría desembocar en una querella de Sodercan contra Javier Castillo, una iniciativa que han reclamado los sindicatos, como CC OO, que entiende que hay motivos sobrados para exigir responsabilidades penales al antiguo director y máximo accionista de Greyco. Sodercan va a reclamar también la devolución de los 118 millones de pesetas en que se había valorado provisionalmente el 55% de las acciones adquiridas al GIM, y que, según algunas fuentes, ya habrían sido cobrados por los antiguos propietarios. Esta cuantía se había depositado en una notaría a expensas de que finalmente las cuentas demostrasen la veracidad de los datos aportados por los anteriores gestores, algo que obviamente no ha ocurrido.
Mientras se encuentra una solución que no pase por la liquidación de la compañía, los sindicatos proponen la creación de un fondo de maniobra que asegure a los cerca de cien trabajadores de Fundicobesaya que cobrarán puntualmente sus nóminas, tal y como –salvo algún pequeño desfase– viene ocurriendo desde que Sodercan se hizo cargo de la empresa.
Precisamente este incumplimiento fue el detonante de las cuatro huelgas realizadas desde 2001 por la plantilla de Greyco, Veta y Meibe (las fábricas que forman el grupo), y lo que empujaba a Sodercan a acudir en auxilio de la empresa cada vez que Castillo argumentaba problemas de liquidez para el pago de nóminas. Una ayuda, tan generosa como poco precavida a la luz de lo que ahora empieza a conocerse.