Un Plan con una década de retraso y poco proteccionista

Una de las carencias históricas en el desarrollo de la autonomía de Cantabria ha sido la inexistencia de un Plan de Ordenación del Territorio. Ninguna de las iniciativas que se han puesto en marcha en este sentido ha llegado a concretarse. Lo más cercano a ese planteamiento estratégico sobre los usos que cabe dar a las diferentes zonas de la región para asegurar un desarrollo equilibrado, ha sido el Plan de Protección del Litoral. Una norma que ha venido a cumplir esa función de ordenación del territorio en una zona tan sensible a los abusos urbanísticos como es el litoral costero.
Dentro de esa norma, que entró en vigor en 2004, se preveía la aprobación de un Plan para la Bahía de Santander que tuviera en cuenta sus especiales características y la tensión que se genera entre las necesidades urbanísticas y la protección paisajística en una zona donde se concentra la mitad de la población de Cantabria. Once años han pasado desde que se estableció esa obligación sin que nadie se preocupase de cumplirla, y ha sido el Gobierno del Partido Popular el que poco antes de las pasadas elecciones, se apresuró a poner en marcha ese Plan especial.
Pero esa iniciativa, aprobada en el penúltimo Consejo de Gobierno de la legislatura, es vista con recelo por asociaciones ecologistas tan combativas como ARCA. Del análisis que hace de ese documento extrae la conclusión de que, lejos de seguir la filosofía conservacionista que inspira el Plan de Protección del Litoral, la reduce, y zonas tan sensibles para la preservación del fondo escénico de la Bahía como la península del Urro, que se encuentra entre Pedreña y Elechas, o la ladera norte de Peña Cabarga quedan abiertas a la construcción aislada de viviendas.

Un paisaje en peligro

Tanto en un caso como en otro, el Plan del Litoral establece un grado de protección que el Plan Especial de la Bahía no respeta. Por ejemplo, en el área de Elechas se podrán desarrollar actuaciones singulares relacionadas con usos productivos, hoteleros, de espectáculos, o residenciales, compatibles –matiza el plan especial– con los valores ambientales y paisajísticos de la península del Urro y la Rotiza. “Hay zonas como el Urro –señala el presidente de Arca, Carlos García–, donde no se trata de construir mejor o peor sino de construir o no. Hay zonas que no hay que tocar y entendemos que el Urro es una de esas”, añade.
El otro punto sensible para la preservación del fondo de la bahía santanderina es la ladera norte de Peña Cabarga. Son 400 hectáreas, repartidas entre los ayuntamientos de Medio Cudeyo y Villaescusa, prados de siega de marcado carácter agrícola y forestal (tuvo en el pasado bosques de encinas), con antiguas carreteras mineras y un monte, el de Peña Cabarga, de enorme interés paisajístico. El Plan hace posible su transformación urbanística y residencial, permitiendo construir viviendas aisladas, algo que para el portavoz de Arca encaja mal con el reconocimiento que expresamente hace de su alta fragilidad paisajística: “Si hay necesidad de construir, –subraya Carlos García–, habrá que hacerlo en los núcleos que están abajo y no andar dispersando las construcciones por la ladera”.
Esta permisividad se basa en la filosofía que asentó el Partido Popular al aprobar una modificación del POL para extender a los ayuntamientos del litoral la reforma de la Ley del Suelo de 2012 con la que permitió construir viviendas unifamiliares en suelo rústico.

La ampliación del Puerto

Otra amenaza que pende sobre la bahía santanderina, que ya ha perdido el 60% de su superficie original, es la intención Puerto de ampliar la superficie destinada a campas para potenciar el tráfico de automóviles. De llevarse a cabo este plan especial, desaparecería la amplia rada que existe entre el espigón central y el polígono de Raos, la Dársena Sur, lo que permitiría añadir 15 hectáreas más de campas donde almacenar los coches, un tráfico en el que el Puerto santanderino se ha especializado.
Desde Arca se subraya la condición de marisma, aunque muy degradada, que tiene la zona que se pretende rellenar, un argumento que harían valer frente a la Unión Europea, junto con otras asociaciones como Ecologistas en Acción o Seo BirdLife.

Asignatura pendiente para el nuevo Gobierno

En opinión de Arca, las contradicciones entre el lenguaje conservacionista del Plan Especial de la Bahía y su permisividad con la construcción de nuevas viviendas en zonas muy sensibles hacen necesaria su modificación. “Lo que pedimos es que el Plan se adecúe a sus propios principios y también al POL –señala Carlos García–; y que la península del Urro y la ladera de Peña Cabarga se declaren zonas de interés paisajístico”. “En toda Cantabria se debería ordenar el territorio como lo hace el Plan de Protección del Litoral, de manera que todo alcalde sepa cuáles son las líneas rojas”, concluye el portavoz de Arca.
La asociación ecologista va a pedir al nuevo Gobierno que reforme el documento en este sentido. Pero la evolución puede ser completamente distinta, porque tanto el PRC como el PSOE llevaban en sus programas electorales la elaboración de un Plan de Ordenación Territorial para toda la región, que resolvería definitivamente una cuestión pendiente desde el nacimiento de la autonomía.