Una prórroga para racionalizar las líneas de autobuses

El sistema de concesiones a compañías privadas no va a desaparecer en la ley que prepara la Consejería de Industria porque la alternativa, en muchos casos, tendría que ser el servicio público y la experiencia no es demasiado afortunada, a la vista de lo que ocurre en Santander, donde la compañía municipal pierde alrededor de 10 millones de euros al año, casi tanto como lo que ingresa.
Las concesionarias privadas, mejor o peor, se han defendido económicamente, aunque el Gobierno regional se haya visto obligado a subvencionar algunas rutas rurales de escaso tráfico para evitar que desaparezcan, lo que dejaría a las poblaciones afectadas sin un servicio básico, dado que la mayoría de los usuarios son personas de edad avanzada que no conducen.
Las empresas de autobuses tratan de combinar estas concesiones con los servicios discrecionales y con otro negocio más seguro y rentable, ya que permite aprovechar los autocares para varios usos, el transporte escolar, por el que el Gobierno de Cantabria paga anualmente alrededor de nueve millones de euros. A estas tres fuentes de ingresos se le empieza a sumar una cuarta, el transporte de personas que tienen que acudir a centros del Servicio Cántabro de Salud y que financia este organismo.

Más concentración en el sector

Frente a esta ampliación de las ramas de actividad, los empresarios del sector se quejan de que la evolución histórica demuestra una tendencia decreciente de la clientela, en favor del vehículo privado, y de una subida de los costes, como consecuencia del aumento del precio del combustible –que ya supone alrededor del 25% del gasto total– y las mayores necesidades de personal que ha provocado la rígida normativa sobre los tiempos de conducción.
En cualquier caso, las circunstancias favorables parecen superar a las desfavorables, como parece deducirse de la mejora y ampliación del parque de autobuses, pero no se puede descartar que desaparezca alguna compañía más de la quincena de empresas de transportes de viajeros que han llegado al siglo XXI, bien por la jubilación de sus titulares o para aprovechar el valor de una concesión que va depreciándose a medida que se acerca la fecha de caducidad. Si se producen bajas, el principal candidato a la compra será, como en ocasiones anteriores, el gigante del sector, el grupo Alsa, que ahora está en manos de la británica National Express, aunque no se puede descartar el interés de otras multinacionales que han concurrido a las concesiones sacadas a concurso en otras autonomías.
Al adquirir Turytrans al holding cántabro Intra, Alsa no sólo se hizo con esta compañía de largos recorridos, sino también con varias filiales que hacían servicios de cercanías entre Santander y localidades próximas. Con alguna compra posterior, Alsa consolidó su control del tráfico de viajeros en el perímetro de la capital y cuando más tarde absorbió Continental Auto –propietaria de la concesión de la línea Santander-Torrelavega a través de Autobuses García– puso los cimientos para la ordenación de un sector regional muy complejo, dado que se vertebra a través de un sinnúmero de concesiones e hijuelas, muchas veces solapadas o entrecruzadas. Un mapa desconcertante para el viajero, que puede ver cómo pasan ante él autobuses de otras compañías que podría utilizar para su trayecto pero que no pueden recogerle o va a bordo de un autocar que no puede detenerse allí donde a él le convendría porque esa parada está dentro de la concesión de otra sociedad.
Cantabria hasta ahora no ha elaborado una ley propia y, por tanto, su ordenamiento es subsidiario de la Ley nacional de Ordenación del Transporte Terrestre. Como ocurre en otras comunidades, se enfrenta a un progresivo vencimiento de las concesiones para la explotación de líneas, que empezó en 2007 y acabará en torno al 2014. En teoría, debería concursarlas de nuevo tan pronto como se agoten, pero la Consejería de Industria es consciente de que eso consolidaría un mapa que ya no se ajusta a la realidad regional, dado que en los últimos treinta años ha habido grandes desplazamientos internos de población y muchos cambios en la propiedad de las empresas del sector. Por ese motivo, quiere aprovechar la ocasión para dibujar un nuevo mapa de concesiones, pero para aplicarlo tendrá que esperar, porque para rescatar las que se encuentran vigentes tendría que indemnizar a sus titulares.

Agrupamiento en seis concesiones

Transportes se plantea prorrogar las concesiones que vayan venciendo hasta igualar el punto de partida de los nuevos concursos y aprovechará el tiempo que media hasta que se produzca el vencimiento de las últimas para diseñar unas concesiones más racionalizadas. Las decenas de concesiones que ahora existen en la región, muchas de las cuales se han desdibujado por la concentración de compañías, pueden quedar reducidas a media docena, lo que invita a pensar que antes o después, el sector quedará en manos de un número semejante o aún menor de empresas. Las dos demarcaciones más obvias son las cercanías de Santander (que coincidirían sustancialmente con las líneas metropolitanas que ahora opera Alsa) y las cercanías de Torrelavega. También resulta evidente que otra concesión se ajustaría al eje costero, con sus hijuelas a los valles interiores, y una cuarta resultaría de su perpendicular, el eje Santander-Torrelavega-Reinosa-Mataporquera. Más hipotéticas –porque su volumen de viajeros resulta sustancialmente menor– son las posibles demarcaciones del Pas-Pisueña, la del Valle del Asón y la del Valle de Trasmiera.
Esa concentración puede ser el primer paso para poner racionalidad en otro problema cuya sombra empieza a extenderse hacia el Gobierno regional, el del transporte urbano que muchos municipios están poniendo en marcha sin coordinarlos con sus colindantes y, lo que es peor, sin perspectiva alguna de que puedan autofinanciarse. Ante esta evidencia, los ayuntamientos no han dudado en acudir a pedir la colaboración económica de la Consejería de Industria, aunque con poco éxito. Y es que las dimensiones del déficit que pueden llegar a alcanzar estos servicios municipales escapan, también, a las posibilidades del Gobierno: Sólo con el desequilibrio anual del TUS de Santander prácticamente se agotaría el presupuesto de Transportes y Telecomunicaciones.