Una región con casi 30.000 funcionarios

De las 193.000 personas que en Cantabria tienen un empleo, 28.301 trabajan para la Administración, el 14,6%, medio punto más que la media nacional. La estadística incluye a los funcionarios, enseñantes, sanitarios, policías, militares, bomberos… pero no a los operarios de las empresas públicas ni de aquellos servicios que se han externalizado, como las recogidas de basuras, aguas, etc.
Las cifras demuestran el importantísimo peso de la función pública en la economía española y de forma más significativa aún en la cántabra. Un peso que se ha incrementado sensiblemente con el sistema autonómico ya que las autonomías han aumentado el volumen de personal que el Estado tenía en aquellas competencias que han ido asumiendo.
El censo actual de la administración pública en Cantabria casi triplica el peso del sector agrario (10.200 ocupados) y no está muy lejos del empleo industrial (39.500), algo que no siempre se tiene en cuenta a la hora de significar los rasgos principales de la economía regional. Y esa potentísima maquinaria está mayoritariamente al servicio del Gobierno autonómico. Una vez transferida la educación y la sanidad, el Ejecutivo cántabro ha pasado a tener 15.506 funcionarios –sin incluir los 1.522 de la Universidad–, tres veces más de los que conserva el Estado en la región, que son mayoritariamente miembros de las fuerzas de seguridad.

Los ayuntamientos, por debajo de la media

En Cantabria se producen algunas circunstancias específicas. El personal al servicio de la autonomía es bastante más numeroso que el promedio (54,8% frente al 47,8% de la media nacional) y en cambio en la administración local hay menos de lo que es habitual (17,8% frente al 23,8% nacional) lo cual resulta paradójico en una región donde hay nada menos que 102 ayuntamientos para una población de apenas 560.000 habitantes.
También existe una sobrerrepresentación en la Universidad, que tiene 2,7 funcionarios por cada mil habitantes, frente a los 2,2 del promedio nacional.
La descentralización de España no ha impedido que Madrid siga siendo la meca del funcionariado, pero sí ha reducido la desproporción. Muchas de las decisiones que antes se tomaban en la capital del Estado ahora se toman en las autonomías, y eso ha dado lugar a un traslado de miles de trabajadores de la función pública. Pero, de alguna forma, el esquema original se ha vuelto a repetir en las capitales de cada una de las diecisiete comunidades autónomas, que han pasado a concentrar el grueso de las dependencias públicas.

Santander, la ciudad de los funcionarios

El caso de Cantabria es paradigmático. Si se exceptúa el ayuntamiento de Torrelavega, prácticamente todos los centros administrativos de importancia se concentran en Santander, tanto los de la autonomía, como los del Estado, a los que ha de añadirse, obviamente, el Ayuntamiento de la capital, con más de mil funcionarios y laborales. El resultado es que Santander absorbe casi la totalidad del empleo público que genera la comunidad. De los 28.301 funcionarios que existen en Cantabria más de 20.000 prestan sus servicios en la capital. Eso significa que de cada tres personas que tienen trabajo en Santander, uno es funcionario o personal estatutario de la sanidad, una proporción que no se da en ninguna otra actividad.
Todo lo contrario ocurre en Torrelavega. De los 20.000 ocupados menos de 2.000 trabajan en el sector público, un porcentaje tres veces inferior y que puede justificar el hecho de que las crisis son mucho más virulentas en la capital del Besaya, donde las economías familiares están al albur de las veleidades económicas, mientras que en Santander una parte significativa de los asalariados tienen su puesto de trabajo garantizado frente a cualquier circunstancia ya que están vinculados a la Administración.
Santander se ha significado como una ciudad de servicios, lo que a veces se entiende como una ciudad hostelera. Pero, en realidad, la hostelería tiene bastante menos importancia que la Administración pública en cuanto a volumen de empleo. Las tres principales empresas de la ciudad son la sede del Gobierno regional, el Hospital Valdecilla (4.300 trabajadores) y la Universidad de Cantabria (1.500). Muy lejos aparece la fábrica Global Steel Wire (541) y a distancias siderales los primeros negocios hosteleros.

Concentración de rentas

Los problemas que plantea esa nueva centralización administrativa son muchos, pero el principal de ellos es una transferencia de rentas desde la región hacia la capital. No hay que olvidar que el presupuesto de cualquier administración pública sirve para hacer inversiones y para otorgar subvenciones, pero casi la mitad se consume en su propio funcionamiento, ya sea en salarios o en suministros, que también se suelen adquirir a las empresas del lugar donde se asienta el organismo público. De los 155.000 millones de pesetas que se gastan en Cantabria anualmente en el pago de las prestaciones salariales y sociales de los funcionarios, más de 110.000 se quedan en Santander, cuando, por población, a la capital debería corresponderse estadísticamente el 28,6% del total, es decir unos 44.500 millones. El resto, nada menos que 65.500 millones de pesetas al año, es el saldo neto que la capital obtiene por concentrar los centros administrativos y que aportan los restantes ciudadanos de la región a través de la financiación de estos salarios.

Rentas familiares más altas

Semejante flujo anual de recursos no sólo provoca una descapitalización del resto de la región en beneficio de Santander, sino que acelera el despoblamiento del interior donde los jóvenes saben que las oportunidades de conseguir un empleo público son mucho menores que en la capital.
También saben que los salarios son más elevados en la función pública, a pesar de que hace años que suben menos que el IPC. Al Gobierno de Cantabria cada trabajador le costará el próximo año 5,2 millones de pesetas –gastos sociales incluidos–, mientras que en el sector privado la media no llega a 4. Otra circunstancia más que reconduce las rentas hacia la capital.
Los comerciantes santanderinos, que conocen bien a su clientela, son conscientes de que hay otros componentes sociológicos ligados a la función pública, entre ellos que suelen tratarse de matrimonios en los que trabajan los dos miembros de la pareja, con lo cual la renta familiar es elevada. Eso es algo perfectamente comprobable en Valdecilla o en la sede del Gobierno regional, donde gran parte de los trabajadores son mujeres, lo que casi siempre significa hogares con dos fuentes de ingresos y, por tanto, con una capacidad adquisitiva a años luz de la que pueda disponer una familia rural donde la posibilidad de que la mujer tenga un trabajo remunerado es prácticamente nula, aunque por lo general contribuye de forma esforzada a la actividad familiar, normalmente ganadera.