¿Y si las subvenciones fueran el problema?

Desde que comenzó la autonomía, Cantabria ha gastado más de 20.000 millones de pesetas en tratar de erradicar la brucelosis. Quien crea que es una cifra muy exagerada, sólo ha de tomarse el trabajo de sumar, ejercicio por ejercicio, la cantidades pagadas por campañas de saneamiento e indemnizaciones. Y con tan astronómica cantidad, ¿qué hemos conseguido? Pues más bien, nada. Hemos perpetuado unos índices de positividad absolutamente inaceptables en una ganadería moderna.
Cada consejero de Ganadería se ha visto forzado a mantener ingentes partidas para atender a los perjudicados, porque políticamente no hubiese sido posible hacer otra cosa y humanamente es comprensible que se trate de paliar lo que para muchos ganaderos es un drama. Quien se ha esforzado en tener un establo saneado y de calidad ha de sentir una punzada en el alma cuando cualquiera de sus animales es víctima del contagio y contempla impotente cómo todos ellos son enviados al matadero. Si es difícil volver a empezar de cero, hacerlo dos o hasta tres veces, como le ha ocurrido a algunos, es un acto de heroísmo. Para ellos, la subvención arregla muy poco, porque sus vacas, sus esfuerzos para la mejora y su propio prurito profesional valen mucho más.
Ahora bien, hay otros ganaderos que año tras año son sospechosamente “afectados”. Sus vacas son siempre las peores, su descuido en el manejo es proverbial y su atención a las políticas de saneamiento, nula. Ellos no viven de las vacas, viven de la enfermedad y la Consejería de Ganadería siempre lo ha sabido. Personas que ganan más con la subvención y la venta de la carne (que se puede comercializar) de lo que hubiesen sacado en la feria por un animal de tan escaso fuste. A ellos no les conviene que desaparezca la brucelosis y, propiciándola, mantienen una endemia que afecta a otros muchos que nada tienen que ver con estas prácticas.

Hasta ahora se ha sido complaciente con este estado de cosas, porque los Gobiernos han actuado con un cierto paternalismo cuando no con consentimiento. El ingente dinero que nos hemos gastado en subvenciones para compensar el sacrificio de decenas de miles de animales no sólo no ha contribuido a resolver el problema. Las subvenciones se han convertido en parte del problema, lo que pone muy en cuestión las percepciones de quienes creen que el dinero público lo soluciona casi todo.
No se trata de dejar en la estacada a cuantos reciben la desoladora noticia de que todas sus vacas deben ir al matadero, lo que se trata es de controlarlo mejor. Los técnicos de Ganadería llevan muchos años pagando como para no conocer perfectamente a quienes reciben las subvenciones, con todo su historial.

Empujada por Bruselas, que se ha cansado de esperar, la Consejería parece decidida a acabar con este problema histórico. Está bien, pero estará mejor si llega a sus causas últimas, que no son sólo sanitarias. Y, por duro que resulte, sacará la conclusión de que hay ganaderos que no deben seguir siéndolo. A la vista de lo que hemos gastado en las epidemias que han provocado, más nos valdría haberles dado una pensión que asumir esta tomadura de pelo histórica. Pero no es culpa únicamente de los sucesivos consejeros. También lo es de un sistema político cuyo Parlamento concede, año tras año, 1.500 o 2.000 millones de pesetas y no exige resultados. Así, lo que debiera haber sido una partida extraordinaria para atajar una epidemia puntual, se ha consolidado como un capítulo más de gasto, como si todos los años presupuestásemos indemnizaciones para sequías catastróficas dando por hecho que se iban a producir.
Los cazaprimas sólo pueden existir cuando se da un cierto consentimiento público. Es notorio que también los hay en otros campos, sobre todo en aquellos donde se maneja dinero comunitario, que da la sensación de no ser de nadie. Pero la Administración o los silentes sindicatos son tan responsables de su existencia como los propios defraudadores. No faltan mecanismos de control, lo que han faltado hasta ahora son ganas.