El codiciado suelo de Santal

No es fácil encontrar empresas vinculadas al sector de la construcción que no hayan sabido aprovechar la imparable expansión de la vivienda para aumentar su negocio. Pero hay ejemplos y le ha ocurrido a una compañía con cincuenta años de historia, a la que ni siquiera ha ayudado el ser una de las pocas que cuentan con instalaciones adecuadas para el aserrado y transformación de piedras ornamentales en grandes cantidades, uno de los materiales que más demanda experimenta. Se trata de Santal, que no sólo ha dejado escapar una oportunidad histórica para dar un salto cualitativo, sino que ha visto empeorar su situación hasta declararse en suspensión de pagos a finales del pasado año y verse obligada a afrontar un expediente de regulación de empleo para la mitad de los 26 trabajadores que aún quedan de una plantilla que llegó a contar con 140 operarios.
Todo apunta a que ese declive no tiene vuelta atrás y el proceso concursal en que se encuentra la empresa conducirá irremediablemente a su desaparición como tal. En otro lugar o en otro momento, eso habría supuesto una pérdida irreparable para la economía regional, pero en el caso de Santal se produce una circunstancia que garantiza la germinación de un nuevo proyecto en el mismo lugar: el extraordinario valor del suelo que ocupa –29.000 m2 junto a la Ría de Solía (El Astillero)– y con inmejorables comunicaciones. Esos terrenos, de elevado valor estratégico y natural, tienen calificación industrial pero podría acoger también un centro comercial y un hotel, posibilidades que explican el interés que están mostrando por hacerse con las instalaciones de Santal inversores totalmente ajenos a la marmolería, la actividad que durante medio siglo se ha venido desarrollando en esas instalaciones.

Una reacción tardía

La precaria situación de la empresa se ha venido gestando desde al menos cinco años atrás, cuando empezó a registrar las primeras pérdidas. El aumento de la competencia exterior, con la importación de granito ya elaborado procedente de países como China y el impacto que ha tenido el mármol artificial en la fabricación de encimeras, (a principios de 2003 ya se había hecho con un 35% del mercado) son algunas de las razones esgrimidas por la dirección de Santal para justificar la fuerte caída de ventas.
Para hacer frente a la problemática situación, en el verano de 2003, la familia Fernández Escárzaga, propietaria de la empresa, se vio obligada a una ampliación de capital por importe de 1,5 millones de euros. La aportación la realizó un grupo inversor gallego especializado en reflotaciones y vinculado a la familia Fernández Sousa, propietaria de grandes empresas como Pescanova o Zeltia. La ampliación de capital cambió el accionariado, ya que los nuevos inversores (la sociedad Morgana de Avalón) se hicieron con el control de la práctica totalidad de acciones y dieron entrada, como socios a otras dos compañías, Asilem e Inverfem.
Bajo la nueva dirección, la empresa decidió ampliar su campo de actividad hacia nuevas áreas de trabajo, como la colocación de piedra en obra, y buscó la forma de potenciar su actividad comercial con la apertura en Gijón de un almacén abierto al público. También optó por probar suerte en la colocación de encimeras de cocina en un mercado inmobiliario tan expansivo como el de Madrid. Para esta última tarea creó una sociedad, Santal Encimeras, participada en un 80% por la empresa astillerense, mientras que la colocación de piedra ornamental en obras fue subcontratada con otra sociedad, Proteo, Desarrollos y Servicios, de la que era administrador y socio único el entonces presidente del consejo de administración de Santal, Carlos Anós Anchóriz, único titular también de Morgana de Avalón.
Sin embargo, estas tardías iniciativas no tuvieron ningún éxito, quizá porque además en esta última etapa se produjeron irregularidades que, a la postre, han llevado al Juzgado de lo Mercantil a retirar a los propietarios de la gestión diaria, que recae ahora sobre los administradores judiciales.

Instalaciones obsoletas y gestión irregular

En el informe remitido por los administradores al Juzgado en febrero, se mencionan tres circunstancias como determinantes de la situación que padece la empresa. En primer lugar, achacan la pérdida de competitividad de Santal no sólo a la evolución del mercado descrita por los propietarios, sino a la incapacidad que tenía la empresa para dar una respuesta adecuada a la demanda, debido a la obsolescencia a la que han llegado las instalaciones.
Pero el informe también hace hincapié en la muy deficiente gestión de la sociedad durante los últimos tres años. En opinión de los administradores judiciales, en lugar de abordar los problemas estructurales, la dirección optó por una huida hacia adelante iniciando actividades generadoras de liquidez pero de ninguna rentabilidad, como la colocación de piedra en obra, la distribución y colocación de encimeras o el almacén abierto en Asturias que, lejos de ser una solución, supusieron un aumento de costes en alquileres y comerciales.
Junto a estos errores de estrategia, los administradores nombrados por el juzgado (los abogados Juan Madrazo y Luis Bastida y el presidente del colegio de Titulados Mercantiles, Dámaso López de Atalaya) reprochan otros aspectos de esa etapa de gestión. A pesar de la situación de penuria económica de la empresa, durante los ejercicios 2004 y 2005 no se contabilizaron ni se declararon fiscalmente aproximadamente el 10% de las ventas anuales, lo que produjo un daño patrimonial a la compañía de un millón de euros. A esta cantidad habría que añadir los fondos transferidos (38.750 euros), desde Santal a la compañía Morgana de Avalón, o la utilización de dinero de la compañía astillerense (otros 3.000 euros) para constituir la firma Proteo Desarrollos y Servicios.
En ninguno de estos casos la transmisión de fondos contó con justificación contractual alguna, por lo que los administradores han solicitado la devolución a Santal de esas cantidades.
En el expediente enviado al juez también podría deducirse una presunta estafa a la compañía por parte de sus administradores, ya que se falseaban los albaranes de salida expedidos a determinados clientes, en los que, según una denuncia anónima de noviembre del pasado año, se venían reflejando unas medidas de los tableros inferiores a las reales, lo que se traducía en un precio de venta inferior al que correspondía.
Por otra parte, dos de las sociedades propietarias de Santal, las ya citadas Asilem y Morgana de Avalón, recibieron pagos de 52.833 y 18.944 euros respectivamente, en concepto de asesoramiento contable y financiero. Cantidades que los administradores concursales entienden que deben ser restituidas a Santal.
Circunstancias como estas son las que llevaron al juez a poner la gestión de la empresa en manos de estos administradores en tanto los propietarios no reintegren, al menos, las ventas no contabilizadas. Aunque para eludir sus responsabilidades penales los accionistas se han comprometido a cubrir ese déficit patrimonial y otras necesidades financieras de la compañía mediante la aportación de 1.200.000 euros, lo cierto es que ese paso aún no se ha dado.
Privada de una dirección profesional y sin tesorería para poder adquirir nueva materia prima, la empresa de mármoles ha sobrevivido ejecutando trabajos a maquila para otras compañías, como Arenas de Muñorrodero, y atendiendo pedidos adicionales para minoristas con el stock de materiales que aún le quedan en el almacén. Pero la caída de su actividad ha hecho necesario un expediente de regulación de empleo durante dos meses que afectará a diez trabajadores.

Un futuro incierto

Aunque el futuro de la empresa sea bastante incierto, los acreedores no parece que vayan a correr riesgos. De la valoración del inventario (terrenos, instalaciones, maquinaria, existencias, clientes, deudores, etc) realizada por los administradores concursales, se desprende que el valor de Santal asciende a 6,9 millones de euros, por lo que la venta de los activos, especialmente de los terrenos, permitiría saldar todas las deudas, que ascienden a 6,3 millones de euros.
Los propietarios han manifestado su voluntad de alcanzar un convenio con los acreedores que les permita continuar con el desarrollo de la actividad, pero en la memoria presentada al Juzgado apuntan a la reubicación de la empresa en otro lugar “más económico y más ajustado, en dimensiones, a las necesidades reales de producción”.
La venta de sus actuales instalaciones se vería facilitada por el interés que despierta su suelo, sobre el que existen ya varias ofertas, incluyendo la de alguna promotora inmobiliaria. Más prometedor para los trabajadores de Santal es el planteamiento de una empresa interesadas en su compra, Yofra. Esta firma de Gajano, especializada en la fabricación de madera laminada, está dispuesta a afrontar un proyecto industrial innovador en estas instalaciones, la construcción de casas prefabricadas con un nuevo sistema de paneles de hormigón, para el que no sólo pretende contar con toda la plantilla de Santal sino crear nuevos empleos. Sea éste u otro proyecto, el lugar que ocupa Santal en la Ría de Solía es de un extraordinario valor estratégico, por lo que no le faltarán pretendientes y propuestas.