Más empresas obligadas a desnudarse

En el último cuarto de siglo, el medio ambiente ha pasado de ser un territorio en el que se podía actuar con total impunidad a convertirse en un ámbito profusamente regulado, que impone crecientes obligaciones legales a las empresas. Faltaba por dar un último paso: dejar de considerar a los ciudadanos espectadores pasivos sobre el impacto ambiental que tienen las industrias y los medios de transporte y conocer el precio que, en forma de contaminación, tiene ese modelo de desarrollo para el entorno.
Reconocer el derecho a la información pública de unos datos que solían reservarse a la relación entre la industria y la Administración es un punto de partida, pero ha sido la explosión de Internet lo que ha dado un definitivo impulso a la creación de registros accesibles para todo el mundo a través de la red.
La aparición en el año 2000 del registro EPER (European Pollutant Emision Register) para la difusión de las emisiones contaminantes que realizan las industrias más conflictivas –las afectadas por la Autorización Ambiental Integrada– fue un primer paso en esa dirección. Pero la Unión Europea ha querido ir más lejos y ha puesto en marcha un nuevo registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, conocido con las siglas PRTR (Pollutant Release and Transfer Registers), que no sólo amplía las actividades industriales sujetas a control, sino que también eleva considerablemente el número de sustancias contaminantes que deben ser declaradas por las empresas. Si, además, estas emisiones se producen por encima de los niveles que la ley establece como umbral de información pública, podrán ser libremente consultadas por cualquiera que acceda a la página de internet creada para el nuevo registro (www.prtr-es.es).
Como consecuencia de esta nueva vuelta de tuerca a las empresas contaminantes, ha crecido sustancialmente el número de instalaciones industriales sujetas a la obligación de comunicar sus datos. En Cantabria, de las 67 industrias afectadas por el EPER (todas las sujetas a la Autorización Ambiental Integrada), se ha pasado ahora a 78 instalaciones obligadas a comunicar sus emisiones.

Nuevas actividades

En España hay unas 5.200 plantas afectadas, de las que más de la mitad son agroalimentarias y ganaderas, algunas de Cataluña y Aragón con problemas ambientales muy agudos.
Si bien son sólo nueve las actividades que se han añadido a las 56 del antiguo EPER, el efecto sobre el censo de afectados a declarar es muy superior, tanto que en algunas comunidades casi llega a duplicarse. Y es que en estas áreas de actividad hay un número muy elevado de empresas, como ocurre con la inclusión de la minería, que obliga a declarar a todas las explotaciones a cielo abierto, entre ellas las canteras. En este punto existe todavía controversia entre algunas comunidades autónomas sobre la interpretación que debe darse al umbral fijado por el decreto que regula la obligación de informar. La norma obliga a las explotaciones con un tamaño superior a las 25 hectáreas, pero, mientras para algunas comunidades esa superficie incluye el plan de restauración, para otras debe circunscribirse a las tareas puramente extractivas. En cualquier caso, y aunque el Ministerio de Medio Ambiente trabaja para encontrar un criterio común, la competencia para establecer las pautas de aplicación de este registro en sus territorios pertenecen a las comunidades autónomas.
Otra de las actividades contaminantes que deberá reflejarse, y que también va a multiplicar el número de declarantes, es la depuración. En ese apartado se incluyen tanto las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas para más de 100.000 habitantes, como las industriales, cuya capacidad supere los 10.000 m3 diarios.
La fabricación de productos pirotécnicos; las industrias de la madera que produzcan más de 20 toneladas al día; la acuicultura intensiva que supere las mil toneladas de peces o crustáceos al año y los astilleros en los que se puedan construir barcos de más de 100 metros de eslora son otras áreas productivas incorporadas al nuevo registro europeo de emisores de sustancias contaminantes.
En varias de estas actividades está aún por definir cómo se debe hacer el cálculo de la contaminación que aportan al medio ambiente, por lo que el Ministerio ha creado varios grupos de trabajo.

Más sustancias contaminantes

El Registro PRTR también obliga a declarar un mayor número de sustancias contaminantes. Las 50 del antiguo EPER se han convertido ahora en 116, incluyendo las procedentes de la incineración de residuos, para las que existe valores límite de emisión.
Para que la información sea totalmente rigurosa, se exigirá a las industrias que aporten las referencias que permitan cruzar este registro con otras bases de datos, de manera que pueda comprobarse la veracidad de las declaraciones. “Nos hemos encontrado –señala la jefa del Área de Medio Ambiente industrial del Ministerio de Medio Ambiente, Carmen Canales– que al cotejar la información del EPER con el inventario del comercio de emisiones de gases de efecto invernadero, las declaraciones tenían poco que ver y no es lógico que las mismas industrias den datos diferentes según quien se los pida”.
Un ejemplo del umbral mínimo de información a partir del cual se hacen públicas las emisiones de una industria, son los cien millones de kilos/año fijados para el CO2, que es la mayor de las cantidades establecidas en el registro para una sustancia contaminante. En el otro extremo se situarían los cien gramos/año fijados como máximo para la emisión de PCBs (policlorobifenilos).
Que una industria se vea obligada a hacer pública la emisión de estos u otros contaminantes, por superar las cantidades fijadas en el registro, no quiere decir que no estén autorizadas a hacerlo. Sus límites de emisión se establecen en los permisos y autorizaciones ambientales integradas que deben conseguir para poder desarrollar su actividad. El objetivo del PRTR no es denunciar una ilegalidad sino aportar transparencia a la información medioambiental.

Aire, agua y suelo

Otra de las novedades de este registro europeo, que antes se limitaba a las emisiones al aire y al agua, es la inclusión de los contaminantes vertidos al suelo y la transferencia de residuos fuera de los complejos industriales.
Aunque la emisión de contaminantes al terreno está prohibida por la UE, salvo cuando se hace mediante inyecciones en profundidad o en procesos de tratamiento de suelos, el nuevo registro quiere incluir también los vertidos accidentales. Estos datos permitirán extraer conclusiones complementarias sobre la calidad de las instalaciones industriales o sobre la necesidad de ser más rigurosos con los planes de seguridad que se exigen a las industrias potencialmente contaminantes.
Más complicaciones presenta, por las dificultades para su medición, la inclusión en el registro de las emisiones difusas, como las procedentes del tráfico por carretera, el transporte aéreo y marítimo o la agricultura. Será un paso más para implicar también a los sectores no industriales y para que el nuevo registro puede ser una herramienta eficaz a la hora de definir estrategias de desarrollo ecológicamente sostenibles.