Críticas a la competencia de Universidades y consultoras públicas
El fuerte impulso a las infraestructuras que ha conocido nuestro país gracias a la llegada de fondos europeos y el crecimiento sin precedentes que ha experimentado la edificación privada han otorgado un especial protagonismo a un colectivo técnico que suele pasar desapercibido pero cuya contribución es básica para la ejecución de los proyectos. Son las empresas de consultoría e ingeniería, equipos multidisciplinares que se encargan de la asistencia técnica en el ámbito de la obra civil, la urbanización y edificación de viviendas, además del diseño y construcción de instalaciones industriales.
A pesar del crecimiento espectacular del sector en los últimos años, que ha provocado una atomización en el mercado de la ingeniería, desde Tecniberia-Asince, la patronal de las empresas de consultoría españolas, se reclama una mayor participación de este colectivo, dado que, según sus datos, los recursos económicos que se destinan a ingeniería en nuestro país son el 60% de la media de los países desarrollados.
Las empresas de consultoría e ingeniería civil integradas en esa organización facturaron el pasado año cerca de 3.000 millones de euros, lo que supuso un incremento del 9% respecto a 2003. La mitad de esta facturación se logró en el sector industrial mientras que el 36% se generó en el ámbito de la ingeniería civil y el 15% en el de medio ambiente. Sin embargo, sobre las previsiones para este ejercicio planean algunas sombras que preocupan al sector, como la suspensión del Plan Hidrológico Nacional o las incertidumbres que pesan todavía sobre el nuevo Plan Estratégico de Infraestructuras del Transporte, presentado por el Ministerio de Fomento. Esta preocupación se ve agravada por el hecho de que a lo largo de 2004 se registró un descenso en la licitación de proyectos públicos de ingeniería de un 17%.
Críticas al intrusismo
Desde la patronal del sector se critica la “competencia improcedente” y el “intrusismo” que ejercen en el sector las Universidades y las consultoras públicas. Critican el recurso habitual de la administración pública a universidades y centros tecnológicos para la elaboración de estudios y proyectos, obviando los límites que impone la ley de contratos del Estado, o la utilización de empresas públicas para trabajos de ingeniería, al entender que estas fórmulas son una competencia desleal para el sector. Para Tecniberia, el ámbito propio de las consultoras públicas debe concentrarse en la gestión del proceso de contratación de la obra pública y en el control de la calidad de los proyectos, pero no el de competir con el sector privado.
La mejora de las condiciones del mercado pasarían también por recuperar el sistema de clasificación de empresas que desapareció tras la llegada al poder del PP en 1996. La aplicación de estos criterios permitiría corregir una dinámica en la contratación en la que el precio suele prevalecer sobre la calidad técnica de las ofertas.
