El Gobierno comprará suelo y rehabilitará casas rurales para VPO

PREGUNTA.- En Cantabria hay un censo de 280.000 viviendas, muchas más que el número de unidades familiares. Sin embargo, da la sensación de que la demanda está muy lejos de quedar satisfecha. ¿Por qué?
JOSE MARIA MAZON.- Está claro que hay una demanda importante de gente de fuera de la región, del País Vasco, de Castilla que vienen a veranear o quieren tener una vivienda de fin de semana, pero también hay mucha segunda vivienda de ciudadanos cántabros que tienen otra casa en la propia región. Por eso, esas cifras no son comparables. Pero es que, además, hay un porcentaje notable de viviendas desocupadas.

P.- Su Consejería maneja planes para poner estas viviendas de nuevo en el mercado. ¿Qué se puede hacer con ellas?
R.- Una idea que estamos impulsando y que yo traslado a los alcaldes que nos visitan es que nos ofrezcan solares y viviendas abandonados o incluso en ruinas, que probablemente tendrán un precio muy bajo para adquirirlos. Vamos a ver si creamos una oferta de vivienda en los propios núcleos para que la gente se quede allí o que para que sean habitadas por personas de lugares cercanos. Si conseguimos que en muchos de los núcleos que se están abandonando vaya la gente a vivir porque encuentra una vivienda muy barata, estaremos favoreciendo a la gente que necesita una vivienda y al propio municipio.
Nosotros estamos dispuestos a invertir dinero en suelo, que no tiene por qué ser suelo puro, puede tener una casa abandonada, y haríamos una rehabilitación, si los costes entran en nuestro baremos. Eso es lo mejor que podemos hacer por los pueblos de Cantabria. En vez de comprar los terrenos al lado de los núcleos, como se está haciendo ahora, podremos ir a los propios núcleos, al centro. Nunca se han cumplido los plazos legales para la construcción de los solares abandonados. Es un tema muy impopular para los alcaldes, que por su cercanía a los vecinos no se atreven a intervenir en los solares abandonados, pero ahí tendríamos buena parte de la solución al problema de la vivienda.

P.- Aparentemente, este sistema resuelve otros problemas a la vez, ya que mantiene la tipología constructiva tradicional de los pueblos y mejora su aspecto, que hoy en muchos casos es de cierto abandono.
R.- Sí, pero esa es la consecuencia, no el objetivo. El objetivo, lógicamente, es hacer viviendas de protección pública y a precios asequibles. Y un segundo objetivo es ir a una de las causas de la subida de precios e intentar contenerlos.
P.- ¿De verdad se puede contener el precio de la vivienda?
R.– Nosotros no deseamos que continúe. No creo que haya nadie que lo desee, salvo unos pocos que se están aprovechando de ello y que no son, estrictamente, los promotores. Hay una serie de gente que juega con el suelo y crea una presión muy importante sobre los precios que se traslada al precio final.
Nosotros somos partidarios de que los promotores tengan el beneficio de su trabajo y del riesgo que asumen, es decir, el beneficio de su negocio, pero no nos gusta nada que quienes no arriesgan o no aportan su trabajo sean quienes obtengan los mayores beneficios. Hay gente que controla todos los suelos que van saliendo y es complicado evitarlo. Pero si conseguimos hacer viviendas y que no sean muy caras, estoy convencido de que forzaremos una reducción de los precios.

Un censo de suelo público

P.- ¿Están concienciados los ayuntamientos de que deben ceder suelo para viviendas sociales?
R.– Los ayuntamientos están bastante motivados. Además de su obligación legal, la mayor parte está intentando conseguir suelo para construir viviendas sociales.

P.- Pero no es un buen ejemplo para ellos que otra administración, como la del Estado piense utilizar sus propiedades de una forma especulativa con el objeto de obtener dinero para otros fines. Si tenemos en cuenta la precariedad económica municipal, lo más probable es que muchos ayuntamientos traten de convertir este suelo en dinero.
R.– Yo creo que hay conciencia de que los patrimonios regionales de suelo son muy importantes. Y si conseguimos que crezcan de verdad, nos acercaremos a los sistemas anglosajones, como el de Inglaterra, donde los suelos sobre los que se construye no están en manos de la iniciativa privada, sino de la iniciativa pública. Eso sería un factor de compensación extraordinario. Pero España tiene una tradición muy larga en cuanto a la propiedad del suelo y cambiar los hábitos va a ser muy difícil. Hay que ir poco a poco.
Por otra parte, todos los ayuntamientos tienen algo de suelo, antiguas viviendas, suelo de las cesiones (todavía estoy por ver que se construya una vivienda protegida en ellas) y las juntas vecinales tienen algunas propiedades, montes, que en algún caso muy determinado pueden llegar a acercarse a urbanizables… Pero todo eso hay que sistematizarlo. Vamos a empezar a hacer un censo con el todo el suelo municipal. Esto no se hace en tres meses. Con que pudiéramos empezar a actuar en 30 municipios el año que viene me daría por satisfecho. Los demás ya vendrán.

P.- Además de esta bolsa de patrimonio municipal de suelo, la ley exige crear un patrimonio regional. ¿Con qué suelo?
R.- Quizá vayamos a una oferta pública de suelo a particulares. Estamos pensando en la posibilidad de poner anuncios para que los propietarios particulares nos ofrezcan.

P.- El PRC en la campaña electoral se puso como meta construir 8.000 viviendas protegidas en este cuatrienio si gobernaba, un objetivo que a pesar de estos planes, la experiencia histórica dice que es muy difícil de cumplir.
J. M. M.– El objetivo es muy elevado –quizá porque todos los partidos se lanzaron a prometer cosas parecidas– pero no renunciamos a ello, aunque si fuesen 7.500, por supuesto, también tendríamos que darnos por muy satisfechos. El resultado, en cualquier caso, no tiene que medirse únicamente en número de viviendas, sino que esas viviendas lleguen a quienes realmente las necesitan.

P.- ¿Y eso cómo se consigue?
R.- Modificando los criterios de adjudicación. Hay una demanda enorme, pero estoy convencido de que no es una necesidad para todos los que las piden. Muchos las piden porque son de precio muy barato pero deberían ser encuadrados en otro tipo de vivienda superior, como la libre o de precio tasado. Pero es cierto que si estamos poniendo un caramelo delante de todo el mundo, todos lo van a querer, pero no porque lo necesiten realmente.
Me preocupa mucho el sistema actual de adjudicación, porque si bien los sorteos que hacemos son muy asépticos, tienen algo de injusto, por el simple hecho de que se trata a todos por igual y no son todos iguales. No todos tienen la misma necesidad de vivienda.

P.- Bastaría hacer un informe socieconómico de cada solicitante.
J. M. M.– Habría que endurecer un poco los requisitos para participar y hacer un estudio a posteriori de la verdadera situación de los adjudicatarios. Esto no es nuevo, se ha hecho toda la vida, siempre existieron asistentes sociales para estos temas. Pero es cierto que se complica la gestión y la subjetividad siempre tiene un riesgo, pero creo que hay que asumirlo.

P.- Si la empresa pública Gesvican puede hacer casas por 10 millones de pesetas, ¿quiere decir que es posible construir por este precio o que la empresa pública pierde dinero en cada casa que hace?
J. M. M.– El precio está en el límite y en algunos sitios sí que tenemos alguna pérdida, pero hay que tener en cuenta que tenemos suelo gratuito, eliminamos los costes de intermediación y el beneficio de los promotores. Estamos eliminando muchas cosas que no pueden ni deben eliminarse, obviamente, en una iniciativa privada, que debe seguir manteniéndose. Cada uno debe ocupar su espacio.

Un plan regional de vivienda

P.- El incremento de los precios de los módulos de VPO debiera haber hecho más atractivas estas viviendas para los promotores privados, pero lo cierto es que sigue sin conseguirse resultados. ¿A qué precio habría que poner el módulo para que interese construir VPO?
R.- Los precios están muy justos. Dentro del régimen general, donde tenemos bastantes dificultades, probablemente hagamos un plan complementario de viviendas de ámbito autonómico que llene estos huecos del Plan nacional. Por una parte, los ayuntamientos aportarían suelo (ya tienen la obligación legal de disponer de suelo, incluir en sus presupuestos unas partidas para constituir este patrimonio municipal y aprovechar las cesiones de los promotores privados) y, por otra parte, para subir el precio de venta del módulo. Probablemente hagamos un régimen con unos precios diferentes y, al mismo tiempo, combinado con la aportación de suelo.

P.- ¿Tiene competencias la autonomía para fijar el precio final de las viviendas de VPO?
J. M. M.– Tenemos capacidad para ello y, de hecho, hay comunidades que tienen su propio plan. Nosotros pretendemos ponerlo en marcha para el 2004, aunque su verdadera eficacia se vería entre el 2005 y el 2007. El Plan Nacional no está resultando todo lo exitoso que se esperaba y no está cumpliendo uno de los objetivos, que era el de regular los precios del mercado y creo que el Gobierno central es consciente de ello.

P.- ¿Le preocupa que se pueda pinchar la burbuja inmobiliaria?
J. M. M.– Si se produce un cambio de ciclo habrá que asumirlo. Que estalle la burbuja de precios y que se puedan perder patrimonios, creo que no se producirá, porque no se ha producido nunca, pero sí que puede haber una gran crisis del sector de la construcción, que sería peligrosa, porque es uno de los que más aportan al PIB. El mercado de la vivienda quizá pueda contenerse, pero no hundirse. Yo, personalmente, creo que es muy improbable que los precios bajen.

P.- Algunas empresas constructoras se han encontrado con problemas de liquidez como consecuencia del retraso en los pagos de algunas administraciones públicas, sobre todo los ayuntamientos, y del inevitable parón de las obras después de las elecciones.
J. M. M.– Nosotros, por lo menos, no tenemos ningún retraso en los pagos, no debemos nada. En otras consejerías, quizá haya alguno, en algunos expedientes que se están regularizando. Por lo que se refiere al parón, siempre se produce después de unas elecciones, pero en Obras Públicas no lo hemos tenido. Hemos acabado quince o veinte carreteras y en los próximos seis meses arracarán otras tantas. La continuidad en carreteras está garantizada y en puertos, además de las obras ordinarias, están preparándose los proyectos de los puertos deportivos.

P.- ¿Cuál es el objetivo de la reforma de la Comisión Regional de Urbanismo?
J. M. M.– Es consecuencia de la unificación de la CRU y la Comisión de Ordenación del Territorio. La filosofía es la misma que se viene manejando hace tiempo: profesionalizarla y despolitizarla. Todos los colectivos que quieren estar presentes, lo están en el Consejo, que es un órgano consultivo.
P.- ¿Cómo se van a cumplir la veintena de sentencias de demolición que pesan sobre otras tantas urbanizaciones?
J. M. M.– Esta es una materia que ahora pertenece a la Consejería de Presidencia y Urbanismo y no quiero opinar mucho sobre ello, pero creo que habría que tomar alguna medida, aunque sólo fuera ejemplarizante. El cumplir todas las sentencias es prácticamente imposible, pero sí creo que algunas deben tener carácter ejemplarizante, porque todavía hay ayuntamientos que siguen concediendo licencias en los mismos lugares donde se han ordenado derribos. En carreteras hemos tenido algún problema de este tipo, y hemos hecho un par de derribos. Ahora tenemos dos más con sentencia firme de derribo, pero son casas individuales, no urbanizaciones. Pero cada uno de esos casos te cuesta una auténtica lucha y un desgaste de tu personal. Sólo para ejecutar una orden de paralización dictada por un juez tienen que ir con la Guardia Civil. Para nosotros es difícil, pero para un alcalde, que no tiene medios y ha de convivir con el afectado, es casi imposible.

P.- ¿Qué pasará con las viviendas que va a construir Gesvican en Nueva Montaña y cuyo suelo está contaminado?
J. M. M.– Se han eliminado los problemas para el transporte de las tierras y los residuos al vertedero. El movimiento de tierras va un poco lento y no estoy satisfecho, pero vamos a tomar medidas rápidamente y cumpliremos los compromisos con los compradores, incluso en el coste.

P.- ¿Reclamarán al Ayuntamiento el coste de la retirada de tierras contaminadas y su traslado a un vertedero?
J. M. M.– No está descartado que ese coste se repercuta sobre el anterior propietario. Estudiaremos si se presenta una reclamación en este sentido, pero antes hay que conocer los costes que va a suscitar.