Editorial

Esa también es una dualidad sangrante, sobre todo en estos tiempos, aunque tradicionalmente ha quedado al margen de todo tipo de polémicas y cuando se habla de la baja productividad española rara vez se menciona la necesidad de mejorar la del sector público, aunque tenga más peso en el PIB que la industria.

El coste del personal público es inasumible y, a medida que se reducen los presupuestos, mucho más desproporcionado, por ese carácter de factor invariable, de forma que aunque no quedase un euro que administrar ahí seguiría estando el funcionario. Basta ver lo que pasa en muchos ayuntamientos, que crearon desmesurados departamentos de urbanismo pensando que las licencias de obras iban a durar indefinidamente y ahora tienen a los funcionarios mano sobre mano, porque no se tramita ninguna.
En cualquier empresa, alguien tomaría medidas para resolver esa situación insostenible. En una Administración pública ni siquiera es posible trasladar a ese funcionario para que se ocupe de otra tarea, porque entre otras cosas, el trabajador es propietario de una plaza concreta, habría que modificar las relaciones de puestos de trabajo y cuando se pudiesen reencajar las piezas es posible que ya estuviésemos en otro ciclo económico distinto.

Rajoy llegó a Santander con su receta, la de evitar duplicidades y solapamientos entre el Gobierno central, los autonómicos y los ayuntamientos, pero él mismo tuvo una magnífica oportunidad de aplicarla mientras fue ministro de Administraciones Públicas, porque el problema no es nuevo. Mucho antes, Fraga ya había abogado por la Administración Única, una idea que tampoco puso en práctica el PP al llegar al poder. Los organismos públicos no se solapan tanto como parece, pero sí necesitan una liposucción drástica tras una etapa de desmesurado crecimiento y una reingeniería para volver a analizar la lógica de sus procedimientos desde una perspectiva del siglo XXI y no la que emplea, del siglo XIX. Y, desde luego, está pidiendo a gritos un cambio de filosofía. Mientras su obsesión sea producir leyes y ordenanzas, seguiremos en una jungla donde se mueven como peces en el agua algunos expertos que viven del urbanismo, de los pleitos y de las concesiones, mientras el común de la población es mero sujeto paciente de una intrincada red que ni entiende ni le facilita la vida.
Algunas autonomías han empezado a facilitar una factura sombra en la que informan al usuario de los costes que ha tenido el servicio sanitario que recibe. El siguiente paso es que nos digan exactamente lo que cuesta la tramitación de un expediente administrativo o una causa judicial, pero eso no ocurrirá nunca. Descubriríamos, por ejemplo, que si se le imputan todos los costes de estructura, lo más barato en una subvención es el dinero que se entrega y eso da mucho que pensar.