La planta de Meruelo al menos cotizará en Cantabria

Desde que decidió su construcción en 1991, la planta de tratamiento de basuras de Meruelo ha sido un quebradero de cabeza para el Gobierno cántabro. Después de que el Gobierno de Gestión la adjudicase deprisa y corriendo a Dragados y Construcciones, a instancias del entonces consejero de Medio Ambiente, José Luis Gil, Hormaechea paralizó el proyecto. Ni siquiera se reactivó a la vuelta de Gil al cargo, aunque, eso sí, Dragados nunca reclamó los daños y perjuicios causados por la anulación del contrato.
La llamativa paciencia de Dragados tuvo su recompensa cuando, diez años después, el Gobierno de Martínez Sieso –y de nuevo con José Luis Gil como consejero– recuperó el proyecto. Dragados, este vez a través de su filial de servicios urbanos Urbaser, haría la planta, corriendo con el 75% de la inversión, a cambio de una concesión de 35 años, durante los cuales el Gobierno cántabro se comprometía a entregar al menos 600 toneladas de residuos al día y a pagar un canon por tonelada que en estos momentos es de 54 euros. Si se tiene en cuenta que el Gobierno va a cobrar el próximo año a los ayuntamientos 41,18 euros por tonelada, después de varias subidas considerables, es evidente que el negocio resulta ruinoso. Pero la realidad es mucho peor, porque al Gobierno la basura le sale a 95 euros por tonelada. A los 54 de Urbaser hay que sumarle la gestión del vertedero contiguo, al que van a parar todos aquellos residuos que la planta no trata; los gastos que producen las compactadoras comarcales, donde se reduce el volumen de la basura después de su recogida, y el coste del transporte desde estas plantas hasta Meruelo, la única forma de que los ayuntamientos más alejados al vertedero no se vean penalizados.
Urbaser se ha hecho fuerte en los términos de su concesión y no está dispuesta a renunciar a un negocio tan rentable. A su vez, el Gobierno no está en disposición económica de rescatar la planta utilizando una cláusula del contrato que le permite hacerse con la propiedad pagando el precio de los activos.
Como el plazo de 35 años se iniciaba en el momento en que la obra estuviese oficialmente recibida, y eso no ha ocurrido hasta 2008, Urbaser tiene ante sí un larguísimo periodo de explotación y el Ejecutivo cántabro la certeza de que la autonomía acabará pagando en ese tiempo más de 900 millones de euros (unos 150.000 millones de pesetas) por el uso de una instalación que Hormaechea calificaba despectivamente como ‘la máquina de quemar basuras’.
En Cantabria se generan anualmente 270.000 toneladas de residuos sólidos urbanos, una cifra que, por primera vez, empieza a decrecer. Bien sea por la mayor conciencia ciudadana o por el descenso del turismo, aunque probablemente por ambos factores a la vez, en 2008 las basuras que llegaron a Meruelo fueron un 9% menos que el año anterior. No obstante, eso no reduce significativamente la factura del Gobierno, ya que el contrato firmado por sus antecesores le compromete a pagar al menos 600 toneladas diarias, y aunque las entregas bajen de esa cifra –lo que podría ocurrir– tendría que abonarlas igual.

No habrá cambio en el sistema de cálculo

Una de las pretensiones del Ejecutivo en el intento de renegociar el contrato era precisamente el cambiar la base de cálculo, para que el pago dejase de estar vinculado a las toneladas que llegan a la planta y fuese establecido por las que realmente desaparecen en los procesos de selección y tratamiento, es decir por el trabajo realmente contratado a Urbaser. Entendía que, con el sistema actual, la concesionaria puede estar tentada a enviar buena parte de la basura directamente al vertedero –que gestiona el grupo Bolado y que cobra por ello– en lugar de valorizarla como se supone que debe hacer, dado que cobra lo mismo.
Urbaser tampoco ha aceptado esta pretensión del Gobierno, pero sí ha accedido a mejorar los procesos selectivos para reducir el porcentaje de las basuras que se envían al vertedero sin tratar.
Durante las obras de construcción, la consejería dirigida por José Luis Gil estimaba que, una vez en marcha la incineradora, al vertedero apenas llegaría un 10% de las basuras, ya que el papel, el metal y los residuos orgánicos serían recuperados o compostados y otros restos se quemarían, pero la realidad es que el 43% de la basura que llegaba a Meruelo acababa en el vertedero y sólo en el último año, gracias a una selección más depurada, se ha reducido este porcentaje al 37%. Esto significa que aún se depositan 95.000 toneladas al año, por cuya gestión, el Gobierno regional tiene que pagar a otra empresa. A eso se añade el hecho de que la colmatación del vertedero será más rápida de lo previsto, un problema caro y difícil de resolver, si se tienen en cuenta las enormes dificultades que habría que superar para encontrar un nuevo emplazamiento donde construir otro vertedero y la gran infraestructura industrial que lleva aparejada un complejo como el de Meruelo.

El proceso de selección

De las 270.000 toneladas de basura que se envían a este vertedero anualmente, alrededor de 240.000 pasan al llegar allí por un proceso de selección a mano que separa, en primer lugar, los objetos voluminosos, algunos tan insólitos como frigoríficos o motos, que cuesta creer que alguien logre introducir en los contenedores de basuras.
Ese primer proceso retira unas 14.000 toneladas, que se unen a las escorias del horno incinerador (las cenizas no, porque han de ser tratadas por un gestor específico), y juntos van al vertedero sin más trámite. Tampoco tienen mejor aprovechamiento los muy variados materiales que son rechazados en los procesos selectivos que se inician en los trómeles, unos enormes cilindros casi horizontales que giran sobre su eje y, al tiempo que desgarran las bolsas de basura, van desprendiendo las porciones de menor tamaño que iban en su interior, por lo general materia orgánica que se aprovechará para producir compost. Pero las bolsas llevan muchas otras cosas, que pasan por varios procesos posteriores de selección (lo que denominan afino). En ellos se recuperan, sobre todo, los metales, pero entre 50.000 y 60.000 toneladas de otras sustancias acaban en el vertedero.
Allí se hermanan también con 30.000 toneladas de residuos empresariales que pueden asimilarse a urbanos, aunque no lo sean. Los residuos procedentes de las industrias sólo pueden ir a El Mazo, pero éstos se admiten en Meruelo por proceder de empresas agroalimentarias, ser restos de mercados municipales o generados por limpiezas.
Que tanta basura siga acabando en el vertedero sin más tratamiento no parece un resultado satisfactorio para un proceso que resulta tan caro y el Gobierno ha venido quejándose de pagar demasiado por una gestión que apenas resolvía la mitad del problema, ya que, incluso después de ponerse en funcionamiento la incineradora, el 43% de los residuos seguía llegando al vertedero. Urbaser sólo se ha comprometido a reducir este porcentaje mediante algunos cambios en la gestión de la planta.
El primero de los cambios en la gestión ha sido dejar para el invierno –cuando se producen menos basuras– la parada técnica de un mes que necesita hacer la incineradora cada año. Otra iniciativa ha sido la de compactar aquellas que no se pueden tratar en verano, porque en esa época lo que llega excede la capacidad de la incineradora, y utilizar esas balas de basura en invierno, cuando sobra capacidad. Esa práctica también mejora la eficiencia térmica de la planta, que evitará quemar gas para alcanzar los 1.000 grados de temperatura que ha de mantener permanentemente y que no conseguía con la basura de invierno, cargada de humedad.
Con estas y otras mejoras más, Urbaser espera llegar a reducir al 33% la fracción de las basuras que van al vertedero. Pero, incluso en este caso, al vaso de Meruelo sólo le quedaría década y media de vida útil.

Rendimiento fiscal

En realidad, este aumento de la eficiencia no va a rebajar la factura del Gobierno, que seguirá pagando por las toneladas entradas y, en cambio, aumentará los ingresos de Urbaser, ya que también vende la energía eléctrica generada en la planta incineradora, de 8,2 Mw de potencia. El pasado año, Biomeruelo, la empresa que comercializa la electricidad producida al quemar el gas metano capturado en el vertedero –tres veces menos potente, y en la que sí participa el Gobierno– obtuvo un beneficio de un millón de euros, a repartir entre sus accionistas Mare (40%), Ascán (otro 40%) y Sufi (20%).
Con la constitución de la filial de Urbaser para Meruelo, el Ejecutivo regional al menos obtendrá un rendimiento indirecto de Meruelo, por vía fiscal, ya que la sede de Urbaser está en Madrid y el IVA del canon anual que paga a la incineradora se ha devengado hasta ahora en aquella comunidad. La nueva filial que gestiona Meruelo tendrá la sede social en la región y con el futuro sistema de financiación autonómica, Cantabria conseguirá que vuelva a sus arcas alrededor de medio millón de euros al año, el 50% del IVA que el Gobierno paga por los servicios prestados por la planta.
La autonomía también podrá empezar a clarificar los costes que realmente tiene el tratamiento de las basuras, algo que hasta ahora le ha resultado imposible, ya que la planta de Meruelo no sólo estará obligada a presentar sus cuentas independientes del resto del grupo, sino que, por su volumen de facturación y plantilla, también estará sometida a auditorías.